Después de manifestar su preocupación en la pelea de la Argentina contra los fondos buitre, el directorio del Fondo Monetario Internacional reconoció las medidas tomadas por el Gobierno para empezar a corregir las estadísticas oficiales, que pasaron a ser cuestionadas después de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a fines de 2007.
En un comunicado, el FMI señaló que el directorio reconoció que se implementaron “todas las medidas especificadas que se habían solicitado para esta oportunidad como las medidas iniciales adoptadas para remediar las deficiencias en el suministro de datos”. El organismo que dirige Christine Lagarde había reclamado que se entregaran datos confiables, “de calidad”, de inflación y crecimiento. Para evitar sanciones, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha un nuevo índice de precios al consumidor, el IPC-Nu, a partir de este año y también entregó una nueva serie de mediciones de PBI con base 2004.
Según el nuevo índice, la inflación en el primer cuatrimestre del año acumula 11,9%, más de lo que marcó su índice antecesor, el IPC-GBA, para todo 2013. En cuanto al crecimiento, el PBI de 2013 con la nueva base marcó 3% y dejó afuera a los que esperaban recibir el pago del cupón PBI, que según la vieja medición con base 1993 ya tenían asegurado por un crecimiento cercano al 5%.
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El ministro de Economía, Axel Kicillof, debe seguir presentado datos. “La directora gerenta informará al directorio ejecutivo sobre el estado de la implementación de las medidas específicas por parte de Argentina a más tardar el 14 de noviembre de 2014. En esa ocasión, el directorio ejecutivo examinará nuevamente este tema conforme a los procedimientos del FMI”, detalló el comunicado oficial.
El organismo aseguró que sostiene “diálogo con las autoridades argentinas para mejorar la calidad de los datos oficiales sobre el IPC y el PBI” y espera “seguir fortaleciendo las relaciones”. El acercamiento del Gobierno y el Fondo tiene su punto fuerte en la disputa entre el Estado nacional y los fondos buitre, donde el fallo del juez Thomas Griesa, que ordenó pagar US$ 1.300 millones a los holdouts, ya llegó a instancias de la Suprema Corte de Justicia, que entre el 12 y el 16 se definirá.
El vocero del FMI, Gerry Rice, reconoció el jueves que el organismo está “preocupado” por las implicancias que un fallo a favor de los buitres podría tener para el sistema financiero, ya que pondrían en riesgo las reestructuraciones de deuda futura. Para esperar el resultado de la Corte, un grupo de legisladores viajará, con mayoría de oficialistas y cinco opositores, mañana a los Estados Unidos para respaldar la posición argentina. La delegación de 12 diputados y 5 senadores será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y del Senado, Gerardo Zamora. De la oposición, viajarán los diputados Lino Aguilar (Compromiso Federal), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Sturzenegger (Unión PRO) y Martín Lousteau y el senador Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).
