La Cámara de Diputados dio esta semana un simbólico paso hacia el reconocimiento de derechos del colectivo travesti trans con la media sanción que se le dio a una ley que establece un cupo laboral del 1% en todas las estructuras del Estado. También supone incentivos para aquellas empresas del sector privado que avancen con las contrataciones.
La iniciativa que lleva el nombre de las militantes históricas Diana Sacayán y Lohana Berkins se viene impulsando desde hace años a nivel de las organizaciones sociales y a partir de la unificación de unos 15 textos con distintas propuestas, se logró llevar al recinto de la Cámara baja para dar media sanción.
El tablero de la votación final mostró un amplio consenso que se reflejó en 207 votos a favor contra solo 11 en contra y otras 7 abstenciones, estos dos últimos grupos integrados en su mayoría por legisladores del PRO.
“Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo”, señaló durante la sesión la diputada del Frente de Todos Mónica Macha, una de las referentes del feminismo en la Cámara de Diputados que precisamente es autora de uno de los proyectos que se unificaron para el texto final.
El proyecto prevé la inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigente. Esto abarca los tres poderes del Estado, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado.
La media sanción fue interpretada como un gran avance para una comunidad que históricamente tiene menores oportunidades laborales, con imposibilidad casi total de llegar a puestos de mando y la contracara de la alternativa como la prostitución, la trata o el narcotráfico.
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“El propósito es que lxs travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados”, señaló la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez, otra de las responsables de la letra del texto definitivo.
Para facilitar el acceso al empleo formal, el proyecto indica que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo” y define que se entiende “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
El Congreso tiene pendiente otra iniciativa que se viene trabajando hace tiempo que es la Ley de Reparación Histórica para las personas trans de más de 40 años. Así lo recordó la diputada porteña Mara Brawer, quien fijó la mirada en un colectivo cuyos integrantes “tienen su salud dañada, un pronóstico de vida corto y que ni con esta ley van a alcanzar un trabajo”, lamentó.
Aprobaron la equidad en medios
En la misma sesión parlamentaria, se dio media sanción a otro proyecto para promover la equidad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado nacional, en cualquiera de sus plataformas.
La autoría del proyecto, que tuvo aprobación por unanimidad en el Senado el 8 de octubre pasado, está firmada por la senadora Norma Durango (Frente de Todos), e impulsada y respaldada por el colectivo Periodistas Argentinas, que nuclea a más de 170 profesionales que se desempeñan en proyectos periodísticos en todo el país.
Con respecto al ámbito privado promueve una serie de iniciativas como los procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual, implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria, acciones para apoyar la distribución de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.
También apunta a la instalación de lactarios y centros de cuidado infantil en las empresas, la promoción del lenguaje inclusivo y el protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género. Con el cumplimiento de cuatro de los siete requisitos se definirá el otorgamiento de un certificado de equidad que otorgará preferencia en la asignación de publicidad oficial.
Este último punto generó una fuerte controversia con la oposición que resolvió no avalar el texto por considerar que “pone en riesgo la libertad de expresión en la Argentina”, según dijo la diputada del PRO Silvia Lospennato.
