"No se advierte por qué fuimos convocados”, argumentó Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Con ese planteo, los funcionarios argentinos que representaron al Estado ante el organismo internacional relativizaron las denuncias de los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes denunciaron la “demonización del periodismo” de parte del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la audiencia celebrada en Washington DC, donde también se escucharon reiterados pedidos de los relatores para conocer las reglas de distribución de la pauta oficial, los representantes del Estado nacional cuestionaron la "pertinencia" de la denuncia ante ese tribunal y ratificaron la existencia de "criterios" de reparto de la pauta oficial entre los distintos medios nacionales.
Ruiz Guiñazú y Morales Solá expusieron en representación de un grupo más amplio de periodistas, integrado por Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José Eliaschev, solicitaron en agosto una audiencia en la CIDH para denunciar distintos episodios que, en su criterio, afectan el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
La delegación argentina estuvo encabezada por la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, quien participó de la audiencia pero no hizo uso de la palabra.
Previamente, la diplomática había acusado en su perfil de Facebook a los periodistas de haber viajado a la CIDH para "victimizarse" y de ser "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".
Por el Estado nacional, el encargado de la primera exposición fue el director de Contencioso Internacional de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, Javier Salgado. "No se advierte por qué fuimos convocados", expresó Salgado, quien estimó que acudir a esa instancia interamericana solo "resulta pertinente, cuando no se activaron los resortes internos" correspondientes.
Según expresó Salgado, Argentina “es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”.
“No se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”, consideró.
Luego de las exposiciones, que se extendieron durante 20 minutos cada una, llegó el turno de las preguntas de la relatora especial de la CIDH para la libertad de expresión, Carolina Botero; de Rodrigo Escobar Gil, el relator especial para Argentina, y de Rosa María Ortiz, otra de las relatoras de la comisión.
Según asegura la agencia DyN, la mayoría de las preguntas estuvieron orientadas en el mismo sentido, ya que hubo varios cuestionamientos sobre la "reglas" utilizadas por el Gobierno nacional para la distribución de la pauta oficial, sobre la existencia de un "pedido a empresas privadas de no anunciar" en ciertos medios de comunicación o sobre las "garantías" de una aplicación "equitativa" de la Ley de Medios.
La última presentación estuvo a cargo del subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Juan José Ross, quien afirmó ante la CIDH que "el Estado argentino tiene criterios para la distribución de la publicidad oficial" y aclaró, en respuesta a una acusación previa en relación a la Corte Suprema, que "cumple con las sentencias" judiciales.
