En los días previos a la asunción del gobierno de Cambiemos el 10 de diciembre de 2015, el jefe de Gabinete de Ministros ratificó la continuidad del entonces ministro Lino Barañao –único desde la creación del ministerio en 2007– argumentando que la Ciencia, Tecnología e Innovación era una “política de Estado” para Cambiemos. ¿Fue esto así?
Para dar respuesta a esta pregunta, partimos de la premisa que la coalición gobernante nunca tuvo una política respecto al sector más que aumentar el gasto en la Función Ciencia y Tecnología al 1,5% del PBI, hoy en un magro 0,5%, y fomentar la iniciativa privada en investigación y desarrollo a través de dispersos programas de apoyo a los “emprendedores”, como si estos fueran una pieza aislada de un sistema nacional de innovación. Lo cierto es que la inversión de las empresas en I+D+I sigue estancada con relación al inicio de la gestión Cambiemos y entre las más bajas de la región, cercana a 0,15% del PBI a valores de 2018 según fuentes de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
Recortes. Más allá de la crisis financiera de 2018, la devaluación de más de 100% del tipo de cambio y el nuevo régimen de política monetaria, y la aceleración de la inflación que afectaron al presupuesto de prácticamente todas las finalidades y jurisdicciones del Sector Público Nacional, Cambiemos no supo o no quiso definir un modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si bien la cara más visible de las tensiones y conflictos resultantes de esta “no política” es el recorte de cupos de ingreso a la carrera de investigador científico-tecnológico, vale la pena repasar las principales consecuencias del ajuste sobre los distintos componentes del sistema de CyT público argentino, que naturalmente no escapan al ajuste del gasto público en curso.
Descenso. En primer, lugar, la caída del presupuesto para la finalidad CyT descendió de 1,46% del presupuesto total en 2015 a 1,13% de dicho presupuesto para 2019, y sufrió un recorte del 30% entre 2019 y 2018 sumado a otro de casi 24% entre 2018 y 2017, además de reducciones menores, pero significativas desde 2015 a 2017, todo ello con una tasa de inflación acumulada que según datos oficiales ya supera en la era Cambiemos el 150%. Asimismo, el presupuesto de la función CyT retrocedió de 2.400 millones de dólares en 2015 a algo más de 1.600 millones de dólares en 2018, mismo nivel que en 2011 como muestra el gráfico 1 más abajo.
¿Y porqué es importante también medir el presupuesto en dólares? Precisamente porque el sistema es intensivo en uso de insumos, equipamientos, materiales bibliográficos, paquetes de software, organización y/o participación en Congresos en el extranjero y otros gastos en que incurren las jurisdicciones dentro de la finalidad CyT que están denominados en moneda extranjera. He aquí, en segundo lugar, entonces, a la Agencia de Promoción Científico Tecnológica que financia a través de subsidios otorgados por sus fondos fiduciarios, muchas veces en consorcio con el sector privado, la mayor parte de esos gastos de capital, insumos o consumo y que ha visto mermado su presupuesto desde casi 190 millones de dólares en 2014 a cerca de 90 en 2018 cómo muestra el gráfico 1, es decir una reducción a la mitad del mejor presupuesto en una década en dicha moneda, y también en porcentaje del presupuesto total en la finalidad CyT en aproximadamente 50%. Más allá de la devaluación del tipo de cambio, dicho recorte se explica en buena medida por la eliminación de los aportes no reembolsables a empresas (ANR), un instrumento con 20 años de trayectoria con un proceso de asignación transparente y sin manchas por denuncias de corrupción, que permitió financiar importantes proyectos en energía, nanosatélites o biotecnología, entre otros.
Privados. Tercero, si la Agencia es el “combustible” para alimentar la inversión y gastos necesarios para llevar a cabo distintos proyectos de I+D+I, el Conicet es el corazón del sistema de CyT ya que son sus investigadores, becarios y personal de apoyo quienes producen y evalúan la investigación que genera la mayor parte del sistema en la Argentina –a lo que se suman otros institutos y universidades con presupuestos propios. Múltiples han sido los inconvenientes y obstáculos que los becarios e investigadores vienen enfrentando estos últimos cuatro años. Uno es la restricción de cupos de ingreso desde 889 en 2015 a 450 en 2019 (ver gráfico), a diferencia del plan 2020 del Conicet que proyectaba un crecimiento del ingreso anual a más de mil investigadores, y la relativa constancia en el otorgamiento de becas doctorales y otras. Es discutible, claro está, cuál es el tamaño óptimo del número de investigadores del Conicet, así como también si la única “salida laboral” de un becario/nuevo doctor debe ser exclusivamente el sistema público de CyT y el Conicet en particular –en lugar del sector privado, como por ejemplo en Brasil, o las universidades–. Pero no cabe duda de que la discusión de estos parámetros debe darse en el contexto de la determinación de qué política de CyT deseamos y de un modelo de desarrollo para el país que sea capital humano e innovación intensivo.
Igual o de peor calibre resulta el declive del poder adquisitivo de los investigadores de carrera del Conicet, como se aprecia en el gráfico que acompaña este artículo con el caso del “investigador adjunto” como categoría intermedia testigo, y de los becarios doctorales. Entre 2015 y 2018 el poder adquisitivo de un investigador cayó más de 35% y retrocedió al nivel de 2004, cuando aún no existía el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como política de Estado. Este hecho, sumado a la restricción de cupos para el ingreso a la carrera, la sobreoferta de egresados doctorales y la nula creación de empleo privado para estos últimos, no desemboca más que en un triste camino de descapitalización del sistema.
Cuarto, es dable señalar el escaso o nulo aumento del esfuerzo de I+D+I del sector público, que como demuestro en un trabajo en curso con dos colegas del Conicet, suele traccionar al sector privado y generar oportunidades de inversión para crear un círculo virtuoso de creación de empleo y encadenamientos productivos. Empleo que justamente permitiría ofrecer oportunidades de inserción laboral a los becarios/nuevos doctores en diversas disciplinas cuyo futuro hoy día depende casi exclusivamente de ingresar a la carrera de investigador, insertarse en una universidad con cargo de dedicación exclusiva o bien emigrar del país. Sin embargo, en un país con alta inflación y pobre protección de los derechos de propiedad intelectual, es aún difícil que el gasto privado en I+D+I despegue.
Resumiendo, la “no política de CyT” de Cambiemos excede ampliamente a la protesta por la negativa al ingreso de cientos de investigadores a la carrera del Conicet y está lejos siquiera de haber intentado devenir una política de Estado. Este fenómeno, en un contexto macroeconómico de ajuste y restricción financiera que desvaloriza el ya menguado presupuesto de la finalidad-función Ciencia y Tecnología del Sector Público, y de la Agencia de Promoción Científico Tecnológico en particular, e incumple compromisos asumidos en el plan 2020, está lamentablemente produciendo un preocupante retroceso que las autoridades de Cambiemos o del próximo gobierno deberían revertir. Como lo demuestra la evidencia empírica, los países que crecen a largo plazo lo hacen innovando e invirtiendo y expandiendo el gasto en ciencia y tecnología pública, juntos, no recortándolo y socavando sus instituciones.
* Investigador Independiente del Conicet y Profesor de la FCE-UBA.
