El 28 de junio de 1966, tras concretarse el quinto golpe de Estado en la historia argentina, asumió la presidencia el general retirado Juan Carlos Onganía. Su asunción fue cortejada por empresarios, políticos y gremialistas de la Confederación General del Trabajo (CGT). Se iniciaba una inédita dictadura sin plazos, quOnganíae se propuso modernizar el país, supeditando el “tiempo político” a los objetivos trazados para el “tiempo económico”.
El gobierno no contaba con militares activos en funciones ejecutivas. Estos pretendían erigirse como garantes de la gobernabilidad sin involucrarse directamente, evitando la politización interna. Las nuevas autoridades estaban regidas por el Estatuto de la “Revolución Argentina”, que concedía preeminencia a la Junta Revolucionaria e insistía sobre el rol decisivo de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue clausurado el Congreso, resultando anulada la representación parlamentaria y, como nunca antes en el país, el Ejecutivo concentró la designación de gobernadores y jueces en la Corte Suprema.
La coalición golpista se articuló en torno a la “amenaza comunista”. Desde la gran burguesía se criticaba la pasividad de Arturo Illia ante la “infiltración comunista” que, juzgaban, era especialmente fuerte en el ámbito universitario. Pese a esto, existen fuertes continuidades entre la experiencia dictatorial y la etapa democrática precedente en lo relativo al combate al comunismo.
Este análisis era difundido desde varios medios de comunicación, coincidiendo la Iglesia Católica, el neoperonismo y gran parte de la CGT, además de la fracción alineada directamente con Juan Domingo Perón y su esposa, María Estela Martínez, como muestra el caso del diputado nacional Carlos Cattonaro, quien criticó la “infiltración comunista” que invadía y pervertía las universidades, señalando la autonomía como uno de los factores que facilitaban su propagación. Su colega Isaías Nougués, durante la interpelación del ministro del Interior Juan Palmero, afirmó: “Las universidades son verdaderos reductos comunistas”. La asociación entre Reforma Universitaria y comunismo por parte de los antirreformistas se reiteraba periódicamente desde 1918. Sin embargo, durante los años 60 y 70, diversas tradiciones elitistas y católicas se enrolaron con mayor ímpetu en las coordenadas ideológicas de la Guerra Fría.
Un ejemplo es el de Azul y Blanco, semanario del nacionalismo de derecha, donde Fubita, un personaje de historieta, expresaba el mentado caos moral de la UBA: tiene “costumbres y consumos culturales liberales y ‘modernos’ (en vez de concentrarse en sus estudios, se psicoanaliza, frecuenta el Di Tella, participa de happenings, lee autores marxistas, milita en el Partido Comunista, participa de atentados violentos y, sobre todo, tiene una visión banal de la política)”.
Los reformistas se encontraban en alerta frente a estas campañas. Por eso, cuando se produjo la asonada del 28 de junio, uno de los motivos para su repudio fue la ya rumoreada intervención universitaria.
Para mediados del siglo pasado, los estudiantes argentinos, como los de otras latitudes, eran cada vez más numerosos. Sin embargo, su peso demográfico no debería exagerarse. En 1966 Argentina contaba aproximadamente con 25 millones de habitantes y las universidades agrupaban 250 mil alumnos, es decir un 1%.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), asentada en una región metropolitana donde convivían más de diez millones de personas, sumaba 65.328 alumnos.
La mitad cursaba en las facultades de Medicina, Derecho y Económicas, menos politizadas que Filosofía y Letras y Ciencias Exactas y Naturales, las cuales reunían en comparación pocos estudiantes. Por ello coincidimos con Sebastián Carassai cuando afirma que “hubo estudiantes que desearon una universidad menos vinculada con fuerzas extrauniversitarias, […] menos revolucionaria, y formadora de profesionales y hombres públicos más que vanguardia del cambio”. Es decir, la militancia estudiantil comprendía a una minoría, allende las adhesiones conquistadas al calor del proceso de radicalización. (…)
Para la dictadura, la UBA constituía un “nido de comunistas” y los militantes personificaban un “peligro” que era preciso conjurar. Por ello, la Subsecretaría de Educación fue confiada al abogado católico y profesor de la Facultad de Derecho Carlos María Gelly y Obes y encuadrada en el Ministerio del Interior, presidido por el cursillista cordobés Enrique Martínez Paz.
El viernes 29 de julio de 1966 tuvo lugar la intervención universitaria. Mediante el Decreto-Ley 16.912, los rectores y decanos pasaron a considerarse administradores dependientes del Poder Ejecutivo, quedando anulados la autonomía, el cogobierno y sus respectivos organismos (Asamblea Universitaria, Consejo Superior y Consejo Directivo).
*/**Autores de Resistencia, rebelión y contrarrevolución, Edhasa. (Fragmento).
