Agencias
Caracas
Un ex comisario venezolano condenado a 30 años de prisión, acusado de haber ordenado la muerte de simpatizantes chavistas durante el fugaz golpe de Estado de 2002, recibió en la madrugada de ayer el beneficio de la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
Iván Simonovis, que tiene 54 años, lleva casi diez en prisión. Fue detenido sin orden judicial en noviembre de 2004, juzgado a partir de 2006 y condenado a 30 años de cárcel en 2009.
El Tribunal Supremo de Justicia confirmó ayer la concesión del arresto domiciliario, otorgada por una jueza, pero aclaró que es “una medida temporal; una vez que mejore su salud deberá regresar a su sitio de reclusión”. En su domicilio, el ex comisario permanece bajo custodia de los servicios de inteligencia.
Desde 2011 los abogados de Simonovis y dirigentes opositores, que lo consideran un preso político, venían solicitando una medida humanitaria para su liberación debido a que sufre de osteoporosis y afecciones estomacales. El gobierno venezolano siempre negó que fuera un preso político.
Ayer, Simonovis saludó a la prensa y con su familia se tomó algunas imágenes que circulan en internet. La prisión domiciliaria le impide hacer declaraciones o utilizar redes sociales, entre otras restricciones.
Repercusiones. Políticos opositores saludaron la medida, entre ellos Henrique Capriles. “Un fuerte abrazo y muchos saludos a Iván”, escribió en Twitter. Para el analista Luis Vicente León el arresto domiciliario “se enmarca en las aspiraciones de Venezuela de ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU en un escaño no permanente.” Según Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal, el deterioro del estado de salud del ex comisario fue determinante. “Era un tema que se le estaba escapando de las manos al gobierno y quería evitar que estando detenido se agravara y ahora trasladan a la familia la responsabilidad de su salud”, dijo. Según esta ONG defensora de los derechos humanos, en Venezuela hay 26 personas presas por motivos políticos, entre ellos dirigentes de la oposición, como el radical Leopoldo López, detenido desde el 18 de febrero, acusado por llamar a la violencia en las protestas opositoras que de febrero a mayo sacudieron al país con un saldo de 43 muertos.
