La AFIP anunció que analizará si las empresas que solicitaron el beneficio del salario complementario están cumpliendo con todos los requisitos y condiciones establecidos por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Asimismo, advirtió que, en caso de no hacerlo, exigirá la devolución de los fondos aportados a aquellas firmas. Esa tarea estará a cargo de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del ente recaudador.
De acuerdo con el texto oficial, esa dependencia tendrá que realizar, entre otras actividades, el análisis de los incumplimientos y/o inconsistencias detectadas por el Banco Central y/o la Comisión Nacional de Valores (CNV) y/o la DGI, con relación a los requisitos de acceso y/o condiciones de vigencia de los beneficios previstos en el Programa ATP. También, será responsable de la ejecución de las acciones de control, la respectiva declaración de caducidad y el recupero de fondos, con relación al beneficio de Salario Complementario.
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Según lo trascendido, la AFIP le dio el poder a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social para requerir al Banco Central y a la CNV un informe circunstanciado que incluya la denominación, fecha y tipo de operación, entidad con la que operó, país de beneficio, y toda otra información que pueda resultar determinante para el análisis de los requisitos de acceso y/o condiciones de vigencia de los beneficios otorgados, respecto de las operaciones realizadas por los beneficiarios del ATP.
La AFIP explicó que se encuentra facultada "para llevar adelante las acciones de control, detección de incumplimientos, declaración de caducidad y reclamos para su restitución con relación al beneficio de Salario Complementario". A fines del año pasado, el Gobierno había detectado a unas 3.700 empresas que habrían realizado compras de divisas por medio del "contado con liqui" por 500 millones de dólares, tras haber sido sido beneficiadas por el ATP.
Ese Programa fue implementado a partir de mayo de 2020 y tuvo vigencia hasta diciembre de ese año: a través de esa iniciativa, el Estado Nacional abonaba una parte del salario de los trabajadores del sector privado. Para el Gobierno, esa iniciativa era "una de las herramientas para cuidar el trabajo, garantizar la producción y amortiguar el impacto económico generado por la crisis del Covid-19".
