En 1878, el comodoro Luis Py encabezó una de sus principales expediciones, ordenada por el presidente Avellaneda. Tenía en sus manos la responsabilidad de garantizar la soberanía en aguas patagónicas, nada más ni nada menos que en Santa Cruz. Uno de los tres buques utilizados para aquella hazaña marítima, casi como una ironía del destino, se llamaba Constitución. Luis Py tuvo total éxito en aquella tarea en aguas tormentosas. Así fue como, meses después de embarcarse, el pabellón nacional fue izado en aquella tierra inhóspita. La historia naval lo recuerda así: “El honor y la soberanía nacional quedaban asegurados. La Patagonia era, a partir de ese momento, efectivamente argentina”.
Lo que nunca imaginó aquel comodoro era que su nombre iba a trascender no por esa proeza, y que quedaría ligado a hechos de corrupción, a violaciones constitucionales, a aspectos completamente alejados del honor que él supo representar.
Su nombre fue colocado a la avenida sobre la que se emplaza el edificio que alberga a los doce jueces federales que tienen a su cargo los delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. La palabra hazaña todavía podría asociarse, pero a unos pocos. También la capacidad de algunos jueces de surfear, con esmero y dedicación, las olas del maremoto político. Quizás tampoco es tan ajena la idea de aquel buque llamado Constitución, que intentó no naufragar en las aguas más turbulentas.
¿Qué es Comodoro Py? El primer impacto es visual.
Un edificio que se impone sin pretenderlo. Es inevitable, son nueve pisos que sobresalen frente a las pocas edificaciones de la avenida. Una gran escalinata dirige a su puerta de acceso. Cuatro ascensores a mano derecha son la opción a las escaleras signadas por el paso de los años, para recorrer aquellas instalaciones que se convirtieron en referencia de poca
credibilidad para algunos, de hazañas heroicas para otros.
A pesar de los ventanales de cada piso, algunos con una agradable vista al río, a pesar de que en su diseño prima el ingreso de luz natural, la oscuridad impera en cada rincón.
El poder transitó por aquellos pasillos: políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios en ejercicio del cargo y no, expresidentes, sin excepción alguna, todos ellos conocieron más de un despacho de Comodoro Py.
Pero ¿qué representa Comodoro Py más allá de esa edificación imponente?
La polifonía de voces nos ayuda a comprender. Miguel Wiñazki reflexiona sobre este punto: “En Comodoro Py habita el poder. Precisamente, la más alta encrucijada entre capitostes de los gobiernos (muchos de ellos encubiertos) y los jueces más paradigmáticos, por lo virtuoso en algunos casos y por lo nefasto en muchos otros. Es un emblema de la plasticidad para acomodarse a los aires de la política”. La división de poderes, base sobre la que se construye un sistema republicano, parece naufragar y esta vez no da la sensación de que el Comodoro Py en su buque Constitución pueda venir a garantizar la honorabilidad.
Aquel edificio representa más. Comodoro Py investiga el poder. Comodoro Py ejerce ese poder. Comodoro Py es poder.
Carlos Pagni, uno de los más importantes columnistas políticos del país, considera que los tribunales federales, sobre todo los penales, de la Capital Federal, son “la frontera más activa de la Justicia con la política. Allí se juzgan los delitos federales. Pero, sobre todo, se juzgan los hechos de corrupción de los funcionarios nacionales. Los jueces que ejercen esa función han sido seleccionados con criterios políticos, en especial en la década del 90. Dedican más tiempo a tratar con políticos y periodistas que a tratar con colegas de la Justicia. Se podría casi redefinir diciendo que Comodoro Py es el lugar del Estado donde la Justicia se superpone con la política. En un país con mucha corrupción, es lógico que la política se judicialice. Y, en consecuencia, que la Justicia se politice. Es el caso de Comodoro Py, el área de la Justicia en el que se registra el mayor grado de politización”.
Es difícil escindir la institución de quienes la integran. Las generalidades no ayudan porque no todas aquellas personas que integran el fuero pueden ser señalados bajo los conceptos más globales que se usan para describir los Tribunales de Retiro. Siempre hay excepciones, pero cuando se busca construir una referencia, resulta inevitable para muchos ver a Comodoro Py como “la representación de una justicia que no es justa, que riega la sensación ante la sociedad de que nada ocurrirá”. Hugo Alconada Mon, periodista e investigador, suma su visión y desde allí expresa que ese edificio “es la punta de un iceberg más amplio y profundo sobre los vínculos opacos entre el poder político-y de manera más amplia, la clase dirigente, incluyendo a empresarios, sindicalistas, periodistas y otros- y el Poder Judicial de este país”. También marca una línea divisoria y entiende que allí trabajan “algunos de los mejores fiscales y jueces de la Argentina, entremezclados con algunos de los más politizados o, incluso, grotescos”.
Pensar en un conjunto de jueces que ocuparon alguno de los doce sillones de Comodoro Py nos permite avanzar en esta reflexión, en esta pregunta sobre lo que aquel edificio representa. Antes de ser identificado con el nombre de Luis Py, los tribunales federales eran seis y funcionaban en el Palacio de la calle Talcahuano. Eran otros tiempos, otras voces, otros ámbitos. Esos sillones, destinados a unos pocos, pertenecían a una formación por demás conservadora. Con un profundo secretismo, aquellos despachos eran lugares de un temor reverencial, a los que solo se ingresaba con el saco puesto y la corbata bien acomodada. En la actualidad son varios los jueces en ejercicio que coinciden que en aquella época “había poco para hacer, no eran habituales las denuncias contra funcionarios”.
El cambio de paradigma se produjo en la década de los noventa, cuando Carlos Menem decidió duplicar la cantidad de jueces. Aquella decisión venía bajo el paraguas del concepto de democratización de la justicia, junto con las modificaciones al Código Procesal Penal. La verdad era otra, la política había trazado otro camino para dirimir sus problemas: la Justicia. “El Yomagate fue un punto de quiebre. Fue donde la política entendió que podía resolver sus problemas comprando jueces y estos, a su vez, verse beneficiados en lo personal”, sostiene el fiscal Federico Delgado. En ese punto hace una distinción: “Separemos a las personas del dispositivo institucional”, pero entiende que desde aquel suceso lo que devuelven aquellos Tribunales es la idea de una estructura “que es funcional a una forma en la que se cimentó el poder político”.
Esa lectura de los hechos se alimenta con la voz del periodista Claudio Savoia, especializado en temas judiciales, quien sostiene que “la connivencia diaria y tóxica entre los jueces federales y los servicios de inteligencia comenzó en los años 90, cuando Carlos Menem diseño el fuero federal porteño tal como lo conocemos hoy y a través de su ministro de Interior, Carlos Corach, fue colonizando los doce asientos de la instrucción. Varios de aquellos jueces venían de la política, y a otros les hicieron entender rápidamente que debían sus cargos a la política que los había designado”. Alconada Mon, en un análisis cronológico de los hechos, se para en el mismo tiempo y espacio: “Fue algo paulatino. Y creo que comenzó a gestarse en los inicios de la presidencia de Carlos Menem, cuando avanzó contra el Procurador General, amplió la Corte Suprema, desarticuló o debilitó organismos de control como la Sigen, la AGN y la FNIA, y se lanzó de lleno a rearmar a su gusto y conveniencia los tribunales federales de Comodoro Py, con el apoyo de la SIDE”.
Aquel pudo haber sido el punto de partida, pero los gobiernos que continuaron entendieron (y explotaron) aquel mecanismo. “La justicia infiltrada en la política no es algo novedoso, tiene mucha historia ese comportamiento”. El problema bajo ese análisis es que “la calidad democrática es la autonomía del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, entiende Wiñazki. De ese concepto se desprende una suerte de teorema que esgrime el filósofo: “Cuantos más jueces haya cercanos al poder político, mayor injusticia y menos calidad democrática”.
Sumamos otro concepto: hay una relación dialéctica entre la justicia y el poder político. Un salvoconducto que se retroalimenta, que entra en tensión circunstancialmente pero que después se encausa para volver a darle continuidad a ese mecanismo corrido de sus jurisdicciones. “La justicia está para garantizar la impunidad que pretenden los políticos, y a cambio los jueces se garantizan la inmunidad”, reflexiona el fiscal Delgado. Añade: “Estamos ante instituciones expropiadas, que cumplen un rol diferente al que dice la Constitución”. Esta idea es compartida con Wiñazki, que sostiene que el problema, entre otros, radica en que las instituciones “se corrieron de sus límites, de sus jurisdicciones, la política queriendo colonizar la justicia, y esta respondiendo al interés del Poder Ejecutivo”. En este conjunto de ideas, vuelven a dialogar sobre una necesidad imperante: la calidad democrática. “Dónde está el límite. Ahí hay que mantener esa territorialidad que no se debería perder, este tipo de fronteras borrosas en la jurisdicción de estos dos poderes hace que tengamos una democracia frágil y no muy desarrollada en el cumplimiento de la ley”.
Vamos a profundizar en este último concepto: el sistema democrático no queda indemne del juego de poder entre el poder judicial (no todo) y el poder ejecutivo (no todo).
Al analizar la consecuencia inmediata de ese tango que bailan de a dos y en el que, según los acontecimientos, uno le marca el ritmo al otro, Andrea Castagnola, investigadora del Centre for Law and Social Transformation (Noruega) y docente de la Universidad Torcuato Di Tella, donde es titular de la cátedra Política y Justicia, considera que “la falta de independencia de los poderes nunca contribuye al fortalecimiento de la democracia. Con un Poder Judicial de esta naturaleza en una democracia en permanente construcción, nos encontramos ante un camino minado. Esta relación obscena que mantienen la justicia y la política erosiona la confianza, la credibilidad”.
En su rol de investigadora de estas dos partes de una misma ecuación, Castagnola realiza una particular distinción. Entiende que el Poder Judicial es un actor político: “No implica que sea político-partidario, pero resuelve qué es constitucional y qué no lo es; entonces, indiscutiblemente es un actor político. El problema radica en la partidización de la justicia”. En este punto nos detenemos y pensamos en María Servini, una jueza con competencia electoral a la que todos los partidos políticos necesitan. “Es un actor político sin lugar a duda”, asegura la investigadora. Pero el problema se presenta en esta simbiosis a la que muchos califican de obscena, que conduce a que ciertos despachos sean lugares desde donde se toman decisiones políticas ajustando, para ello, el Código Penal a esos intereses. “Hay que entender, además, que la justicia federal resuelve cosas vinculadas al Estado y ahí empieza el juego de intereses”, señala Castagnola.
¿Por qué el poder político le presta tanta atención a Comodoro Py? Carlos Pagni tiene una explicación que se basa en tres razones: “La primera puede ser ideológica: hay una corriente muy activa, antiliberal, que no aprecia la división de poderes. A esa corriente le interesa la Justicia como objeto de sometimiento, de subordinación. Dicho de otra manera: a los poderes autoritarios les interesa dominar a la Justicia para utilizarla como herramienta de persecución de los adversarios o de quienes ejercen algún poder de crítica. Otra razón es moral: existe un deseo de controlar a la Justicia para obtener impunidad. Un tercer motivo tiene que ver con el sistema político. En tiempos en que las fuerzas políticas no están equilibradas, los dirigentes buscan llevar la pelea a los tribunales”.
¿Fue solo el gobierno menemista el punto de inflexión? En su libro La trampa de la manipulación judicial, la investigadora invita a retroceder en el tiempo y posicionarnos en la acordada sobre el reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación de José Uriburu. Se firmó el 10 de septiembre de 1930 y lo que se dejó plasmado en aquel documento fue el aval de un gobierno que no era constitucional. “Uriburu asume la presidencia y le manda una carta a la Corte Suprema de Justicia anunciando que asumía el cargo. Era inconstitucional, todos los sabían, pero aquel Máximo Tribunal firmó la acordada convalidando aquel acto. Fue la primera estocada de la política a la justicia, y esta accedió. Por eso la reforma de 1994 introduce una aclaración: que ningún gobierno que llegue de forma inconstitucional será convalidado”, reflexionó.
Con 27 años recorriendo los pasillos de la justicia federal, la periodista Vanesa Petrillo elige también como punto de inflexión la década de los noventa, cuando Carlos Menem duplicó los juzgados federales y creó los Tribunales Orales. Eso obligó al traslado de los juzgados al edificio de Comodoro Py: “Antes de eso, no existía como noticia, pero el fuero se politizó y comenzó una etapa en la que el periodismo empezó a interesarse por lo que pasaba allí”. Ante la consulta de por qué se reconstruyó el sistema judicial, la respuesta va en consonancia con lo ya planteado: “La política necesitaba un fuero para resolver sus problemas y, a la vez, un lugar desde donde responsabilizar a sus enemigos”.
Se suma otra mirada sobre esta misma situación, la del periodista también especializado en temas judiciales Martín Angulo. “Comodoro Py es sinónimo de una relación espuria, de connivencia, de una relación entre la política y la justicia”. Y aunque distingue, como los demás, que eso no incluye a todos los funcionarios judiciales, “ese concepto termina arrastrando la imagen de la institución”. De este análisis se desprende otra idea: “Lo más escandaloso es el manejo de los tiempos y las decisiones judiciales postergadas en función de los intereses que están en juego”.
Otra pieza se agrega al rompecabezas: el tiempo como herramienta de poder. Hugo Alconada Mon entiende que el interés de la política sobre el fuero que los debe investigar responde a múltiples motivos. “Entre otros, porque durante las últimas décadas se exacerbó la ‘judicialización de la política’. Es decir, un intento por proseguir en tribunales lo que no es posible obtener a través de los carriles institucionales normales. Ya sea desde el desplazamiento de un funcionario o hasta una reformulación del diseño organizacional de este país hasta el reparto de partidas presupuestarias. Así es como el Poder Judicial termina definiendo si un funcionario se va por corrupto-porque el Poder Ejecutivo no ‘entrega’ a sus funcionarios, salvo que sean procesados- o dirime si es constitucional una reforma del Consejo de la Magistratura o si el reparto de la coparticipación federal es válido o debe ser reformulada”. Todo esto, claro, no desconoce otra razón insoslayable. “A la política le importa la Justicia porque jueces y fiscales a menudo definen su libertad y patrimonio. No son pocos los políticos-de todos los gobiernos- obsesionados con garantizarse su impunidad”.
Entra en juego algo que los jueces federales manejan como muy pocos: el tiempo. Andrea Castagnola, al analizar este cuestionado binomio, considera que los titulares de los doce sillones “tienen una cintura política de la que otros funcionarios judiciales carecen. Saben administrar muy bien los tiempos como método de supervivencia. Para permanecer en el cargo, regulan los expedientes para preservarse. Si estás ahí y no sos pillo, no durás. Por eso hay una jueza como Servini sentada desde los 90 en su sillón”. ¿Las sentencias judiciales se convierten en una carta de negociación? La investigadora sostiene que sí, que las estadísticas indican que un exfuncionario tiene más probabilidades de ser enjuiciado que cuando está en el ejercicio del cargo: “Eso es manejo del tiempo”. Eso despierta el particular interés de la dirigencia política sobre un fuero que se desarrolla en Comodoro Py. “Es ahí donde se abordan los delitos contra el Estado, el fuero federal penal y económico, porque eso incluye a quienes son poderosos económicamente igual. Entonces, un funcionario sabe que tarde o temprano va a tener que pasar por ese edificio”, agrega la investigadora y docente de la Universidad Di Tella.
En ese juego de intereses, aquel emblemático edificio, que poco honor le hace a la proeza marítima de Luis Py, se convirtió en un termómetro del clima político. “Estamos frente a un sistema judicial pegado al poder político, que puede estirarse para alejarse un poco en algún momento, pero después vuelven a juntarse”, reflexiona Castagnola. Expone otra cifra para sostener su planteo: “Los números indican que una causa de corrupción bien investigada demanda entre cinco a seis años. Por eso un caso que lleva más de diez años es sospechoso, y uno que se cierra en un año es igual de sospechoso”. Ahí, nuevamente, la Justicia protagonizando el juego más temido por algunos: el tiempo.
Un dato alimenta ese concepto. El informe de auditoría realizado por el Consejo de la Magistratura sobre los juzgados federales porteños registró que de los 1.151 expedientes terminados entre 1996 y 2016, solo el 8 % contó con procesamientos y su correspondiente elevación a juicio oral. Esto es, apenas 92 expedientes. Hugo Alconada Mon nos recuerda un término que instaló el entonces ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, “cronoterapia”. “Es decir, el uso y abuso del paso de tiempo como una herramienta judicial más. También se debe a todos los vericuetos, trucos, chicanas y componendas que ofrece el Código Procesal Penal, con sus herramientas recursivas que le permiten a los fiscales y defensas dilatar la instrucción penal casi hasta el infinito”.
Pero por fuera de aquella máxima que versa que “hecha la ley, hecha la trampa”, se suma-a criterio del periodista otro aspecto que no debemos olvidar: “Las ‘oportunidades’ que ofrecen algunas investigaciones penales ‘sensibles’ a los jueces y fiscales para negociar contratos para sus familias, recursos materiales o personal para sus oficinas, ascensos para ellos mismos o, de manera más brutal, para enriquecerse”. Otra pieza para nuestro rompecabezas. “Eso explica -continúa el periodista- que no pocos magistrados califican de ‘rehenes’ a los imputados importantes -por ejemplo, un jefe de Estado o ministro o gran empresario- en las causas que tramitan”. Entonces, la administración del tiempo cobra otro valor, algo que ya planteó el fiscal Delgado: la búsqueda del beneficio personal de quien debe impartir justicia.
Este binomio complejo que conforman la justicia y la política partidaria suma su costado más oscuro: los servicios de inteligencia. El periodista Tato Young reflexiona al respecto. A su criterio, el personaje que le dio origen a esa intervención fue Hugo Anzorreguy, responsable de la Secretaría de Inteligencia durante la época menemista. “Fue el padre de la criatura. Entendió que se podía corromper a los jueces, que se los podía comprar. Con él entran los servicios como una herramienta que se va consolidando, primero con delegados suyos en el edificio, después con presupuesto para determinados trabajos”. El mecanismo fue diseñado para que la SIDE operara como auxiliar de la justicia en casos, sobre todo, de terrorismo. El fiscal Delgado suma otro dato a ese análisis: “Con el caso AMIA el poder político decide subordinar la justicia a los servicios. Se construyeron esos vasos comunicantes, algo al margen de la ley que se institucionalizó y eso fue la base para tantas causas armadas”.
Claudio Savoia, quien como periodista se dedicó a investigar a los servicios de inteligencia, coincide y sostiene que, sobre ese suelo fértil creado durante la década de los noventa, “los servicios irrumpieron de dos modos: a través de dinero proveniente de los fondos reservados de la SIDE para pagar cuestiones operativas, pero también ‘sobresueldos’ y gratificaciones”. Ahí se posiciona en un momento clave: el “nacimiento de la relación ilegal entre jueces y espías fue el atentado a la embajada de Israel en 1992, y sobre todo el ataque a la AMIA, en 1994. La SIDE fue designada como auxiliar de la justicia para investigar ese atentado terrorista, y es entonces cuando dan un salto cualitativo de poder Antonio ‘Jaime’ Stiuso, Fernando Pocino, Alejandro Pfinnen y otros agentes que se hicieron famosos. Los jueces se apoyaron en ellos para investigar a los terroristas internacionales y su conexión local. Luego los utilizaron también para perseguir a narcotraficantes-a quienes se buscaba con ayuda de las fuerzas federales y sus unidades de inteligencia- y por último se los requería para cualquier cosa”. Las jurisdicciones eran difusas, lo fueron por mucho tiempo.
Así el binomio se convirtió en una tríada. A esa relación Savoia le aplica una figura del Código Penal: “Es la asociación ilícita más poderosa y permanente desde la recuperación democrática. Bajo la cobertura de la ley, los espías, los políticos y los jueces actuaron juntos o en contra -jueces y espías contra políticos, espías y políticos contra jueces- para tenderse trampas políticas, organizar operativos truchos contra algún adversario, o para crear alguna acción ‘exitosa’ de la que los políticos luego pudieran jactarse, para perseguir enemigos, pero sobre todo… para enriquecerse. Personalmente o para pagar campañas políticas y operaciones ilegales”.
☛ Título: Poderosos
☛ Autoras: Lucía Salinas y Lourdes Marchese
☛ Editorial: Galerna
Datos de las autoras
Lucía Salinas nació en Río Gallegos y es licenciada en Comunicación Social con orientación en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata. Es redactora del diario Clarín y columnista del programa “Solo una vuelta más”, de TN.
Lourdes Marchese nació en Bahía Blanca, donde se recibió de periodista en el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social y es abogada por la UBA. Es coconductora de Expediente X en Radio con Vos.
