Desde Paris
Para el Gobierno no sería tan fácil pagar París, tal la modificación de la ley de pago soberano aprobada esta semana en el Congreso. El dictamen de la Corte Suprema norteamericana impide –de hecho– la intervención de cualquier banco francés que tenga intereses en Estados Unidos y que la operación se realice en dólares.
El Ministerio de Finanzas, en todo caso, no fue oficialmente consultado hasta ahora sobre la operación que proyecta realizar la Argentina después de obtener la aprobación definitiva del Congreso. Teóricamente no está obligado a informar ni a pedir la autorización del gobierno francés, pero las reglas de cortesía la diplomacia internacional establecen informar al país amigo antes de adoptar cualquier iniciativa concreta.
“Lo único que sabemos es lo que leímos en los diarios”, indicó un alto funcionario de Bercy, el colosal edificio al borde del Sena donde tiene su sede el Ministerio de Finanzas. En la práctica, Bercy seguirá de cerca todo el desarrollo de la operación. En Francia, el Estado jamás es neutral, sobre todo en el terreno sensible de las finanzas, donde interviene en la banca a través del Fondo de Participaciones del Estado, la Caja de Depósitos y Consignaciones y los Fondos Estratégicos de Inversiones.
Hay otro aspecto inquietante de esa operación. Nadie lo dice, pero muchos lo piensan con tanta fuerza que igual se escucha: las transferencias masivas de fondos procedentes de la Argentina serán seguidas con extrema atención por el Tracfin (célula francesa de lucha contra el blanqueo de dinero) y el GAFI (Grupo de Acción Financiera), organismo intergubernamental también encargado de la lucha contra el lavado de activos. Esa prudencia obedece al hecho de que Argentina estuvo, hasta el 27 de junio pasado, en la lista gris de “seguimiento intensivo”, pero aún continua sometida a un monitoreo discreto.
Además, hay otro tema: una operación de esa naturaleza se prepara con tiempo y requiere la intervención de un gran número de especialistas, y cuando sean contratados, los abogados de negocios, así como los expertos financieros y fiscales deberán realizar un arduo trabajo –que llevará tiempo– para determinar si la operación es jurídicamente factible. Adam Lerrick, un experto en reestructuraciones de deudas que representó a 40 mil ahorristas europeos en el canje de 2005, interpretó que una simple mayoría de bonistas tiene el poder suficiente para reemplazar al Bank of New York Mellon por otra institución. Pero, aclara, debe ser un banco que “no tiene presencia en Estados Unidos” y por lo tanto “no está obligado a respetar las decisiones de la Corte Suprema”. Lerrick no lo manifiesta, pero la Justicia norteamericana incluso tendría jurisdicción en cualquier operación
que se realice en dólares, aunque ocurra en el extranjero. En cualesquiera de los dos casos, un juez podría sancionar a la filial norteamericana del banco francés que apoye el canje.
