España vive tensos momentos luego de que la Guardia Civil arrestara a trece altos cargos del gobierno separatista de Cataluña que avanza hacia la realización de un referéndum de autodeterminación prohibido por la Justicia.
El viernes pasado el Gobierno cerró el grifo de las finanzas de la comunidad autónoma al adoptar "un mecanismo de control de pagos" para bloquear la consulta programada para el 1 de octubre, una medida que hace peligrar el pago de salarios de miles de funcionarios. Ahora dio un paso más para bloquear cualquier intento de realizar un referéndum de independencia.
Este miércoles, tras varios procedimientos de la Guardia Civil, más de una decena de funcionarios quedaron arrestados, entre ellos Josep Maria Jove, numero dos del vicepresidente catalán. "Ya son 13 detenciones y 22 registros", confirmó a la AFP un portavoz de la fuerza de seguridad, en momentos en que se multiplican los operativos policiales para impedir la organización del referéndum. "La operación sigue abierta y puede evolucionar", indicó la fuente.
Tras los arrestos, el presidente catalán, Carles Puigdemont, denunció: "El Estado ha suspendido de facto la autonomía de Cataluña e impuesto de facto un estado de excepción". Asimismo, insistió que el 1 de octubre los catalanes votarán en el referéndum de autoderminación para "defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio".
El mandatario catalán opinó que el presidente español, Mariano Rajoy, debería trasladar todas estas medidas al Congreso y al Senado y considera que, al no hacerlo, está "vulnerando los derechos fundamentales" de los ciudadanos que se recogen en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por ello, acusó al Estado de vulnerar derechos como el de reunión, de información y de imprenta que están recogidos en la Constitución ysentenció que los únicos ciudadanos que recuerdan algo así "vivieron la dictadura del general Franco".
Un vocero del Ejecutivo catalán precisó que las detenciones están ligadas a "sitios de internet del referéndum". Los motivos de los arrestos no fueron anunciados por la Guardia Civil ni por el ministerio del Interior.
El Tribunal constitucional había advertido a un millar de altos cargos que no debían organizar el referéndum y podían exponerse a consecuencias judiciales. La noticia de los arrestos produjo inmediatamente una manifestación de miles de independentistas en el centro de la ciudad de Barcelona.
Tras adoptar el 6 de septiembre una ley para organizar el referéndum, cuyo texto afirma que prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que puede entrar en conflicto, los independentistas ignoraron las advertencias y continuaron organizando la consulta.
"Ha llegado el momento. Resistimos pacíficamente. Salimos a defender desde la no violencia nuestras instituciones", escribió en Twitter Jordi Sánchez, presidente de uno de los principales movimientos independentistas de la sociedad catalana, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). "Se han equivocado mucho, nosotros queríamos votar y ellos han declarado la guerra", agregó.
"Pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad", dijo a periodistas en el Congreso Rajoy, quien defendió las medidas de su gobierno y de la justicia, afirmando que "el Estado de Derecho funciona". "Pido que cesen las amenazas de los radicales a alcaldes, concejales y funcionarios por su defensa de la legalidad", agregó.
