No son las siete plagas que anunció Moisés en el Antiguo Testamento. Pero se les parecen, y mucho. Las siete bases militares del controvertido Acuerdo en Materia de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad alcanzado por Colombia y Estados Unidos el viernes, anuncian tempestades –¿vientos de guerra?– para las ya muy tensas relaciones regionales.
Pero, aunque en las últimas semanas han corrido caudalosos ríos de tinta sobre las tan mentadas bases de la discordia, es muy poca la información difundida sobre el pacto. Hasta ahora.
Un importante funcionario uribista, que tiene acceso a los despachos más encumbrados del poder colombiano; y un experimentado jefe militar argentino, que participa regularmente de las negociaciones de seguridad regional y maneja información reservada, revelaron a PERFIL los detalles del acuerdo que puso en vilo a América del Sur, desde que el presidente Alvaro Uribe confirmó que abría la intervención de Estados Unidos a las instalaciones del ejército colombiano de Larandia y Tolemaida, las navales de Cartagena y Málaga, y las áereas de Apiay, Palanquero y Malambo.
Juegos de guerra. La negociación militar se inició a fines del año pasado porque Washington precisaba encontrar un reemplazo para la base de Manta, que Ecuador no le renovaría. La instalación ecuatoriana debía ser liberada por las fuerzas estadounidenses el 1 de septiembre, pero el acuerdo se estancó a principios de año porque Washington y Bogotá habían perdido el estatus de aliados especiales desde que a fines de enero George W. Bush dejó la Casa Blanca.
Fue el estallido del golpe en Honduras –que preocupaba a Barack Obama, a medida que alimentaba la verborragia chavista–, y la obsesión por lograr una segunda reelección de Uribe –que debe entregar el poder en un año, pero todavía no pudo reformar la Constitución para presentarse a un tercer mandato–, fueron las claves que dieron luz verde y aceleraron los contactos.
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