“Ella acaba de recibir una carta en la que supone que le piden que pague o que se vaya, pero no entiende”, cuenta Martín Bohmer en una charla TED. Lo que sí sabe es que hay dos mensajes. “El primero, puse un abogado, el conflicto escaló”; el segundo, “usted está fuera del lenguaje de la ley porque el lenguaje les pertenece a los abogados y a las abogadas y a los jueces, pero no a usted”.
Para estos y otros tantos casos es que diferentes profesionales de la comunidad jurídica, lingüistas, especialistas en letras y comunicación trabajan para acercar distancias entre las personas y que todos entiendan. Simplemente para hacer uso del lenguaje claro.
¿Qué dijo? Mariana Bozetti, profesora en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e integrante en el Comité académico consultivo del Observatorio de lenguaje claro de la Facultad de Derecho de la UBA, explica a PERFIL que, si se analiza una pieza comunicacional desde el ámbito jurídico, “por los rasgos de léxico vemos que se dirige a un supuesto especialista, porque se utiliza terminología que no se contextualiza, no se reformula, que no se explica y da por sabida información que no aparece. Se considera que la persona destinataria tiene el mismo conocimiento e información que la persona que elabora el documento, cuando en realidad puede no ser así”.
En este sentido, la profesora argumenta que surge “la necesidad de modificar la manera que tiene el Poder Judicial de comunicar por escrito lo que hace, de interactuar por escrito con la ciudadanía”. Para esto surge la noción de lenguaje claro, para que la persona pueda entender directamente en qué situación está con respecto al derecho, la acusación, la falta, etc.
Para Mónica Graiewski, abogada y docente e integrante de organizaciones de lenguaje claro, “el lenguaje claro es antes de todo, una cuestión de empatía. Es pensar quién lo va a leer. Tengo un cliente que es físico nuclear y es muy inteligente, pero quizás una pieza judicial no la entiende y no es que no sepa, sino que no está claro”.
“La claridad del lenguaje conviene a todos”, sostiene Graiewski, porque “ahorra pasos. Si presento algo que no se entiende, por ejemplo, en un juzgado, el juez puede rechazar lo que se pide. También, ahorra los tiempos que lleva tomar decisiones sobre cosas que no se terminan de entender. Y ahorra conflictos. Cuando uno tiene que usar el contrato que firmó hace dos años tienen que volver a contratar otro abogado porque en su momento se lo explicaron, pero ahora resulta difícil de entender”, ejemplifica.
Un poco de historia. La jueza del Juzgado Penal Contravencional de Faltas N° 13 Lorena Tula del Moral cuenta a PERFIL que el movimiento de lenguaje claro surgió internacionalmente en Europa en los 70, se fue desarrollando en algunos países como Inglaterra y Suecia y después en los demás países de Europa. En Latinoamérica se implementó más adelante y en el caso particular de Argentina Tula del Moral puntualiza que hubo y hay diferentes iniciativas. “Si bien es una obligación para todos los poderes de los estados –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– hay más desarrollo en el uso y la implementación del lenguaje claro dentro de los poderes judiciales”.
Así recuerda que en 2015 el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), que depende del Ministerio de Justicia, empezó a trabajar en leyes claras y “en el 2017 se formó la Red de Lenguaje Claro en Argentina”, dice Graiewski a PERFIL. “Esta iniciativa fue tripartita entre el Ministerio de Justicia, el Senado de la Nación y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia”, especificó.
Tula del Moral destaca que “a nivel legislativo en Argentina la Provincia de Buenos Aires fue la primera que le dio un marco normativo y obligatorio al uso de lenguaje claro a través de la ley 15.184, para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a comprender la información pública, promover el uso y el desarrollo un lenguaje claro tanto en los textos legales y formales”.
También hay otras iniciativas, como “en las provincias de Chaco, Formosa, La Pampa donde ya cuentan con manuales o guías para que las resoluciones de todas las instancias inferiores sean redactadas en el uso del lenguaje”.
En el caso de la Ciudad Buenos Aires, desde el Consejo de la Magistratura se implementan distintas acciones concretas. Así “en 2021 se sancionó la ley 6.367 que promueve el uso del lenguaje claro en los actos y documentos del sector Público de la Ciudad para garantizar la transparencia de los actos de gobierno”, dice la letrada.
También desde El observatorio de lenguaje claro de la Facultad de Derecho en la Universidad Buenos Aires (UBA), donde la jueza es la directora académica, se capacita y trabaja con las “futuras generaciones para que puedan tener esta nueva mirada porque, en definitiva, estamos brindando un servicio de Justicia y la idea es garantizar el derecho a comprender de los ciudadanos”.
Para concluir Graiewski, reconoce que “en un principio el lenguaje claro era rechazado por la comunidad jurídica porque lo consideraba chabacano. Ahora se entiende y es más admitido y buscado porque se cree que utilizar lenguaje claro no equivale a evitar el rigor formal”.
Colombia: En busca de la elocuencia
Paulina Yepes Villegas* y Germán Arenas Arias **
Un intelectual colombiano y exmagistrado de la Corte Constitucional (Carlos Gaviria Díaz) creía que “la proliferación de textos pretenciosos, vacuos e intrascendentes eran un mal del subdesarrollo”. En un país donde abunda la palabrería insulsa, Carlos sabía la importancia del silencio y la sencillez. Leer sus sentencias, por ejemplo, es asistir a un acto de concreción y claridad que todavía se echan de menos; su cualidad principal, la elocuencia, está brevemente reseñada en el libro Virtudes Cercanas. En cierta medida, la implementación de iniciativas de lenguaje claro en Colombia busca que los mensajes que emiten las entidades públicas y privadas sean, también, elocuentes.
Enunciamos brevemente el marco general en que se encuentran y justifican algunas de las iniciativas más representativas en nuestro país. El IV Plan Nacional de Estado Abierto de Colombia ya incluye compromisos en materia de lenguaje claro para divulgar las funciones y las decisiones judiciales y, con ello, ampliar el conocimiento ciudadano de los problemas del Estado. Desde el Congreso de la República, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, pretenden que la difusión de las normas en un lenguaje claro y comprensible para el mayor número de ciudadanos ofrezca buenas oportunidades para promover comportamientos sociales con apego y respeto al Estado de Derecho.
En el ámbito educativo, desde la Universidad Eafit por citar solo un ejemplo, promulgamos cursos de escritura clara para estudiantes, que luego como profesionales van a salir a producir textos que llegan a ciudadanos, y para organizaciones que quieren implementar buenas prácticas de claridad en sus equipos de trabajo. Además, investigamos las prácticas de lenguaje claro para fortalecer el campo de estudio en el tema.
Todas estas intenciones residen en instituciones públicas y privadas que forman parte, a su vez, de la Red de Lenguaje Claro de Colombia. Un colectivo en el que estamos convencidos que el lenguaje claro facilita procesos, agiliza trámites, disminuye el estrés y fomenta la transparencia.
Consideramos, además, que este asunto no solo debe ser de interés de quienes crean documentos públicos. Todos como ciudadanos nos enfrentamos a documentos administrativos, jurídicos, comerciales y médicos que debemos comprender para poder hacer uso de la información y tomar decisiones. El lenguaje claro debe importarnos a todos, seamos escritores, oradores, lectores u oyentes, porque solo así podemos garantizar que la información que circula y que es de acceso para todos, pueda ser empleada para el propósito que se diseñó.
Nuestro propósito es promulgar la comunicación de mensajes elocuentes para convencer, elocuentes para instruir sobre los asuntos públicos, principalmente, y elocuentes para aumentar las oportunidades de los ciudadanos de comprender y madurar la información pública y de interés general.
*Docente, Universidad EAFIT.
**Investigador predoctoral de la Universidad de Alcalá.
España: lentamente, pero avanzamos
Cristina Carretero González*
Una de las acciones más relevantes, casi un punto de inflexión, se produjo en 2009, en el Ministerio de Justicia, con la creación de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Ésta dio como resultado un Informe que realizaba recomendaciones para mejorar la claridad y la comprensión de la producción jurídica, en especial, de la relacionada con tribunales y los juristas.
Posteriormente se creó la Comisión para la Claridad de Lenguaje Jurídico que realizó diversos trabajos dirigidos desde el Ministerio de Justicia, pero que no avanzó más allá de estos.
Desde hace tiempo, destacan, fundamentalmente, las acciones efectuadas por la Real Academia Española (RAE), algunas de ellas en estrecha colaboración con otras instituciones. Una fue la elaboración, junto con numerosas instituciones, del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Otra, la redacción del Libro de Estilo de la Justicia, que nació, en 2017, fruto del acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la RAE y como complemento al Diccionario del español jurídico (DEJ), publicado en 2016 también por la RAE y el CGPJ. El objetivo del libro de estilo ha sido contribuir al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se crea y aplica y poder, de este modo, elaborar textos destinados a mejorar la claridad del lenguaje jurídico. A mi juicio, es un gran libro de estilo de recomendable consulta.
Más allá de las iniciativas particulares, que van en aumento –y desde la academia hasta distintos profesionales e instituciones– los desafíos actuales se centran en la idea de acercar la comunicación entre la ciudadanía y los poderes del Estado, para que ésta resulte fluida y sencilla de entender. Para ello, destaco varias iniciativas interesantes.
El pasado febrero, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Defensor del Pueblo y la propia RAE para lograr un lenguaje claro y accesible en la Administración. Ambas instituciones han decidido emprender actuaciones encaminadas a que las Administraciones públicas utilicen un lenguaje accesible en sus comunicaciones con los ciudadanos. Para ello, la RAE debe identificar prácticas lingüísticas mejorables y proponer las soluciones correspondientes. Posteriormente, el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Administraciones para tratar de materializar las propuestas de lenguaje claro y accesible.
El último paso, muy relevante a mi juicio por los frutos que puede originar, es la firma, en Santiago de Chile el pasado 9 de junio, del acuerdo de creación de una Red Panhispánica de Lenguaje Claro (Red-PHLEC). Según informa la RAE, se trata de un proyecto que cuenta con el impulso de la Real Academia Española (RAE) desde la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). El loable objetivo de la nueva Red es aunar las distintas iniciativas sobre lenguaje claro y accesible que se desarrollan en el mundo hispanohablante. Este objetivo propone mejorar las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos a través del fomento de la claridad lingüística y el necesario compromiso de las autoridades para asegurarla en todos los ámbitos de la vida pública. Sin este compromiso, poco se avanzará.
Por ello, en estas iniciativas, resta conocer cómo se concretarán las propuestas, qué instituciones se van a comprometer, qué acciones se llevarán a cabo y cómo se evaluarán sus resultados. El camino está trazado, falta andarlo.
*Profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
