El caso Carrascosa y la interna por la Suprema Corte de Buenos Aires

María Eugenia Vidal tiene en marzo un desafío importante para su gobierno. Gestionar la renovación de la Suprema Corte, máxima autoridad en la administración de justicia  bonaerense. Es un paso decisivo para resolver la inseguridad, el mandato más firme de  quienes la votaron como gobernadora. Deberá tramitarlo en un año electoral con la expectativa del oficialismo depositada en lo que ocurra en ese territorio.

Esto despierta tensiones con el peronismo, de intervención muy activa en el proceso a través de otra mujer: la difunta María Marta García Belsunce. O mejor dicho: con el principal apuntado por el crimen que le costó la vida. Carlos Carrascosa, su esposo, absuelto de culpa y cargo en un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que apelará en febrero el fiscal Carlos Altuve.

Esa causa podría ser el campo de batalla donde Cambiemos y el PJ libren esa disputa que, mientras tanto, transcurre sobre hechos visibles. Como el promedio de siete años para dictar sentencia. Hay otros.

Al cuerpo lo preside un ex suboficial de la Bonaerense promovido por Felipe Solá, Luis Genoud, y está integrado por dos ex secretarios de Seguridad de Eduardo Duhalde: Eduardo Pettigiani y Eduardo De Lázzari. Si no son tres como los últimos veinte años es porque Juan Carlos Hitters se jubiló en noviembre.

Su salida habilita una renovación que en los cálculos de Cambiemos incluye a Hilda Kogan, Carlos Natiello y Héctor Negri, pero no a Daniel Soria, con planes propios: de vínculos con Julio Alak, son pasos seguidos con atención.

El peronismo dará partida simultánea en la Corte y en la intendencia de La Plata. Quiere recuperar la ciudad de mayor peso simbólico en la política provincial, hoy en poder de Cambiemos con Julio Garro.

 El auxilio público a Garro confirma la intención. “Hay que ayudarlo”, expresó Alak con un mecanismo que conoce bien y utilizó cuando se sintió amenazado por Néstor Kirchner, que desconfiaba de sus cuatro períodos consecutivos al frente del municipio de La Plata y de su juventud. Tenía menos de 50 años cuando decidió aceptar ser ministro de Justicia de Cristina Fernández, a quien acompañó hasta el fin de su mandato.

Soria fue secretario de Gestión Pública municipal de Alak. Con el senador provincial Gabriel Monzó, está en debate entre su hermano, Emilio, y el ex intendente de La Plata para recuperar el municipio en 2019. Soria dejó de insistir en irse de la Corte como Hitters. Lo mismo De Lázzari. Coincidencia sugestiva con el planteo del peronismo de no liberar otro cupo a cubrir por Cambiemos. El que existe ahora le corresponde a la primera minoría opositora: Sergio Massa. Vidal aspira a liberar otro y a que el Senado los designe en simultáneo.

Candidatos. El candidato del Frente Renovador es viejo conocido de Alak y del diputado nacional massista Raúl Pérez: Fernando Mancini, juez de la sala 2 del Tribunal de Casación Penal bonaerense compartida con Carlos “Coco” Mahiques hasta pasar al Tribunal de Casación en lo Criminal de la Nación. Función suspendida en forma transitoria para ser ministro de Justicia de Vidal. Mahiques es firme aspirante a representar al Gobierno en la Corte.

De ella depende el Tribunal de Casación Penal, con historial de fallos controvertidos desde su creación, 1997, bajo la administración de Eduardo Duhalde. El del 30 de diciembre es el más reciente: el sobreseimiento a Daniel Scioli por los jueces de la sala I, Ramón Maidana y Daniel Carral. Víctor Violini, otro de sus miembros, lloró días antes en las pantallas para pedir perdón a Carrascosa por la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Criminal 6 de San Isidro en 2007 y ratificada por el Tribunal de Casación en 2009.

 Violini redactó el fallo, firmado también por Martín Manuel Ordoqui y Carral, que enmendó el rechazo de la Corte bonaerense a la apelación de Carrascosa por orden de la Nacional. El expediente fue devuelto a Casación para el análisis de otros magistrados, entre ellos, Violini, otro ex suboficial de la Bonaerense con carrera judicial ligada a Alak hasta que se distanció para trabar amistad con Felipe Solá, quien por el decreto 952 lo designó en 2006 en ese Tribunal.

Alak se vengó en 2014. El Concejo Deliberante de Bariloche declaró persona no grata a Violini por denunciar “allanamiento ilegal” de inspectores que hallaron 98 botellas de alcohol en las habitaciones de estudiantes del Colegio Centenario de La Plata en viaje de egresados. Uno de ellos, su hijo. A quien acompañaba. La medida incluyó el pedido de una sanción al Senado bonaerense de la intendenta Eugenia Martini, hija de Osvaldo, jefe de asesores de Alak en el Ministerio de Justicia.

Violini sabe que llegar a la Corte depende de recomponer vínculo con Alak. Parece difícil. Disolver antecedentes sobre todo. En especial de quienes condenaron a Carrascosa: Benjamín Sar Llargués y Eduardo Piombo renunciaron en 2015 tras dejar en libertad a un pedófilo. Carlos Natiello, el tercer voto, sospecha que el fallo de Violini fue redactado por Carral, quien lo apuntaría por antipatía ideológica. Carral es miembro destacado de Justicia Legítima y a Natiello se le atribuyen sólidos vínculos con la Bonaerense.

Aunque no siempre todo es lo que parece. A Carral lo denunció Elisa Carrió por el intento de designar a Florencia Piermarini en ese Tribunal. Junto a César Albarracín era responsable del sistema carcelario bonaerense cuando ocurrió la triple fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Squillachi. La diputada recordó que Luciano Novo sirvió de asistente al juez. Es el hijo de Julio, procesado fiscal general de San Isidro.

Temor. Pero hay más temor porque la  apelación de Altuve afecte por igual al trío que intervino en la causa Carrascosa. Es lo que se especula por la buena relación con Julio Conte Grand, cultivada mientras representó al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El reemplazo de María del Carmen Falbo en la Procuración General promovería una exposición ejemplar como indicador de un cambio de época. Funcionaría también para sincerar la fractura de una antigua troika.

Ordoqui fue oficial de Mandamientos en el Municipio de Quilmes y chofer del legendario Peugeot 504 blanco en el que se profugó de la Justicia el intendente Aníbal Fernández. Altuve fue el fiscal de turno que no apeló el recurso de hábeas corpus presentado en favor de su defendido por Falbo y Federico Domínguez, titular del Tribunal de Casación en uso de licencia por enfermedad y procesado en la causa AMIA por segunda vez.

Llegado a la Corte por Duhalde, Natiello está más inquieto por el futuro de Mancini. Como miembro académico del Consejo de la Magistratura tiene pendiente corregir el examen de Fabiana, su hija y defensora oficial en el Departamento Judicial de San Martín, que aspira a convertirse en camarista. Natiello tiene como relatora en la sala 4, que comparte con Mario Kohan, a María Sofía Mercado Morgese, sobrina de Mancini y su cónyuge,  Claudia Morgese, del TOC en lo Criminal 3 de San Martín.

Más complicada quedaría la relación de Ordoqui y Altuve. La hija del fiscal, Sofía  Altuve Bolton, es la secretaria del magistrado. Y la situación de Francisco y Renzo, con pases congelados a otros destinos en el sistema judicial hasta resolver la jubilación de su progenitor: De Lázzari.  Además de reflejar la posición del Gobierno, la incorporación de Mahiques a la Corte pretende resituir allí el prestigio académico y jurídico. No será fácil.

*Analista político.