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Licuadora y motosierra

Superávit en números: el paso a paso de Milei

Pasada la primera mitad del año, y con superávit fiscal registrado cada mes hasta el momento, es pertinente un análisis de los recortes que lograron el cambio en la balanza. Qué gastos se achicaron y cuáles se mantuvieron, como los impuestos, que no mostraron bajas significativas.

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Pasada la primera mitad de 2024, hemos visto numerosos análisis acerca de cuáles fueron los principales motivos del superávit fiscal registrado los últimos meses. Sin embargo, para poder entender de manera acabada las prioridades del nuevo gobierno, un análisis completo debe considerar no solo qué gastos se redujeron y qué ingresos se incrementaron para llegar a este superávit, sino también cuáles no sufrieron modificaciones.

En este mismo análisis no deben olvidarse los gastos tributarios, que son uno de los puntos a mirar a la hora de analizar una reducción del gasto público. De hecho, el último presupuesto enviado al Poder Legislativo tenía diversos ítems en torno a estos rubros para poner sobre la mesa en el Congreso de la Nación.

Esta descripción es muy importante para comprender el equilibrio fiscal como uno de los principales instrumentos que pregona el Gobierno en sus lineamientos de la política económica de sus primeros meses de gestión para lograr la “estabilización”. 

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Impuestos, iguales. Para empezar, se destaca que no se concretaron rebajas significativas de impuestos. Por el contrario, se observaron algunos incrementos (impuesto PAIS, por ejemplo). Si bien la recaudación se redujo en términos reales un 4,2% en el primer trimestre del año, esto se debe a la caída de la actividad económica y su impacto en el IVA, el eje principal de la recaudación tributaria.

Cabe resaltar también que, de aprobarse la ley Bases, se concretaría un aumento del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia y un potencial ingreso de la recaudación proveniente del blanqueo de capitales, en paralelo con una moratoria y una reducción del peso de bienes personales, pero que –en lo inmediato– podría traer mayor recaudación.

En lo que tiene que ver con el gasto explícito, hemos escuchado hablar de “motosierra, licuadora y freezer”. Motosierra se implementó con el recorte de obra pública, reflejado en las caídas nominales de la inversión real directa (-34,1%) y de las transferencias de capital (-34,4%). La licuadora se reflejó, principalmente, en los aumentos por debajo de la inflación de remuneraciones (+213,6%), prestaciones de la seguridad social (+140,8%) y transferencias a universidades (+150,7%). Y, finalmente, el freezer se pudo ver en la falta de aumentos de las transferencias a provincias y municipios (+41,1%). En el otro extremo, no obstante, el pago de intereses de deuda se incrementó un 324,4%, muy por encima de la inflación, impidiendo un superávit aún mayor.

Si analizamos contra el primer trimestre de 2023 a valores constantes, el ahorro fue de más de $ 7 billones. Las prestaciones de la seguridad social y transferencias corrientes aportaron en conjunto el 79% del ahorro (42% y 37% respectivamente), seguidas por el recorte de la obra pública mencionado, que aportó el 9,51% del total. El cuarto lugar lo ocuparon las remuneraciones, con el 6,13%, aproximadamente: $ 450 mil millones.

Los “planes”. Aún nos queda por analizar un aspecto algo más invisibilizado, pero igual o más relevante que lo hasta aquí mencionado: los gastos tributarios, definidos por el Ministerio de Economía como el “monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos”.

Para facilitar su comprensión, se los clasifica entre aquellos que son establecidos en la ley de cada tributo (denominados como “reducciones tributarias”) y aquellos que se originan en legislaciones de promoción económica (“regímenes de promoción económica”).

En este sentido, los gastos tributarios no sufrieron grandes modificaciones en el primer trimestre de gobierno, ni por el lado de los regímenes de promoción económica existentes (que en conjunto representaron el 0,68% del PBI en 2023), ni por las reducciones tributarias vigentes (1,81% del PBI en su conjunto). Pero no solo esto, tampoco se dejaron entrever indicios de debate de estos aspectos.

El ajuste fiscal fue directo a las prestaciones sociales, transferencias a provincias y universidades, y a la obra pública, sin cuestionar demasiado estos “privilegios” que, en muchos casos, valdría la pena debatir.

Resultaría importante para este debate tener un diagnóstico completo y acabado de cuáles son los principales conceptos incluidos dentro de los gastos tributarios para, de este modo, lograr una toma de decisiones informada. En su carrera electoralista del año pasado, el gobierno saliente había dado un puntapié en este sentido enviando una separata en el Presupuesto 2024 donde ponía en agenda el debate de este tema.

Considerando la necesidad de lograr como meta el equilibrio fiscal, y en ese recorrido equilibrar los costos sociales que implica el programa actual, vale la pena, de mínima, poner sobre la mesa el debate acerca de los gastos tributarios para ratificarlos o ponerlos en tela de juicio.

*Especialistas del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral.