La imputación de la infanta Cristina de España, hija menor del rey Juan Carlos, en un caso de corrupción estaría cada vez más cerca, luego de que se conociera un contrato de alquiler ficticio firmado por ella como arrendadora y arrendataria, al mismo tiempo, para evadir impuestos. Ahora el juez del “Caso Nóos”, José Castro, -en el que está imputado el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín- investiga si la hija del rey cometió delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El diario El Mundo publicó que Cristina de Borbón emitió decenas de facturas para cobrar el falso alquiler de 526 euros mensuales por su mansión en el exclusivo barrio de Pedralbes (Barcelona) a “Aizoon”, la sociedad que comparte con Urdangarín y a la que éste habría desviado parte de los millones de euros de fondos públicos de los que se apropió indebidamente. Se presume que el contrato fraudulento de alquiler de su residencia a Aizoon, con la firma como “arrendador” y como “arrendatario” de la infanta y de su esposo, fue utilizado por éstos para generar gastos ficticios y pagar menos impuestos.
El fisco descubrió la operación fraudulenta de autoalquiler por la que la Infanta habría desviado 6000 euros en 2006, 6180 euros en 2007, 6444 euros en 2008, 3.828 y 3.300 en 2009 (declarados por separado); y 4.995 en 2010. En total, 30.747 euros. Así, la compañía Aizoon -de la que la mujer es propietaria al 50%- emitió facturas falsas para vaciar las arcas del Instituto Nóos, una ONG mediante la cual Iñaki Urdangarín hacía negocios fraudulentos y cuyos fondos fueron utilizados por la pareja para costear sus gastos personales.
Para El Mundo, esta nueva prueba “confirma la implicación directa” de la hija del rey Juan Carlos en la trama urdida por su esposo, y “la sitúa en el epicentro del fraude fiscal y del blanqueo de capitales por el que el juez estudia llamarla a declarar”. La primera decisión judicial tomada al respecto fue la de embargar la residencia de la Infanta después de que Urdangarín no pagara la “fianza de responsabilidad civil” que le impuso por un importe de 6,1 millones de euros. Junto a esta residencia, fueron embargadas otras 16 propiedades más, como tres lujosos departamentos de 300 m2 cada uno.
La mansión. La fastuosa vivienda está en venta por 10 millones de euros desde que la pareja se trasladó a vivir con sus hijos a Ginebra (Suiza), en septiembre. Esta lujosa vivienda, de 1000 m2, ubicada en el exclusivo barrio de Pedralbes, de Barcelona, fue comprada por los Duques de Palma en 2004 por 5,8 millones de euros y gastaron otro millón de euros en reformas.
“La casa necesita una reforma a fondo”, informaba entonces la prensa española, que enumeraba: las ventanas cerraban mal, había goteras, no funcionaba la calefacción y tampoco había agua caliente porque las cañerías eran viejas. ”Una reforma que podría cifrarse, como mínimo, en 600.000 euros, ya que en realidad, todo el interior debe hacerse de nuevo. La apariencia de la casa es impresionante, pero lo cierto es que casi hubiera valido más la pena tirarla abajo y construirla de nuevo”.
La lujosa casa está construida en un terreno de 2155 m2, tiene una superficie de mil metros cuadrados útiles, está distribuida en tres pisos y cuenta con 7 habitaciones y 10 baños, además de piscina con agua de mar, área deportiva, bodega, lavadero, garaje y cristales blindados. “¿De dónde sale el dinero para este cambio?”, se preguntaba el diario El Mundo en 2005, tras asegurar que “los dos sueldos de la pareja no parecen suficientes para permitirse esa nueva casa”.
En enero de 2012, la Agencia Tributaria Española constató que, además de las obras de refacciones, la decoración del palacete fue pagada con los fondos públicos que los gobiernos Balear y Valenciano otorgaron al Instituto Nóos y que, a su vez, Urdangarín y su socio desviaban a sus empresas privadas, como es el caso de la sociedad “Aizoon”.
En total, la Infanta y su marido destinaron 600.000 euros provenientes de arcas públicas para comprar los muebles, electrodomésticos y hasta los cuadros de la vivienda. Doña Cristina de Borbón -de 46 años- ya fue imputada por el juez del caso por su presunta complicidad en los delitos cometidos por Urdangarín y el exsocio de éste, Diego Torres, pero posteriormente una instancia judicial superior anuló la decisión judicial al considerar que no había pruebas suficientes.
La investigación, sin embargo, continuó teniendo a Cristina en la mira por posible fraude fiscal vinculado a su papel en “Aizoon”. Ahora, establecida en Ginebra con sus cuatro hijos, la hija menor del rey podría convertirse en la primera miembro de la monarquía española en tener que rendir cuentas a la Justicia, un hecho inaudito en la historia del país y un escándalo que está costando caro a la monarquía española.
(*) Especial para Perfil.com
