“Nadie va a tener que vender sus máquinas. El aporte no afecta la producción", dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en respuesta a los planteos de las principales cámaras empresariales sobre el proyecto de ley de Aporte solidario y extraordinario, también conocido como Impuesto a la riqueza. que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Este miércoles fue la Unión Industrial Argentina (UIA) y la de Córdoba y hoy se sumaron la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio y entidades de la provincia de Buenos Aires que advirtieron que "representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales".
La ex presidente del Banco Central, en tanto, sostuvo que el aporte "recae sobre la riqueza de los individuos que está financiarizada” y respondió también al argumento de que la mayor presión impositiva afecta a posibles inversiones.
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“La rebaja de los impuestos más progresivos que implementó el gobierno anterior no redundó en más inversión y empleo, si no en más timba financiera", puntualizó la titular de AFIP en declaraciones a Radio con Vos. "No hay evidencia en ningún lado del mundo de que eso funcione. Si alguien se encargó de garantizar la rentabilidad de las inversiones productivas es nuestro Gobierno”, sostuvo.
"La riqueza no nace de un repollo: nace de las y los trabajadores, nace del Estado que genera las condiciones de mercado, garantiza el mercado interno, la sostenibilidad y la rentabilidad para alentar la inversión”, agregó Marcó del Pont.
Desinversión. Uno de los argumentos señalados por los críticos del proyecto es que como se grava el stock, pueden no estar líquidos para pagar el aporte. De esa forma, sostienen, la medida obliga a desinvertir para hacer frente al tributo. “Tampoco será necesario que vendan los campos", planteó la funcionaria.
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"Nosotros observamos que aquellas personas humanas que declaran inmuebles rurales y deberán pagar el aporte, sus campos representan en promedio el 2,7% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”, precisó la titular de la AFIP.
Sin embargo, desde el sector privado insistieron en el pedido al Senado para que revea el proyecto. "La iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica. No diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles", plantearon -en línea con lo que fue el reclamo de la UIA- entidades como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires; la Federación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
PV CP
