El gobierno prevé blanquear a un millón de trabajadores antes de fin de año

El Registro Nacional de la Economía Popular tuvo su origen con la aprobación de la ley de Emergencia Social que votó el Congreso en noviembre del 2016. Fueron fuertes las presiones ejercidas por los movimientos populares como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa, la CGT, entre otras. La norma mencionaba por primera vez en nuestro país a los trabajadores de la economía popular. Planteaba la creación de un registro estatal que identifique  a estas personas que conforman ese 40% del esquema económico informal. El gobierno de Macri nunca avanzó con ese registro. En 2020 llegó el coronavirus cuya pandemia obligó al gobierno de Alberto Fernández a otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este proceso de registración para aplicar el beneficio de los $10.000 triplicó el número de personas que el gobierno había proyectado. “Dejó en evidencia que el Estado desatendió a un 20% de argentinos, 9 millones de personas que el Estado no registraba”, había dicho Alberto Fernández en el acto por el día de San Cayetano. Según el Ministerio de Desarrollo Social ese universo informal es de 6 millones de personas. El 4 de junio se lanzó oficialmente el ReNaTEP, que es un primer paso para que estas personas accedan, luego, a los incentivos que este proyecto contempla.

Foto: Martín García, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Incentivos:

Nuestro país tiene una carga tributaria que está el tope del ranking mundial. Esto termina por empujar a las personas de los oficios populares a la informalidad absoluta. Escapan del pulpo fiscal, aunque también se quedan sin aportes jubilatorios y sin acceso al crédito, entre otras dificultades. El ReNaTEP ofrece, primero, otorgar un número de registro a cada postulante que es sometido a un chequeo mediante el cruce de datos para constatar si puede o no acceder al sistema. Una vez adentro, el estado les ofrecerá el acceso al monotributo social que cuenta con un periodo de gracia de dos años. Mediante este régimen los emprendedores son reconocidos e inscriptos como contribuyentes y tienen así la posibilidad de emitir facturas, acceder a las prestaciones de las obras sociales del sistema nacional de salud e ingresar al sistema previsional. También pueden ser proveedores del Estado. Este monotributo no es obligatorio para sostenerse en el registro. “Estamos analizando otros formatos fiscales para estos trabajadores y trabajadoras”, dice a Perfil Sonia Lombardo, Directora del Registro Nacional de Efectores Sociales. Otro incentivo es el acceso al crédito no bancario con tasas muy bajas para que puedan potenciar y mantenerse en sus oficios habituales. “Los beneficios no son automáticos, una vez registrados deben luego solicitar el acceso a estos incentivos, sólo si quieren”, agrega Lombardo. También habrá subsidios para comprar maquinaria y no quedarán exceptuados aquellos que ya tengan monotributo y no estén contemplados en ningún convenio colectivo de trabajo. El ReNaTEP, a través del programa Salario Social, les permitirá a los inscriptos “facturar por dos años sin pagar impuestos y podrán tomar créditos productivos, para incorporar máquinas o elementos para trabajar", dijo Arroyo. También, por un convenio firmado entre el gobierno y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, se convierten en cajas de ahorro de libre administración –similar a una cuenta sueldo- las cuentas bancarias de las y los titulares de Potenciar Trabajo y otros programas sociales. Es decir que, aquellos beneficiarios, dispondrán de una cuenta bancaria mediante la cual podrán recibir transferencias y depósitos por otras actividades particulares que realicen, sin costos adicionales y en el marco de lo establecido por el Banco Central.

Cifras: Las mujeres, las más pobres.  

La información a la que pudo acceder Perfil.com refleja que de las 604.200 personas que se registraron de forma voluntaria hasta el momento, 348.398 son mujeres (58%) y 255.802 (42%) son hombres. Alcanza a todas las provincias del país y en donde se concentra la mayor cantidad de anotados es en la provincia de Buenos Aires (208.919), seguido por Tucumán (32.873) y Salta (31.112). “La pobreza tiene cara de mujer en Argentina”, afirmó a Perfil el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y agregó: “Ellas tienen  la tarea del cuidado de otras personas, uno de los oficios predominantes en la economía informal”.

Este 10% potencial de inscriptos pudo acceder a la solicitud de manera virtual y “con esta modalidad aspiramos a llegar al millón de anotados a fin de año”, comenta Sonia Lombardo, y agrega: “Hemos superado las expectativas ya que aún falta el trabajo de campo”. En Argentina, según el Banco Mundial, cerca del 50% de la población no tiene acceso a internet. “Estamos trabajando territorialmente con los municipios que ya cuentan con registros previos que nos permiten tener un aproximado”, afirma la Ministra de Desarrollo Social de La Rioja, Gabriela Pedrali. Se prevé para una etapa de pos pandemia un trabajo territorial que llegue con planilla en mano a los sectores más alejados. Todavía no se sabe si el ReNaTEP modificará el índice de desocupación en Argentina o será incorporado como dato complementario.

Los oficios:

Al ReNaTEP pueden inscribirse todos los trabajadores y trabajadoras que realicen actividades en el marco de la economía popular comprendidas en las categorías: Comercio popular y trabajos en espacios públicos, Recuperación, reciclado y servicios ambientales, Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, Industria manufacturera, Servicios socio-comunitarios, Agricultura familiar y campesina, Transporte y almacenamiento, Servicios personales y otros oficios. La mayoría de los postulantes dicen trabajar en su domicilio particular (129.689 inscriptos) o en un hogar particular (125.341 inscriptos). Algunos sectores que quedaron excluidos, donde también predominan las mujeres son, por ejemplo, las amas de casa, ya que cuentan con un convenio colectivo de trabajo y, por otro lado, el trabajo sexual, que en un principio había sido incluido, pero luego, por la negativa de Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata de Personas y para la Asistencia a las víctimas, que junto con el Ministro Arroyo coincidieron en que “la prostitución no es trabajo”, esta categoría fue dada de baja.

Los movimientos sociales:

Silvia Saravia, la Coordinadora Nacional del Barrios de Pie manifestó cierto descontento ante las políticas públicas dispuestas por el Gobierno. “Las promesas y propuestas que se habían anunciado, no vemos que se concreten en la realidad”, comentó a Perfil.com la referente popular respecto de programas como Potenciar Trabajo o la Asistencia Alimentaria y contó que “desde las distintas áreas del Ministerio nos manifestaron que, efectivamente, había algunas dificultades y desencuentros” ante su implementación. Por su parte, los referentes de movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) o Movimiento Evita, entre otros, están en permanente diálogo tanto con el presidente Alberto Fernández, como con la vicepresidenta Cristina Fernández y ministros, para llevar adelante los programas que buscan “promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

*Integrantes del Equipo de Investigación de Perfil Educación.