En junio de este 2020, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y ahora espera ser sancionado en el Congreso. Se trata de un acuerdo histórico en derechos ambientales y humanos para la región.
Se trata del único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales realizado por los países de América Latina y el Caribe (LAC), y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
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Es un acuerdo regional porque involucra a países de una región determinada —en este caso a los 33 países que integran América Latina y el Caribe—, o aquellos que finalmente lo ratifiquen, que nunca podrán ser menos que 11 para que pueda entrar en vigencia. Al ser un tratado, además, cuenta con un carácter vinculante, es decir que sus disposiciones como así también aquellas que emitan los órganos previstos en el acuerdo (Conferencia de las Partes y Comité de Aplicación y Cumplimiento) son obligatorias para los países que lo adopten.
A la fecha, 8 de julio, para que entre en vigor, lo ratificaron nueve de once países necesarios —Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay—. Lo que lleva a preguntarnos: ¿Argentina será uno de los once protagonistas que iniciarán esta nueva era de justicia socioambiental?
Este martes 7, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, en una entrevista realizada por Eco House, declaró que “confía en que Argentina ratificará el acuerdo, ya que hay consenso en los grandes frentes (Juntos por el Cambio y Frente de Todxs)”, pero instó a que los ciudadanos “se movilicen, exijan y apuren al Congreso” para llegar al lugar indicado.
Cuando hablamos sobre el Acuerdo de Escazú, nos referimos a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y la justicia en temas ambientales. Es decir, los derechos fundamentales —que cada ser humano tiene— a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de la justicia frente a la defensa de los derechos humanos.
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El pacto establece estándares que cada Estado debe adoptar, mínimamente, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Como la implementación de medidas orientadas a mejorar su institucionalidad; la incorporación de mecanismos transparentes para gestionar la información; la optimización de los procedimientos en la toma de decisiones —incorpora enfoques interculturales y de género—; y el empoderamiento de la justicia para la prevención y atención de los derechos socioambientales.
Lamentablemente, LAC ocupa el primer lugar en todos los niveles de riesgo para las personas que desean proteger el ambiente —según la ONG Global Witness, solo en 2018 fueron asesinados más de 80 líderes socioambientales.
El proyecto periodístico “Tierra de Resistentes”, que reunió a más de 35 periodistas respetados de siete países latinoamericanos, investigó la situación de los defensores ambientales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, y encontró al menos 1.356 ataques y episodios de violencia entre 2009 y 2018.
Para colmo, del total de ataques (que incluyen muchos asesinatos), el 56% pertenece a alguna minoría étnica —p. ej. pueblos originarios—, y solo el 3,68% fueron condenados legalmente —demostrando que la administración de la justicia registra una gran deuda pendiente.
Por lo tanto, ya es momento de hacer algo. Y Argentina debe ocupar un lugar de liderazgo.
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