En el contexto de la pandemia que atravesó gran parte del 2020, la gravísima problemática de la pesca ilegal en diversas costas de la región se acentuó con el correr de los meses.
Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron en los últimos meses la presencia de cientos de buques y barcos, que expandieron su actividad industrial en la región incumpliendo todo tipo de normas y arrasando con el ecosistema marino.
Medidas en abril
En abril pasado, a raíz de las denuncias radicadas sobre la existencia de actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la "Zona Económica Exclusiva Argentina" (ZEEA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo por aquel entonces fue el de reforzar el control y el patrullaje en el mar Argentino tomando en cuenta que las acciones denunciadas "no sólo son depredatorias de los recursos naturales nacionales sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores del sector". Pero las denuncias siguieron.
Depredación silenciosa
Según afirma el informe de Greenpeace "The Wild West Atlantic Report" (2019), el Atlántico Sur Occidental, zona de aguas internacionales también conocida como el "Agujero Azul", tiene un rol ecológico central dentro de los océanos globales: proporciona importantes áreas para el desove y alimentación de mamíferos marinos y aves, a la vez que es el hogar de importantes especies comerciales. El área también es un lugar de alimentación para especies clave, como la ballena franca austral y otras cuyo estado de conservación es vulnerable.
Sin embargo, la zona en cuestión sufre de un vacío legal: actualmente, la única organización regional de relevancia para la gestión pesquera que allí opera es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT) que sólo se ocupa de la pesca dirigida al atún y especies afines. Por lo que otras actividades enfocadas en especies como calamares, merluza o merluza negra no están cubiertas por un organismo internacional.
A mediados del 2020, se alertó sobre la presencia de una flota de entre 350 y 400 buques pesqueros en la región. En su mayoría, se trata de barcos de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo. Suelen ser tangoneros (únicamente dedicados a la pesca de calamar) y de arrastre (pesca con red), y se instalan en las zonas elegidas por períodos superiores a un año.
Un dato alarmante sobre el trayecto de la flota que desde el pasado julio ha recorrido las costas de Ecuador, Colombia, Perú y Chile es que se mantuvo por aproximadamente dos meses en el límite de las áreas marinas protegidas del Parque Nacional Galápagos, depredando gran parte de su biodiversidad marina y poniendo en peligro este lugar único en el mundo. Tomando en cuenta que sobre finales del año varios de los buques pertenecientes a esta flota cruzaron el estrecho de Magallanes con dirección al océano Atlántico, todo indicaría que el mar Argentino correría la misma suerte.
