Las autoridades fronterizas estadounidenses se preparan para recibir al menos 18 mil personas por día en su frontera sur, luego de la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de dejar sin efecto el Título 42, una polémica medida de la época de Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de quienes intentaban ingresar al país. Fue implementado en marzo de 2020, con el argumento de que permitiría prevenir el contagio de Covid.
Las organizaciones de defensa de derechos de los migrantes temen ahora que la patrulla fronteriza del país, que en el pasado reciente ha protagonizado varios episodios de violencia en la frontera, no esté esté preparada para procesar de manera adecuada y humana a tanta gente.
La norma permitió bloquear el ingreso desde México de al menos 1,7 millones de personas y aun hoy demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en si fue una medida de salud pública o una jugada política para avanzar la agenda de inmigración del gobierno de Trump.
Historia. A diferencia de otras normas migratorias, el Título 42 es parte de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944. Según este código, el CDC puede rechazar la entrada a cualquier migrante que considere que podría propagar una enfermedad infecciosa. Aún así, los defensores de los derechos de los inmigrantes y los expertos en salud pública argumentaron que los migrantes no estaban contribuyendo a la pandemia en el país. “Expulsar a los solicitantes de asilo bajo el Título 42 no ha hecho nada para protegernos del covid”, dijo Adam Richards, de la ONG Physicians for Human Rights, durante un sesión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “Nunca se debería haber invocado la salud pública para promover una decisión política para impedir que las personas soliciten asilo. Existe un consenso científico generalizado de que no existe una justificación de salud pública para el Título 42”. A Stephen Miller, asesor político durante el gobierno de Trump, se le atribuye la creación de muchas de las políticas de inmigración de tolerancia cero que caracterizaron la presidencia de Trump, incluido el Título 42. “Esta política realmente comenzó hace dos años, con Stephen Miller, como parte de su objetivo de terminar con el asilo y realmente terminar con la inmigración, especialmente para las personas que no son blancas”, dice a PERFIL Douglas Rivlin, director de comunicación de America’s Voice, un grupo de defensa pro-inmigrante. Esa ley antigua le permitió al gobierno de Trump “bloquear de manera efectiva a los solicitantes de asilo para que no llegaran al punto en que pudieran solicitarlo”. Desde el comienzo, el Título 42 ha sido llevadoa los tribunales en varias ocasiones. Poco después de que Biden asumiera el cargo, el director del CDC limitó la orden excluyendo a los niños no acompañados.
Impacto. En circunstancias normales, un migrante que intenta ingresar a Estados Unidos luego de haber sido deportado comete una ofensa federal y debe ser procesado. El Título 42 evitaba ese paso y permitía la expulsión inmediata, lo que aumentó los enfrentamientos en la frontera.
Los partidarios del Título 42 defienden la norma como una medida de salud pública, similar a los barbijos y las vacunas. Y advierten que revocarlo abrumará a los agentes de la Patrulla Fronteriza que, según el ex juez de inmigración Andrew Arthur, no podría “proteger la frontera”. “Sabemos que no tenemos suficientes camas de detención, ni oficiales de asilo, ni jueces de inmigración, para manejar el volumen de casos que estamos esperando”, dijo Preston Huennekens, de la Reforma de Inmigración Estadounidense. En respuesta a la declaración del CDC de rescindir el Título 42, tres estados han presentado procedimientos judiciales para revocar la decisión. Por otra parte, Austin Kocher, profesor asistente de investigación en la Universidad de Syracuse, dice estar sorprendido por la cantidad de líderes políticos, tanto demócratas como republicanos, que piden al gobierno de Joe Biden que reinstale el Título 42 para evitar una “avalancha” de migrantes.
“Esto para mí es solo un reconocimiento explícito de que esta medida nunca tuvo nada que ver con preocupaciones de salud pública en primer lugar. Es una indicación bastante clara de que esta norma fue política desde el principio”, explica.
