Un nuevo escándalo de espionaje sacude a toda Italia, ya que este viernes se dio a conocer una denuncia del Ministerio de Economía de ese país que acusó de ventilar información fiscal de deportistas, artistas y políticos italianos, entre los que se encuentan el actual jefe del Gobierno italiano, Romano Prodi, y su antecesor, Silvio Berlusconi.
Mientras la Unión de la Izquierda –actualmente en el poder– definió el escándalo como algo realmente serio –el viceministro de Economía, Vincenzo Visco, denunció un "espionaje político deliberado”–, el ex primer ministro Silvio Berlusconi lo trató en forma despectiva y simplemente afirmó que se trató de “una broma”.
Unos 250 allanamientos se realizaron ayer en todo el país, en el domicilio y la oficina de 117 agentes del fisco y de diez miembros de la policía financiera, sospechados de haber consultado ilegalmente los expedientes fiscales de estas personalidades, fueron el resultado de la investigación que intentará develar el gigantezco operativo ilegal.
Además de Romano Prodi y su esposa Flavia Franzoni, Silvio Berlusconi y su hija Marina –presidenta del holding familiar Fininvest–, las consultas ilegales tuvieron como blanco principal al actual presidente de la República, Giorgio Napolitano, a su predecesor, Carlo Azeglio Ciampi, así como también el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno Massimo D'Alema.
En la larga lista figuran además el secretario de Democráticos de Izquierdas, Piero Fassino, los jugadores del Roma Francesco Totti; del Juventus Alessandro del Piero, la presentadora de televisión Giorgia Palmas, la actriz Sabrina Ferilli y el conocido empresario Stefano Ricucci. Las consultas permitieron conocer el patrimonio de estas personalidades de la política italiana, su posición fiscal, las amnistías que obtuvieron y las donaciones que efectuaron.
“Nosotros no tenemos ninguna duda de que esas investigaciones iban más allá de las tareas de las cuales estaban encargados” los sospechosos, declaró un vocero de la fiscalía de Milán, encargada de la investigación, que arrancó hace más de un mes a partir de una denuncia del titular de la cartera de Economía de ese país. Los sospechosos están acusados de “acceso abusivo a un sistema informático o telemático”, un delito que puede ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión en los casos más graves.
La revelación de hoy se produce a pocos meses de que una veintena de personas fueran detenidas –entre ellas varios empleados de la compañía telefónica Telecom– acusadas de formar parte de una red de escuchas ilegales a miembros prominentes de la sociedad italiana. Por ese motivo, el matutino La Repubblica manifestó su inquietud ante “los poderes ocultos que desde hace algunos años pesan nuevamente sobre la vida pública italiana, como en la época de La Logia”.
En el caso de Prodi, las consultas fueron particularmente intensivas a principios de 2006, antes de las elecciones que la coalición dirigida por el actual premier ganara por escaso margen. Las donaciones, exentas de impuestos, que Prodi hizo a sus hijos, fueron objeto de varios artículos muy virulentos en la prensa de derecha durante la campaña electoral.
