Frente al mundo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mostró hace una semana, con orgullo, su consenso a la hora de condenar el régimen de Libia y recomendar su suspensión del organismo. Y la Argentina eligió embanderarse a sí misma como copatrocinante de la resolución para difundirlo a viva voz. Sin embargo, la historia detrás del documento es otra: negociaciones secretas, presiones de Buenos Aires para suavizar el lenguaje punitivo contra Muamar Kadafi, deudas históricas e intereses políticos solapados bajo la falsa imagen de unidad del mundo contra las violaciones a los derechos humanos.
“Argentina no es líder en la defensa de la democracia dentro del Consejo, más allá de lo que diga. Y en este caso, mantuvo su tradicional perfil bajo”, comentó desde Ginebra a PERFIL Hillel Neuer, abogado de víctimas libias y director de la organización civil UN Watch que participó de las sesiones de consulta previas a la adopción de la resolución el viernes 25 de febrero. “Argentina y Latinoamérica suelen pronunciarse con la lógica de los No Alineados, junto a los países islámicos. En su conducta, pesa la solidaridad.”
Según pudo reconstruir PERFIL, a partir del testimonio reservado de un diplomático latinoamericano que participó de las negociaciones, hubo dos borradores previos al documento final. Las conversaciones para alcanzar la primera versión, bajo impulso del Reino Unido y Francia, se extendieron durante 72 horas de contactos informales, en los que el nombre de Kadafi fue removido. Aún así, el texto del primer borrador ponía mayor énfasis en la existencia de “crímenes de lesa humanidad” en Libia como delitos “generalizados y sistemáticos”. La Argentina se mantuvo al márgen.
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