Luego de meses de negociaciones entre el oficialismo y la oposición porteña, la megaobra Paseo del Bajo será finalmente fiscalizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) el próximo año. Pero el ente sólo logró conciliar el control del tramo C de la obra más grande de la historia de la Ciudad, en el período de los primeros cinco meses de este año. Se trata, curiosamente, del proceso que había sido entregado mediante licitación pública a la empresa Iecsa, entonces a cargo de Ángelo Calcaterra, por un contrato de 3.183 millones de pesos.
El primo Mauricio Macri vendió luego su empresa a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, que finalmente realizó la obra. A pesar de que Calcaterra ya no estaba al frente de Iecsa, la denuncia penal fue iniciada en mayo de 2019 por la presidenta de la AGCBA, Cecilia Segura, en sospecha de que el proceso licitatorio que llevó a cabo Autopistas Urbanas SA (AUSA) benefició al familiar del Presidente para ganar el tramo más jugoso de toda la obra. La causa que lleva adelante Claudio Bonadío se basa en el propio informe que todos los auditores de la AGCBA hicieron sobre el proceso de adjudicación.
Por eso es tan importante que este tramo ahora sea auditado. Aunque todavía no firmaron la planificación oficial, el Equipo de Investigación de Perfil Educación confirmó con los siete auditores de la AGCBA que en 2020 se fiscalizará la parte más importante en términos económicos del Paseo del Bajo, con un contrato que equivale casi al 50% del total de los tres tramos de la obra y que representa la inversión porteña más alta de los últimos diez años.
La trinchera semi-cubierta norte es conocida como el tramo C y es el tramo más caro y el más polémico: estuvo envuelto en controversia desde que la Auditoria de la Ciudad publicó en 2017 un informe advirtiendo que se presentaron irregularidades en los procesos licitatorios realizados por AUSA, la empresa constructora de obras viales de la Ciudad. Entre ellos, ya se mencionaba que la documentación en respaldo de la adjudicación resultaba "incompleta y desordenada" y que no se justificaba porque se habían abierto los sobres en desorden a lo que indicaban los pliegos, un error que benefició a Iecsa en ganar el tramo más caro.
El Equipo de Investigación tuvo acceso a la denuncia penal presentada por Segura (ver aparte), que profundizó los cuestionamientos al proceso de licitación de la obra que había sido revelado en el informe de la AGCBA. La causa judicial es contra Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño; Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; Carlos María Frugoni, presidente de AUSA; y Natalia Bustos, jefa de compras de AUSA. El Equipo de Investigación se contactó con todos los denunciados pero ninguno quiso realizar declaraciones.
Según la denuncia, el procedimiento de la adjudicación estaba claro en los pliegos. En primer lugar, la presentación de cada empresa se hacía en dos sobres. En uno, se detallaba la capacidad legal, económica y técnica para realizar la obra y, en el otro, la oferta económica. Si bien los oferentes podían presentar oferta por los tres tramos, sólo podían ser adjudicatarios en uno, por lo cual quedaban descartados al conseguir uno de los contratos. Por último, la apertura de los sobres debía ir de mayor a menor precio. Es decir, primero el tramo C, después el tramo B y, por último, el tramo A.
Sin embargo, en vez de empezar por el tramo más caro, AUSA decidió abrir primero sobre del tramo A. Desde la compañía de autopistas aclararon para esta investigación que "se decidió abrir primero el tramo A porque era en el que AUSA tenía más experiencia técnica y podía evaluarlo más rápidamente". En ese acto, se descalificó a la empresa española Isolux-Corsan, casa matriz de Corsan Corviam, con presupuestos más bajos, en el tramo más barato. Esta compañía no pudo cumplir con la construcción de la obra, por lo cual, su contrato fue rescindido en diciembre de 2017 y pasó a estar a cargo del siguiente oferente, la UT, compuesta por las empresas argentinas JCR y COARCO.
El segundo sobre abierto fue el C, adjudicado a Iecsa. Capitalizada por esta obra, Calcaterra vendió la empresa tres meses después de ganar la licitación a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor. Aunque el monto no trascendió, fuentes del mercado aseguran que rondó los 40 y los 60 millones de dólares. La venta sucedió en marzo de 2017, meses después de las denuncias del caso Odebrecht en Brasil y en el marco de las sospechas de incompatibilidad entre la familia del Presidente y la empresa constructura. El Equipo de Investigación se contactó con Calcaterra y con Mindlin pero no quisierin realizar declaraciones.
"Hice la denuncia porque era muy grosera la maniobra, había posible comisión de delito y como funcionaria pública tengo el deber de denunciar", afirmó Cecilia Segura Rattagan, presidenta de AGCBA, para esta investigación. La auditora sospecha que si se hubiera abierto primero el sobre C, como lo pautaba el artículo 10.3 de los pliegos de licitación, podría haber sido adjudicado a Isolux-Corsan y no a Iecsa, que firmó contrato con un presupuesto de 3.183 millones de pesos, un 29% menos que lo que proponía el presupuesto oficial.
Esta es la denuncia completa contra Rodriguez Larreta y otros funcionarios por la licitación del Paso del Bajo:
Entre otras irregularidades que figuran en la denuncia penal presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se resalta el otorgamiento de anticipos financieros a las empresas, que no estaban previsto en el pliego de bases y condiciones de la licitación. Luego de las PASO, la justicia emitió una orden de presentación para que AUSA entregue datos sobre el proceso licitatorio. El juez Bonadío no quiso dar testimonio para esta investigación.
Además, la denuncia de Segura esboza que, de haberse abiertos los sobres en el orden pautado por los pliegos, la obra hubiera costado 309 millones menos. Asimismo, la procuraduría agregó se podía deducir que la obra se pagó mucho más cara que el valor adjudicado originalmente, aproximadamente, un 68%. Esto será ahora verificado por la auditoría en 2020.
La auditoría del Paseo del Bajo ya había generado tensiones políticas en el ente de control porteño en 2018, dado que los auditores opositores consideraban que había que auditar la obra durante el proceso de construcción, mientras que los oficialistas, que son mayoría, se posicionaron por postergar la auditoría para el próximo año.
La AGCBA atraviesa un momento importante dado que se encuentra en discusión la planificación para 2020. El ente está conformado por tres auditores que responden a Larreta, Raquel Herrero, Vicente Rodríguez y Jorge Garayalde; a los que se suman Facundo Del Gaiso, del radicalismo, y Mariela Coletta, de Evolución. En la oposición se encuentra la presidenta Segura Rattagan, legisladora porteña electa por el Frente de Todos; y Hugo Vasques, que ingresó por el Frente Para la Victoria en 2018, pero se posicionó en contra de auditar el Paseo del Bajo en año de elecciones.
La AGCBA es de mayoría macrista pero las pujas políticas y la importancia económica del tramo C son las que presionaron para no dejar afuera la auditoría de esta obra. De auditarse de manera completa, a nivel licitación, adjudicación, desarrollo de obra y puesta en marcha de la misma, sería una de las auditorías más grandes del organismo, junto a la del Arroyo Maldonado.
"Vamos a auditar el tramo C, que es el más caro. Nos pareció que si uno de los auditores tiene una mínima duda, el compromiso es auditar eso", afirmó Garayalde ante el Equipo de Investigación. Mientras que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos indicaron que no encuentran inconvenientes en que se lleve adelante la auditoría sobre la licitación del Paseo del Bajo "dado que todo el proceso respetó altos estandares de transparencia y se realizó bajo las normas y reglamentaciones del Banco de Desarrollo de América Latina CAF".
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires la megaobra está presupuestada en 700 millones de dólares y, al momento, han sido ejecutados 575 millones de dólares, habiendo finalizado los tramos A, B y C en sus fines viales. Sin embargo, resta aún terminar algunas obras en superficie y complementarias y la adecuación de pasos bajo nivel correspondientes al tramo A.
La megaobra se financió en un 43% con fondos de la Ciudad y en un 57% con fondos de Nación. Los últimos, provienen de un préstamo de hasta 400 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco multilateral de créditos. Por estas transferencias de Nación, la obra también entra en la órbita de la Auditoría General de la Nación (AGN). Oscar Lamberto, presidente de la AGN, adelantó al Equipo de Investigación que es "muy probable" que el Paseo del Bajo también entre en plan de auditorías 2020 de la AGN. El proyecto del plan se envió al Congreso, para que sea aprobado por la Comisión mixta revisora de cuentas.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
