Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, una obra rechazada por comunidades nativas que denuncian su impacto ambiental y su vinculación con el agronegocio y la exportación de granos.
La decisión oficial se conoció luego de una serie de movilizaciones en la ciudad amazónica de Santarém, donde cientos de indígenas acamparon frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill para visibilizar su rechazo a la exploración fluvial.
Durante las protestas, los manifestantes bloquearon el ingreso y egreso de camiones de la terminal y cortaron la carretera que conduce al aeropuerto internacional de la ciudad, según confirmó la empresa en un comunicado enviado a la AFP.
“Frente a la movilización de pueblos indígenas y como gesto de negociación”, el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, informó en una nota oficial.
Las comunidades amazónicas advierten que la expansión portuaria y la intensificación de la navegación comercial amenazan ríos que consideran vitales para su modo de vida.
Esa preocupación ya había sido expresada en la conferencia climática COP30 de la ONU, realizada en noviembre, donde el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, prometió que no se iniciarían las obras sin una consulta previa a los pueblos afectados.
“El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos para impulsar el agronegocio”, denunció esta semana la líder indígena Auricelia Arapiuns, en declaraciones a la AFP por videollamada desde la protesta.
En la misma línea, Alessandra Korap, del pueblo mundurukú, advirtió: “La infraestructura que llega a los ríos no es un espacio para nosotros, y nunca lo será”.
Los manifestantes exigen la derogación del decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa a los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados. También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes realizar una “consulta libre, previa e informada” a las comunidades locales antes de avanzar con nuevas obras.
La multinacional estadounidense Cargill cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
El país es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha priorizado el uso de puertos fluviales del norte para abaratar los costos de exportación.
El martes, la fiscalía general advirtió sobre “serios riesgos ambientales” asociados al dragado del río Tapajós. En un comunicado, se mencionó la liberación de metales pesados como el mercurio en el agua y la destrucción de hábitats cruciales para especies amenazadas de delfines, tortugas y aves acuáticas.
En los márgenes de ese río viven 14 pueblos indígenas –alrededor de unas 12 mil personas–, además de 300 familias quilombolas y comunidades de pescadores artesanales.
La región enfrenta presiones crecientes por la minería aurífera, el avance del monocultivo de soja y el uso de agrotóxicos, en un contexto de expansión de la infraestructura logística que incluye puertos fluviales y el proyecto ferroviario Ferrogrão con una extensión de casi 1.000 km.
