La presencia del Presidente Alberto Fernández en la celebración del 100 aniversario del Partido Comunista Chino (PCCh), revela una vez más las contradicciones en la política exterior sobre Derechos Humanos de la Argentina. Si bien el primer mandatario asistió en su carácter de titular del Partido Justicialista, su presencia resulta inescindible de su rol como Presidente de la Nación.
El PCCh decide los destinos de su país desde 1949 con mano de hierro bajo un sistema de partido único autoritario al extremo. Son numerosísimos y variados los señalamientos de gravísimas violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el régimen chino hoy, y a lo largo de su historia.
Actualmente las más graves acusaciones se centran sobre la situación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Recientemente, un grupo de más de veinte importantes organizaciones de derechos humanos, basándose en informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se pronunciaron en el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dirigiéndose a la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, Michele Bachelet, le solicitaron que en forma urgente fortalezca el monitoreo remoto sobre China– pues el régimen impide cualquier tipo de acceso presencial- e inicie reportes públicos sobre la situación en todo el país, enfocándose especialmente en las regiones Uigures, Tibetanas y en Hong Kong.
La presencia del Presidente Alberto Fernández en la celebración del 100 aniversario del Partido Comunista Chino (PCCh), revela una vez más las contradicciones en la política exterior sobre Derechos Humanos de la Argentina
Los referidos informes de Amnistia y Human Rights Watch concluyen que el gobierno chino está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana uigur y otros grupos.
A esto deben sumarse tantísimos señalamientos que incluyen –sólo por mencionar algunos- persecución, encarcelamiento y desapariciones forzadas de disidentes, inexistencia absoluta de la libertad de prensa y represión a cualquier tipo de protesta pacífica. Ya en febrero pasado Bachelet señaló a China situaciones de restricción a las libertades civiles y políticas más elementales en nombre de la seguridad nacional; acusaciones penales arbitrarias detenciones y juicios injustos contra activistas, abogados y defensores de derechos humanos; e investigaciones contra más de 600 personas en Hong Kong por participar de protestas contra la ley de seguridad nacional. También se refirió a afirmaciones de expertos en cuanto a que al menos un millón de musulmanes vivían en campos de detención en la región de Xianjiang.
En otro plano, la “fraternidad” entre el Partido Justicialista (PJ) de la Argentina y el PCCh debería resulta contradictoria -o quizá no tanto, dados ciertos rasgos autoritarios del peronismo a lo largo de su historia. Si bien el PJ ha pretendido representar los derechos de los trabajadores y parte de sus bases fundacionales decían reivindicar el derecho a la sindicalización laboral, ¿cómo es que tan livianamente se hermana y lisonjea a un partido que sustenta un sistema económico que sí es verdaderamente un capitalismo salvaje, que apaña la explotación laboral y prácticamente prohíbe por completo una verdadera libertad de asociarse en sindicatos libres?
Al respecto, la Confederación Sindical Internacional (CSI) es una organización que afilia a las distintas centrales sindicales nacionales. La CGT, la CTA y la CTA Autónoma pertenecen a ella. Tanto estas centrales, como las organizaciones afiliadas a ellas, jamás podrían existir en China. El “Índice Global de Derechos” de la CSI califica a los países en una escala del 1 al 5 basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores, mostrando cuáles son los peores países del mundo para trabajar. En los países que se clasifican en el grupo 5 los derechos de los trabajadores no están garantizados, siendo la peor calificación.
Es precisamente esta calificación de 5 la que merece China según la CSI, quien señala por ejemplo –entre otras cuestiones- que: “El derecho a la huelga eliminado en 1982. El Gobierno utiliza con frecuencia las leyes de orden público para reprimir a los activistas jurídicos y los sindicalistas. No es posible que un trabajador participe en una huelga o manifestación legítima sin violar la ley china que prohíbe la alteración del orden público. Además, es común que el fiscal y el tribunal consideren que las acciones laborales emprendidas por los trabajadores son violaciones de la seguridad pública y no el ejercicio de derechos fundamentales.”
Sólo para dar un ejemplo, entre los que deben existir miles, cabe mencionar el caso de Lee Cheuk Yan, secretario general de la Hong Kong Confederation of Trade Unions, quien ha sido recientemente condenado a 18 meses de prisión por incitar, organizar y participar en asambleas no autorizadas el 1 de octubre de 2019. Esta condena se sumó a otra de 18 meses de prisión que se le habían impuesto en abril de 2021 en relación con otro acto por la democracia en agosto de 2019. ¿El PJ y el gobierno argentino, no deberían más bien solidarizarse con la persecución sufrida por el líder sindical?
Luego de las posturas tan ambiguas y cómplices que viene demostrando con las dictaduras Nicaragua y Venezuela, el gobierno argentino y el PJ deciden ponerse del lado de uno de los regímenes dictatoriales más represivos y políticamente más cerrado del mundo.
Una vez mas no se comprende cómo el gobierno, al cual según el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, no le tienen que “venir a decir lo que hacer con los derechos humanos”, decide con una obsecuencia lamentable –digna de relaciones carnales- celebrar el cumpleaños de dictadores. Y lo hace en una fiesta plagada de invitados autócratas de todas las regiones y tendencias, como lo demuestran presencias que van desde el sanguinario filipino Rodrigo Duterte al autócrata cubano Migual Diaz Canel. De derecha a izquierda, de oriente a occidente y de norte a sur.
No es un festejo a la gratitud debida por la solidaridad democrática internacional que recibieron las víctimas de la última dictadura argentina, mientras Cuba y la URSS bloqueaban resoluciones contra Videla en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Ni la apertura de mercados ni los negocios mutuos, ni las inversiones –sobre los que además se debe estar bien alerta- justifican esta sobreactuación del Presidente Fernández, que conlleva tamaño desprecio frente a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
*Director de Relaciones Institucionales de Cadal.
