La justicia española puso en suspenso la imputación de la infanta Cristina de Borbón, la hija menor de los reyes de España, en el caso de corrupción en el que sí está imputado su marido, Iñaki Urdangarin, caso que lleva golpeando a la monarquía española más de un año. Los investigadores consideran que no existen indicios suficientes que vinculen a Cristina con el laberíntico caso.
Un tribunal de tres jueces decidió dar lugar, en parte, al recurso de amparo presentado por la fiscalía y la defensa para levantar la imputación de la hija del rey, quien queda "libre de sospecha" aunque el fallo judicial deja abierta la posibilidad de una nueva imputación si aparecieran evidencias de delito fiscal. El bache en el prestigio de la monarquía parece, sin embargo, irreparable.
José Castro, el juez de Palma de Mallorca (Islas Baleares) encargado de la investigación del "Caso Palma Arena" (del cual se desprende el denominado "Caso Nóos") imputó a la infanta el pasado 3 de abril y la citó a declarar, considerando que ella pudo ser "cómplice" de las supuestas actividades delictivas de su marido.
La decisión anuló los esfuerzos de la Casa Real por desvincularse de las sospechosas actividades privadas de Urdangarin e inició un debate público sobre la transparencia de la institución monárquica.
El informe judicial indica que no hay pruebas de que Cristina de Borbón hubiera participado en contratos o actividades del "Instituto Nóos" (presuntamente utilizado por Urdangarin para el desvío de fondos públicos) pero cuestionó que desconociera las actividades financieras de su marido y los beneficios económicos obtenidos de forma irregular y aprovechándose de su posición.
En tanto, el tribunal dijo que no hay evidencias de "complicidad" de la infanta pero que debe seguir investigándose el posible delito de evasión y el lavado de dinero.
La Casa Real española manifestó hoy su "respeto" hacia la decisión de la justicia por la "desimputación" real, pero hace tiempo que están en marcha mecanismos para desligar a Cristina y a su marido (Duques de Palma) de todo lo relacionado con la agenda y el presupuesto de la Corona.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, calificó de "magnífica noticia" la decisión de Justicia de dejar sin efecto la imputación "porque es una Infanta de España".
La eliminación de la imputación significa, para algunos, un punto a favor para la monarquía en momentos en que su imagen pública está dañada severamente y cuando son cada vez más los españoles que piden la abdicación del rey Juan Carlos o la instauración de una República. Sin embargo, según una encuesta publicada el viernes, la confianza de los españoles en la monarquía cayó bruscamente, pasando de 4,97 puntos sobre 10 en octubre de 2011 a 3,68 puntos.
Otro sondeo, realizado antes de la imputación de la infanta y publicado el 7 de abril, mostraba que el 53% de los españoles “desaprueban” la forma en que el rey Juan Carlos ejerce sus funciones, contra 42% que “lo aprueban”, y que la caída de popularidad del rey es muy significativa entre los más jóvenes, nacidos después de la restauración de la monarquía, tras la muerte de Franco, en 1975. Aunque queda, de momento, ajena a la polémica investigación judicial, la fallida imputación de la infanta Cristina ya se presenta como la última vergüenza de la Corona.
(*) Especial para Perfil.com.
