Al borde del abismo: Temer afronta una denuncia penal por los sobornos

Tras haber salido airoso de un proceso judicial en su contra en el Tribunal Superior Electoral, el presidente de Brasil, Michel Temer (PMDB), volverá a asomarse al abismo político a partir de la semana próxima, cuando se espera que el procurador general del país, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal una denuncia penal formal contra el mandatario por su presunta autorización a un pago de coimas. Para poder procesar a Temer, el STF necesitará la aprobación de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Si el presidente pierde esa batalla en el Parlamento, será apartado de su cargo para que el máximo tribunal lo juzgue.
La inminente denuncia de Janot se basa en la delación premiada del empresario corruptor Joesley Batista, de la compañía cárnica JBS, quien hace un mes dio a conocer una grabación de una conversación entre él y Temer en la que éste habría avalado el pago de un soborno al ex presidente de Diputados, Eduardo Cunha, preso y condenado en el marco de la investigación del Lava Jato, a cambio de su silencio. La delación de Batista provocó una crisis brutal en el Gobierno y abrió dudas sobre la capacidad de Temer para resistir en el poder.

Janot ya adelantó que existen “indicios” de que Temer cometió los delitos de corrupción pasiva, asociación ilícita y obstrucción a la Justicia. Su acusación también apunta contra un ex asesor especial de Temer, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), a quien el presidente mencionó como un interlocutor de su confianza para que JBS encaminara eventuales pedidos al gobierno. Rocha Loures fue señalado como “valijero” presidencial luego de que apareciera un video suyo recibiendo una valija con 500 mil reales de parte de un representante de JBS.

El plazo para que Janot presente su acusación ante el STF vence pasado mañana. Además de las declaraciones de Batista y de otros involucrados en la trama, la denuncia incluirá las pericias técnicas de la Policía Federal sobre la grabación revelada por el empresario. Uno de los puntos claves de la estrategia de la defensa de Temer ha sido afirmar que el audio fue editado para perjudicarlo. Sin embargo, el peritaje policial divulgado esta semana refutó esa hipótesis.
Esta será la primera vez que un presidente brasileño en ejercicio sea denunciado por un delito común. Una vez que Janot eleve la denuncia al STF, se espera que el tribunal derive el asunto a Diputados. El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, tendrá que enviar primero el pedido a la Comisión de Constitución y Justicia para un examen preliminar. Allí se abrirá un plazo máximo de quince sesiones para que la defensa de Temer presente sus argumentos y para que el legislador elegido como relator del caso dé su parecer.

Una vez superado el trámite en comisión, el asunto pasará al plenario de la Cámara. Allí se necesitarán 342 votos sobre un total de 513 para que el STF pueda juzgar a Temer. Si los diputados autorizaran el proceso, los 11 jueces del máximo tribunal analizarían conjuntamente la denuncia de Janot. Si la mayoría de los magistrados decidiera juzgar a Temer, éste sería apartado de su cargo por hasta seis meses, período en el que Maia asumiría como presidente interino.
Aunque los procesos criminales en el STF duran en promedio cinco años, se presume que el tribunal daría máxima celeridad al juzgamiento del mandatario para evitar mayor inestabilidad política. Si Temer fuera finalmente condenado por el STF, como ya se cumplió la mitad de su mandato, habría que convocar a elecciones indirectas para que el Parlamento eligiera una fórmula presidencial que concluyera el período gubernamental hasta 2018. Si Temer resultara absuelto, volvería al Palacio de Planalto, a menos que el desgaste político lo forzara a renunciar.

La suerte del presidente brasileño depende, por lo tanto, de la cambiante relación de fuerzas en el Parlamento. En los papeles, la coalición gobernante hoy tiene mayoría legislativa; sus voceros dicen sentirse confiados en que la denuncia no prosperará. Sin embargo, el tiempo juega en contra de Temer: cuanto más se dilate la discusión parlamentaria, mayor será el desgaste para el Ejecutivo y mayor será la exposición para diputados que, según las reglas de la Cámara, tendrán que votar individualmente, a micrófono abierto y en una sesión televisada en vivo. Al mismo tiempo, cualquier evento político que afectara al gobierno, como nuevas denuncias mediáticas o judiciales por corrupción, podría hacer mella en su mayoría circunstancial.

Bajo el argumento de que hay que reducir focos de inestabilidad, los miembros de la coalición oficialista dicen que intentarán zanjar cuanto antes la cuestión. Confiados en que tienen los 172 votos necesarios para rechazar la denuncia, quieren someterla a votación antes del 18 de julio, cuando se inicia el período de receso parlamentario. Maia incluso advirtió que, de ser necesario, se podría suspender ese receso. Por su lado, la oposición alega que la gravedad de las denuncias amerita un análisis minucioso y advierte que hará uso de todo el tiempo reglamentario.

Señales de alarma para el Gobierno
A poco de que se inicie una batalla política en el Parlamento por la denuncia penal contra Michel Temer que presentará el procurador general de la República, Rodrigo Janot, la coalición gobernante tuvo en los últimos días algunas señales de alarma legislativa. La más significativa no provino de Diputados sino del Senado, donde el oficialismo presume tener su principal bastión político. Allí, contra todo pronóstico, los aliados del presidente brasileño perdieron una votación que daban por ganada en una comisión de la Cámara alta sobre su proyecto de reforma laboral, una iniciativa crucial para el Poder Ejecutivo. Fue sólo una muestra de lo volátil que es hoy la relación de fuerzas en el Parlamento, donde el presidente Temer empieza a jugarse su permanencia en el poder.
Ante ese escenario, el presidente se reunió esta semana con su base aliada en Diputados para delinear la estrategia a seguir una vez que el fiscal Janot presente su denuncia ante el STF. El primer objetivo es evitar que la “fuerza de choque” de Temer en la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados sufra defecciones de legisladores atemorizados.