Prácticamente casi con el mismo discurso, Argentina primero se abstuvo de apoyar una resolución conciliadora con el gobierno venezolano, para luego votar otra hostil al Presidente Maduro, acompañando a una mayoría latinoamericana, co-patrocinada por la Unión Europea, que prolonga por dos años una misión de tres expertos internacionales, quienes tras un año de “verificación de hechos”, han confirmado indicios de crímenes de lesa humanidad durante la revolución bolivariana.
Por 14 votos a favor, 7 en contra, pero con 26 abstenciones, Venezuela consiguió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sacar penosamente adelante una resolución que admite conjeturalmente “restricciones al espacio cívico y democrático, incluidas las denuncias de supuestos casos de detención arbitraria, intimidación y difamación de manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos”. Y aceptó la exhortación de seguir “poniendo en libertad a todas las personas presuntamente privadas de libertad de manera ilegal y arbitraria”, en “conformidad con el derecho constitucional venezolano y las normas internacionales”.
El embajador de Caracas en Ginebra, Jorge Valero, acusó al “criminal y genocida bloqueo económico y financiero, impuesto por el gobierno de Donald Trump”, presunta fuente de todos los males. A su vez prometió intensificar la cooperación con los enviados de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que deberían ser seis de acuerdo a lo pactado con Ginebra, y no dos como actualmente, quienes están visitando cárceles, entrevistando detenidos, y dialogando con el gobierno, tratando de dar seguimiento en tiempo real a las alegaciones de la sociedad civil.
Argentina apoyará el informe de Bachelet sobre situación de DD.HH. en Venezuela
Sin referirse a las 8000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, junto a denuncias de aplicación masiva y sistemática de la tortura y de la detención arbitraria, censadas en los informes del Alto Comisariado de la ONU para Derechos Humanos, de 2014 en adelante, Venezuela estuvo lejos con su resolución de reunir una mayoría suficiente de al menos 24 sufragios en un órgano de 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una repartición proporcional pactada de acuerdo a las 5 regiones en que la ONU divide el mundo. De los 8 países latinoamericanos y del Caribe, que forman parte de esos 47 miembros del antes mencionado Consejo, la propia Venezuela y México votaron a favor. Los demás 6 actuaron divididos. Se opusieron Uruguay, Brasil, Chile y Perú, y se abstuvieron Bahamas y Argentina. Los diez países de la Unión Europea, también se abstuvieron. Hecho no insólito, las Islas Marshall, del Océano Pacífico, hipotético testaferro de Estados Unidos en este Consejo, del que renunció en 2018, votaron igual que los 4 países latinoamericanos que se opusieron a Maduro.
En cambio, por 22 si, 3 no, y 22 abstenciones, el denominado Grupo de Lima, compuesto por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, en alianza con los 10 países de la Unión Europea que constituyen este Consejo, prolongaron por dos años más, la asimismo antes enunciada “Misión de establecimientos de hechos”. Compuesta por los expertos independientes Marta Valiña, de Portugal, Francisco Cox Vial, de Chile, y Paul Selis, del Reino Unido, ya hicieron en un año el inventario de 223 casos de transgresiones graves de los derechos humanos en Venezuela, de los cuales 48 fueron objeto de un informe pormenorizado de 443 páginas, ademas de examinar “otros 2891 casos para corroborar patrones de violaciones y crímenes”. De los 8 países de America Latina y el Caribe, solo Venezuela se opuso. México se abstuvo. Los otros 6 votaron proseguir con la aludida “Misión de Establecimientos de hechos” (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Peru y Uruguay). Segundo hecho no insólito, las Islas Marshall, volvieron a votar contra Venezuela, al igual que los recién citados seis países latinoamericanos.
(*) En Ginebra, Juan Gasparini, periodista acreditado en la sede de la ONU en Ginebra.
