Un segundo detenido en las protestas que siguieron a la cuestionada reelección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, murió en prisión, denunciaron ayer una ONG y el hijo del recluso, quien sostiene además que las autoridades negaron el fallecimiento de su padre.
Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido en medio de la crisis poselectoral, falleció el jueves en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), señalaron la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de Presos Políticos.
“A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel”, acusó su hijo, también llamado Jesús Álvarez, en un comunicado del OVP.
El joven, de 22 años, explicó que al conocer la noticia en redes sociales se trasladó al servicio de medicina forense, donde apenas le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. No lo había visto desde que fue detenido, dijo una fuente del OVP.
“En dicha foto vio a su papá irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado (...). Observó que tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe”, añadió el OVP.
Cuando la familia de Álvarez intentó iniciar los trámites para retirar el cuerpo, los funcionarios de Tocuyito aseguraron que “no hay ningún muerto”.
Álvarez es el segundo fallecido en custodia desde que estallaron las protestas contra Maduro, que dejaron 27 muertos y casi 200 heridos.
El primero fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora, María Corina Machado. Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona, en el este del país, por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II.
Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición. Las autoridades informaron de la excarcelación de unas 300, aunque la ONG Foro Penal, que defiende a “presos políticos”, solo ha logrado registrar unas 208, adolescentes incluidos.
Los familiares de los detenidos han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas, malos tratos y deficiencias alimentarias en los penales.
“Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó Álvarez hijo.
El joven también tiene a su madre detenida y exige su liberación.
Una desaparecida. Por otra parte, Human Rights Watch (HRW) denunció la presunta desaparición forzada de la ciudadana hispano-venezolana Sofía María Sahagún Ortiz, a quien se perdió la pista el 23 de octubre en el aeropuerto de Caracas, cuando se disponía a viajar rumbo a Madrid.
Según explica esta organización de defensa de los derechos humanos, la familia de Sahagún supo de ella por última vez a través del mensaje de texto que envió a su marido para informarle que había pasado el control migratorio antes de subir al avión.
Al día siguiente, la familia supo que no se le permitió subir al avión y desde entonces no han tenido información sobre su paradero, pese a que han solicitado repetidamente a las autoridades venezolanas que la localizaran y aclararan si había sido detenida.
Según la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, “Sahagún Ortiz parece ser víctima de una desaparición forzada, un delito grave según el derecho internacional, y lamentablemente común en Venezuela hoy en día”.
Desde HRW explican que el derecho internacional define la desaparición forzada como la detención de una persona por parte de fuerzas estatales o sus agentes, quienes se niegan a reconocer dicha detención o dar a conocer el paradero de la persona.
Tras la desaparición de Sahagún Ortiz, agentes de policía acudieron en repetidas ocasiones a su domicilio, acosando a familiares y conocidos con preguntas sobre la familia, según ha contado el esposo de esta a HRW, lo que llevó a este y sus hijos a mudarse primero y días más tarde huir de Venezuela.
Además, el 30 de octubre, el abogado de la familia se dirigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar que investigaran el caso, pero los fiscales se negaron a abrir una investigación. Optaron por remitir el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), una rama de la policía encargada de realizar investigaciones forenses, según ha constatado la ONG.
“El gobierno venezolano debe dar a conocer con urgencia su paradero, y las autoridades españolas deben presionar a Maduro para que garantice sus derechos”, ha reclamado Goebertus.
Otros españoles. El caso de Sahagún Ortiz vendría a sumarse al de otros españoles que se encuentran encarcelados en Venezuela. Precisamente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, denunció,, tras reunirse con víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro y representantes de las denuncias ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), que entre los 1.900 presos políticos que se estima que hay en las cárceles venezolanas figuran 16 españoles.
No está claro si esta cifra incluye a los dos españoles detenidos y acusados de formar parte de un complot orquestado por la oposición contra Maduro. Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, fueron detenidos a principios de septiembre.
Según Caracas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el gobierno ha negado en todo momento. Pese a las reiteradas peticiones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que ambos puedan recibir atención consular, hasta el momento no hay constancia de que hayan podido ser visitados por el cónsul español.
