En la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, con 213 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de "Ley Yolanda", una iniciativa que tiene por objetivo garantizar la formación integral en materia de desarrollo sostenible y ambiente a personas de todos los niveles y jerarquías que se desempeñen en la función pública.
Se trata de un proyecto unificado presentado por Gladys González, senadora de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires, y Gladys González, senadora de San Luis por el Frente de Todos, que obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado el pasado 8 de octubre, por lo que hoy se convirtió en ley.
¿Por qué se llama Ley Yolanda?
El proyecto lleva el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera persona en que lideró la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina. Yolanda nació Nacida en la Provincia de Tucumán, y durante su juventud se mudó a Buenos Aires con su familia. Estudió Química en la Universidad de Buenos Aires y continuó su formación en Francia y Estados Unidos, especializándose en áreas como la contaminación y toxicología industrial. En 1973, el Presidente Juan Domingo Perón creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y nombró a Yolanda como Secretaria, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer este tipo de cargo en América Latina y la única mujer en el gabinete de ese gobierno. Durante su gestión, Yolanda se destacó por incorporar la perspectiva ambiental en los sectores industriales y productivos, por ejemplo, prohibiendo la habilitación de las empresas que no declaraban cómo se harían cargo de sus desechos. Asimismo, Yolanda durante su tiempo en la Secretaría, trabajó junto con el Ministerio de Educación, ya que consideraba que la educación representaba el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo.
¿De qué se trata la Ley?
En su artículo primero establece como objeto "garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública". En este marco, define lineamientos generales que marcan el contenido mínimo de la currícula a dictar, abordando temas como cambio climático, protección de la biodiversidad, energías renovables, economía circular, desarrollo sostenible y la normativa ambiental vigente. Además, dispone que tanto la comunidad científica como organizaciones de la sociedad civil participarán en el armado de la currícula y podrán plantear más temas a ser abordados en las instancias de capacitación para funcionarios.
También establece que la capacitación es obligatoria y prevé una sanción disciplinaria a quienes no den cumplimiento a lo establecido. En este sentido, la autoridad de aplicación deberá difundir en su página web el grado de cumplimiento de las respectivas disposiciones.
Diversas organizaciones socioambientales que han pensando, acompañado e impulsado el proyecto celebran la sanción de esta Ley, ya que consideran fundamental que funcionarios y funcionarias de todos los niveles y jerarquías se capaciten en materia ambiental, para que sus decisiones, iniciativas y proyectos cuenten con una visión de desarrollo sostenible que contemple lo social, lo económico y lo ambiental. Además, señalan la importancia de que se contemple en su texto la participación ciudadana y de la comunidad científica para la definición y ampliación de los lineamientos generales de las capacitaciones.
"Si los/as funcionarios/as y políticos/as desconocen por qué les tiene que interesar el ambiente, es difícil que hagan algo al respecto. Esta ley no es una ley más, sino una de las piedras fundacionales del cambio. No estamos inventando nada si decimos que la educación es la herramienta más poderosa para mejorar el mundo", expresó Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global y Youth Líder de las Naciones Unidas.
Tomando en cuenta que en Argentina todavía se deben grandes debates en materia ambiental como la sanción de una Ley de Humedales, la correcta implementación de la Ley de Bosques y, por supuesto, la sanción de una Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley Yolanda puede ser tomada como un punto de partida para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras.
AG/FF
