Como si se tratara de un personaje recurrente en una novela de misterio, la Paz entró en escena y se volvió a retirar con demasiada frecuencia para la tranquilidad de los dirigentes de Colombia. La cronología del presente acuerdo refrendado hace unas horas nada más en el Parlamento de ese país se remonta a octubre de 2012. Sin embargo, el fin de la guerra y de las guerrillas es anhelado desde hace décadas por el pueblo colombiano.
Luego del fracaso del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos decidió esta vez no volver a dar un paso en falso y decidió que fuese el Congreso de Colombia quien decidiese de la legitimidad o no del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por 130 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes ratificó la aprobación que había arrancado en la noche anterior con el Senado, que también avaló el nuevo texto con todos sus votos a favor. El acuerdo incluyó cambios en 56 de los 57 ejes temáticos con respecto del inicial.
Sin embargo, los cuestionamientos sobre la legitimidad de los recientes actos legislativos reverberan en la opinión pública colombiana, de la cual una parte había votado de manera negativa en el referéndum pasado.
En este línea, muchos se preguntarán dónde están los votos del uribismo. La oposición, liderada precisamente por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso "no puede suplantar" la decisión que tomaron en las urnas los colombianos. Pero además de oponerse al modo de refrendación, los uribistas rechazaron también al pacto en general, pues creen que permite la "impunidad total" y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de que cumplan sus penas.
El país ahora enfrenta al reto de ponerlo en práctica, aplicarlo, y analizar los nuevos desafíos que se disparan a partir de este punto: a) la presentación del proyecto de ley de amnistía de los guerrilleros de las FARC; b) la espera ante el aval de la Corte Constitucional la cual debe permitir la aplicación “rápida” de las leyes; c) la tensa expectativa de los guerrilleros “desempleados” de las FARC; d) un intento de referéndum propio por parte de Uribe para provocar la derogación del acuerdo; entre otros elementos que agregan suspenso al cronograma .
No obstante, hay optimismo entre quienes apoyaron el proceso de paz. Desde Bogotá, Juan Fraile, editor de la sección política de Radio Caracol, explicó a PERFIL: “Ya no hay marcha atrás desde ahora jurídica y políticamente. El acuerdo es un hecho. No hay mecanismos legales que lo puedan echar para atrás”.
De todas maneras, las dificultades existen. Fraile detalló: “Estamos a la espera de que la Corte Constitucional avale un mecanismo llamada ‘fast track’ que permite sacar las leyes rápido. Normalmente las leyes que conforman el acuerdo demorarían un año o más en poder implementarse, pero con fast track la idea es lanzar todas las leyes en menos de seis meses”.
“Asimismo, hay mucha incertidumbre en estos momentos entre la guerrilla. Es que si se demora demasiado la implementación, los guerrilleros rasos son mano de obra desocupada que podría ser cooptada por otros grupos criminales. Esta gente ve preocupada su reincorporación a la sociedad, a obtener los subsidios prometidos, etc. Están muy asustados”, describió.
En este contexto, el periodista colombiano lanzó: “Tener una guerrilla armada a la espera de que los políticos se pongan de acuerdo, es otra bomba de tiempo”.
El escenario es complejo. Las FARC, surgidas de una insurrección campesina en 1964 y con unos 5.765 combatientes en la actualidad, es la guerrilla más antigua de América Latina. Esta es la cuarta vez que se intenta un proceso de paz con el gobierno colombiano, tras fracasar en diálogos con los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).
Los analistas políticos y militares colombianos creen que éste es el definitivo. Dentro de una semana comenzarían a salir los primeros guerrilleros de la cárcel. Ante este cuadro, Uribe quiere frenar el avance del proceso. Anunció que lanzará su propio plebiscito con el fin de “tumbar” el acuerdo. Esto no preocupa al oficialismo dado que es un proceso que les puede demorar al menos 2 años y además deberían recoger 2 millones de firmas. Y por último, no obtendrían el aval del Congreso para hacerlo dado que no cuentan con mayoría.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es otro inminente dolor de cabeza para Santos. “Éste es un tema mucho más complicado”, describe Fraile desde Colombia. “Es que ellos son una guerrilla mucho más radical. Para empezar las FARC contaban con una delegación en calidad representativa que podía acordar libremente con el Gobierno, mientras que las ELN no. Ellos tienen una delegación pero cada pequeña decisión, cada pequeño paso debe ser analizado con todo el frente, con todos los integrantes de la guerrilla. Todos tienen que estar de acuerdo, y esto conlleva obviamente a muchas trabas para poder llegar a una idea en común”.
La “Mesa Pública de Negociación” con el ELN se iba a iniciar en estos días pero se decidió postergarla al 10 de enero. Los medios colombianos remarcan las constantes diferencias en el interior del ELN. Además, otro elemento que aporta inestabilidad al diálogo es que muchas de las zonas de las FARC son compartidas con el ELN, en las cuales en algunas son aliados, y en otras enemigos. Las FARC necesitan que el ELN forme parte del acuerdo de paz, mientras que el ELN opina que las FARC firmó el fin de la guerra por muy poco a cambio. “No hay fe en ese diálogo por parte del Gobierno”, afirmó Fraile. “Si no avanza, la única salida será la militar en ese caso”, señaló.
Por su parte, para el analista internacional y experto en seguridad colombiano Jaire Libreros, "el trámite tiene vicios reales ante la polarización y la confusión porque no se sabe si las leyes que se tramitan en el Congreso se puedan hacer por vía normal o por fast track. El acuerdo quedó refrendado, tiene bases de legitimidad, pero si se toman entre año y medio y dos años para sacar el paquete de leyes del acuerdo, son dos años en donde el proceso de paz queda en el limbo. Encima se viene la campaña presidencial de 2018. Es una legitimidad, pero precaria".
La trama de esta historia aún no se completa y los interrogantes siguen. Los ciudadanos colombianos, deberán esperar semanas y meses hasta ver las primeras consecuencias reales de una Paz escrita en un año de constantes cambios. Por lo pronto, los miembros de las FARC comenzarán a desplazarse en los próximos días hacia 27 puntos del país, donde estarán concentrados por seis meses bajo supervisión de las Naciones Unidas. A partir de allí, habrá que confiar en la palabra de las partes.
