domingo 03 de julio de 2022
ELOBSERVADOR Historia cíclica

Sesenta años atrás, Argentina también dependía de un acuerdo con el FMI

En junio de 1962, el gobierno surgido del golpe contra Frondizi, presidido por José María Guido, firmaba un quinto acuerdo de préstamo standby con el Fondo Monetario Internacional. Fue por US$ 100 millones, para mantener la estabilidad del tipo de cambio y reducir el déficit fiscal en un contexto de caída de las reservas y regímenes de facto.

04-06-2022 23:23

Tras la destitución de Arturo Frondizi, a fines de marzo de 1962, Álvaro Alsogaray había retornado al Ministerio de Economía luego de las efímeras gestiones de Jorge Wehbe y Federico Pinedo. Se anunciaba un nuevo presupuesto y las tarifas aumentaban entre un 30% y un 100 %, mientras persistían las tensiones militares que derivarán en el enfrentamiento abierto entre facciones del Ejército apoyadas por sectores de la Marina y la Fuerza Aérea. Así entraba nuestro país en los turbulentos años 60, el 62-63, más específicamente definidos por Félix Luna como “aquellos años terribles: recesión económica y tensiones militares dieron a ese período un aire sombrío, de confusión y sobresaltos, de iliquidez monetaria y quebrantos comerciales, de falta de autoridad en el gobierno y en las fuerzas sobre las que debía reposar la seguridad de la Nación, convertidas de hecho en verdaderas bandas armadas”, describe Luna. 

Coincidirán otros historiadores e investigadores de primera línea como Alain Rouquié, Juan Carlos Torre y Pablo Gerchunoff, al señalar que el año que siguió a la caída de Frondizi fue uno de los más confusos de la historia argentina pese a que la economía no era el factor principal de inestabilidad: nunca fue tan poco claro dónde estaba el poder como en el año largo comprendido entre el golpe a Frondizi y la elección de Arturo Illia en julio de 1963, “el agitado interregno del partido militar”, según la definición de Rouquié. 

Eran años de recesión económica y tensiones militares

Golpear las puertas de los cuarteles. Y del FMI. A fines de 1961, aún bajo la presidencia de Frondizi, la Argentina solicitó un cuarto standby por cien millones de dólares, que no se utilizaron, para disponer de reservas secundarias en caso de una reducción importante de las reservas internacionales. La carta intención refería una caída de las exportaciones, la incorporación argentina al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, antecedente de la OMC), además de las clásicas apelaciones al financiamiento del déficit fiscal y al mantenimiento del tipo de cambio.

El quinto standby, también por US$100 millones, fue pedido en junio de 1962 por el gobierno surgido del golpe militar que destituyó a Frondizi. En esta oportunidad, la solicitud se fundamentó en la gran caída de las reservas en oro y divisas convertibles, el desequilibrio fiscal y la necesidad de mantener ordenado el mercado cambiario, comprometiéndose una vez más a mejorar los resultados fiscales, a través del aumento de las tarifas de servicios públicos, la racionalización de las empresas del Estado y la restricción del crédito doméstico. 

Bajo este acuerdo, la Argentina giró 100 millones de dólares, la mitad en 1962 y otro tanto en 1963. Para utilizar este último tramo, negoció una extensión del standby, debido a la caída de las reservas internacionales, al déficit fiscal y al peso de la deuda externa pública contraída en esos años de acuerdos continuos con el FMI.
El ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, decía por entonces necesitar seis meses para dar la solución a los problemas económicos del país. El dólar alcanza los 138 pesos, su valor más bajo. La disminución de la actividad económica contrajo la base tributaria, por lo que el déficit estatal no se redujo, sino que aumentó. No fue posible pagar las cuentas ni los salarios del sector público, que el ministro de Economía determinó abonar con títulos del “empréstito patriótico forzoso”. El economista desarrollista Aldo Ferrer caracterizaría así la política económica de Alsogaray: “Esa estrategia pretendió desarticular definitivamente al movimiento obrero, reinstalar los mecanismos de poder económico y la distribución vigentes antes del peronismo y asentar a la economía argentina en un marco de dependencia, nuevamente, en el sector agropecuario exportador y en los grupos comerciales y financieros ligados a ellos”.

Los bonos 9 de Julio. Alsogaray emitió bonos del “Empréstito 9 de Julio”. Papeles que reemplazaban el dinero. Se realizaron “Certificados Fraccionarios” y “Títulos Provisorios” que se utilizaron para el pago de haberes a empleados del Estado y jubilaciones. En agosto de 1962, los empleados estatales ya cobraban con bonos. Alsogaray renunció al poco tiempo. Los títulos públicos del “Empréstito de Recuperación Nacional 9 de julio” fueron emitidos por la suma de 15 mil millones de pesos moneda nacional, con un interés del 7% y por un plazo de 25 años. El dinero de los bonos enseguida se devaluó y en el 63 representaba el 70% de su valor real. En 1963 se acortó el plazo original de 25 años, reduciendo la vigencia del empréstito a diez años. Para llegar a fin de mes, muchos empleados estatales debieron venderlos a mucho menos de su valor nominal a especuladores financieros. Pero para hacer frente a las obligaciones que surgieron de estos préstamos fue necesario pedir una extensión del préstamo en 1963.

En marzo de 1962 triunfó el peronismo en elecciones a gobernador

La Declaración de Huerta Grande. En marzo de 1962, el peronismo había triunfado en las elecciones de gobernadores y legisladores provinciales, con la presencia destacada de referentes sindicales en sus listas de candidatos. Pero el golpe y la caída de Frondizi, detenido en la isla Martín García, volvieron todo a fojas cero. La “resistencia peronista” intervenía, por su parte, con acciones clandestinas de sabotaje y agitación dando cuenta de que la proscripción no podía ocultar la persistencia del peronismo como fenómeno arraigado y la capacidad de sus dirigentes de adaptarse a las circunstancias.

En junio del 62, las 62 Organizaciones Peronistas realizaban un plenario nacional en la ciudad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, que dejaría sus huellas en la historia del movimiento obrero. Andrés Framini, referente de la Federación Obrera Textil y entonces parte de la dirección ejecutiva de la CGT, fue uno de los principales oradores. Amado Olmos, el dirigente del gremio de la Sanidad, fue otro de los impulsores de las definiciones condensadas en los diez puntos de aquel documento: 

  • Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
  • Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. 
  • Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas. 
  • Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
  • Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo. 
  • Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. 
  • Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. 
  • Implantar el control obrero sobre la producción. 
  • Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. 
  • Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

Clima social enrarecido y ataques antisemitas. En esos meses del 62 hubo además una serie de hechos de violencia, episodios policiales, movimientos extraños y muertes misteriosas, todo ello con alguna implicancia política o involucramiento de las fuerzas de seguridad y el aparato de inteligencia militar. A la conflictividad social se le sumaba un clima enrarecido por la acción de grupos antisemitas, luego del impacto nacional e internacional producido por la captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, que estaba refugiado en la Argentina y fue secuestrado por fuerzas israelíes encubiertas, juzgado y condenado a la horca. Su ejecución se produjo en Tel Aviv el 31 de mayo del ‘62. Semanas más tarde, el 21 de junio, era secuestrada en Buenos Aires Graciela Sirota, estudiante y simpatizante de la Federación Juvenil Comunista (FJC). Fue golpeada y subida a un auto cuando esperaba el colectivo para ir a la facultad. También fue torturada: quemada con cigarrillos por todo el cuerpo y le grabaron, con una navaja, una esvástica en el pecho. Si bien sus agresores nunca fueron identificados, la agrupación Tacuara –una formación de ultraderecha neofascista– justificó el hecho. El 28 de junio, a partir del “caso Sirota” se concretó, con impulso de la DAIA, un cese total de actividades de la colectividad judía, en protesta por los atentados antisemitas y la falta de esclarecimiento. Un centenar de comercios e instituciones, en todo el país, mostraron el cartel: “Cerrado, en protesta por las agresiones nazis en Argentina”.

Alsogaray decía que necesitaba seis meses para resolver los problemas económicos

La guerra de Argelia llega a América. Los ecos de la guerra de Argelia llegaban a nuestro país. El 1º de julio de 1962 el 69% de los argelinos votó a favor de la separación con respecto a Francia. La independencia de Argelia fue sellada el 3 de julio de ese año, poniendo fin a ocho años de guerra entre las fuerzas de ocupación francesas y las fuerzas del Frente de Liberación Nacional (FLN).  Argelia ingresó en la Organización de Naciones Unidas el 8 de octubre de 1962. El balance de las víctimas de la guerra: murieron más de 200 mil argelinos y 30 mil militares franceses. Francia abandonó el país del norte de África luego de 132 años de dominio e inició una retirada que tendrá su impacto en el país y en su política exterior. Asumió la derrota, pero aquella guerra servirá de modelo para la guerra contrainsurgente en América latina por los ejércitos americanos y el Pentágono. También en la Argentina, incluso antes de que las primeras células de guerrilla “foquista” nucleadas en el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) e inspiradas por Ernesto “Che” Guevara, operaran en el Norte del país.

*Periodistas e historiadores. Colaboró Vittorio Hugo Pettri.