El Gobierno de Ecuador anunció el domingo el fin de una violenta crisis de casi dos semanas mediante un acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el FMI. Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, las dos partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena: la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en 123%.
Una multitud, en su mayoría indígenas que se habían manifestado durante toda la semana, salieron a las calles de Quito para festejar, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno a raíz de los fuertes disturbios de la víspera. También hubo fuegos pirotécnicos en los exteriores del Ágora, el coliseo donde se concentraron los aborígenes que habían llegado a la capital en una movilización respaldada por estudiantes y algunos sindicatos.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, anunció de inmediato el levantamiento de las protestas que dejaron siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos según la Defensoría del Pueblo. "Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!", proclamó Vargas al término de las negociaciones con Moreno en persona.
Lenín Moreno, que reconoció el "sacrificio de cada una de las partes", escribió luego en Twitter: "El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan".
Moreno firmó compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.200 millones de dólares destinados a aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa. A cambio lleva a cabo una política de ajustes que, además de desmontar ayudas, prevén recortar derechos a los empleados públicos, como la disminución del tiempo de vacaciones (de 30 a 15 días). El país desembolsa 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y la gasolina.
La agitación social dejó siete personas muertas
La Defensoría del Pueblo ha informado en su último balance de que las protestas contra el "paquetazo" del Gobierno ecuatoriano se saldaron hasta el domingo con siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. El organismo especifica que entre los detenidos hay un 97 por ciento de hombres y un 3 por ciento de mujeres. Por provincias, el mayor número de arrestos se ha producido en Pichincha (499), seguida de Guayas (309) y Tungurahua (59).
Este mismo domingo el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, José Valencia, dijo que se solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la sesión, prevista para el 15 de octubre, Ecuador denunciará "el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por turbios intereses infiltrados en las manifestaciones".
La propuesta de Ecuador está ya respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien anunció que su Gobierno "acompaña la solicitud" de que se convoque al Consejo Permanente de la OEA "a la mayor brevedad, para actuar colectivamente en defensa de la democracia" en Ecuador.
Luis Simbaña, del colectivo Amaru, dijo que la postura de los 18 pueblos del Ecuador es pacífica y que los "desmanes" son provocados por organizaciones que no representan a los indígenas y campesinos. "La CONAIE no representa a todos. Por eso nos reuniremos con los entes gubernamentales para levantar nuestras propuestas que están basadas en el liderazgo y maneras de salir de la crisis", indicó.
El Frente conformado por la Amaru, Unión Social Campesina de Nacionalidades Indígenas, Federación de Pueblos Montuvios del Ecuador (Fedomec), Asociación de Negros del Ecuador (Asone) y demás organizaciones indígenas y campesinas propone cinco puntos para reactivar al país. Uno de ellos es la implementación del régimen de desarrollo basado en el trabajo asociativo y la seguridad social. Simbaña explicó que esta medida contempla diferencias técnicas para cada pueblo y nacionalidad. Además, añadió, que se debe discutir el contenido de la lucha histórica de la interculturalidad y pluriculturalidad del país.
Claves de la crisis
La protesta que estalló el 2 de octubre también interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía. Moreno decretó el estado de excepción al día siguiente de iniciadas las manifestaciones y movilizó a las Fuerzas Armadas para contener el estallido social. Y decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, alcanzaron una resonante victoria en la mesa de negociación. Son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, debían pagar más para transportar sus productos al tiempo que temían una inflación generalizada.
El sábado Moreno había acusado a Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia. Ambos líderes se han burlado antes de señalamientos similares. "Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista", expresó entonces.
Desde Bélgica, donde elude una orden de captura, Correa escribió en Twitter que "Moreno no solo no puede seguir gobernando. ¡Tiene que ser juzgado por sus crímenes!".
