El 3 de diciembre pasado el Gobierno oficializó la designación de Cristian Auguadra como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En ese mismo momento, según pudo constatar PERFIL, impactaron en el presupuesto de esa oficina los $ 26 mil millones que dos días antes se habían publicado en el Boletín Oficial dentro de una actualización de partidas para algunos organismos y ministerios. Los recursos, que representan un 25% del total presupuestado –y actualizado para todo el año– se devengaron en 16 días.
Para el final de noviembre la SIDE había ejecutado $ 75.587 millones de su presupuesto: de esos, según surge de la comparación de los reportes mensuales de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), se ejecutaron $ 3.788 millones durante todo el mes noviembre. Al 19 de diciembre, como puede observarse en los datos del presupuesto abierto, se habían devengado $ 105.196,88 millones. Es decir que, en poco más de dos semanas, la SIDE gastó $ 29.609 millones: unos $ 1.850 millones por día.
En total, la oficina ya devengó el 98,32% del total presupuestado, cuando muchos otros organismos y políticas (como el programa destinado a la atención de la salud de las personas con discapacidad, con el 79%) presentan una subejecución.
Para tomar dimensión de lo que significa esta cantidad de dinero, vale decir que, por ejemplo, el Hospital Nacional Laura Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de $ 18.208 millones, de los que, para el mismo día del último mes del año, se habían devengado $ 16.777 millones.
De los $ 106.990,46 millones que tiene disponibles la SIDE para este año, el 57% va para gastos en personal: de los $ 61.127 millones ya se ejecutó la totalidad. Para gastos reservados cuenta con un presupuesto de $ 13.347 millones (que también se devengaron en un 100%). El resto va a bienes de uso, viáticos y alquileres. El presupuesto total creció durante este año un 121% y un 623% respecto al inicio de la actual gestión de gobierno.
Un día después de la designación de Auguadra, la Secretaría de Inteligencia anunció los lineamientos de una nueva política en la materia. Entre ellos, mencionaban las funciones de “proteger los recursos estratégicos” del país y la de “anticipar y contrarrestar las amenazas en el ciberespacio de interés nacional”.
El primero de estos dos objetivos señalados, detallan, se cumplirá mediante “la identificación de riesgos de apropiación o explotación indebida” y “el monitoreo de la presencia de actores estatales y no estatales en zonas de valor geopolítico, como el Atlántico Sur, la plataforma continental y el espacio antártico”.
El segundo fin, describe el documento citado, consiste en “anticipar, identificar, reconocer, monitorear, analizar, disuadir y eventualmente contrarrestar riesgos y/o amenazas generadas por actores estratégicos mediante el uso del ciberespacio”.
Pocos días después, el 16 de diciembre, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, que, según el oficialismo, busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”, aunque organizaciones que trabajan en el tema, como Jóvenes por el Clima, advirtieron que su aprobación pondría en riesgo el acceso al agua potable de 7 millones de argentinos.
El 18 de diciembre, el sitio especializado Daily Dark Web denunció una supuesta filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos, que contenían información de Anses, ARCA, los Registros de la Propiedad del Automotor, correos electrónicos y telefonía celular. Desde el Gobierno desmintieron esta versión y aseguraron que en los sitios estatales no registraron ninguna maniobra sospechosa.
