Si hay algo en lo que Nicolás Maduro logró superar a su antecesor Hugo Chávez, es en la cantidad de supuestos complots para desestabilizarlo, derrocarlo o asesinarlo que denunció desde que asumió la presidencia de Venezuela en 2013. Por convicción o por oportunismo político, con o sin pruebas, lo cierto es que el mandatario advirtió sobre decenas de presuntas conspiraciones.
Los blancos predilectos de las denuncias de Maduro han sido la CIA y el Departamento de Estado, los dirigentes opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la prensa internacional e incluso el ex presidente colombiano Alvaro Uribe. Sus teorías fueron desde planes magnicidas en manos de mercenarios extranjeros hasta intentos de envenenamiento.
Ya en marzo de 2013, el presidente venezolano llegó a decir en cadena nacional que los “enemigos históricos” de Venezuela le inocularon cáncer a Hugo Chávez. Pocos días después, afirmó que los ex embajadores estadounidenses Roger Noriega y Otto Reich, junto a la “derecha salvadoreña”, estaban detrás de una conspiración para matarlo a él mismo antes de las elecciones de ese año.
Meses después, puso en riesgo las relaciones diplomáticas con Colombia al decir que Uribe tramaba un plan para inyectarle veneno y para enviar sicarios a asesinar a soldados venezolanos. Luego canceló un viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York para eludir otra presunta conspiración de Noriega.
A principios del año pasado, sostuvo que sectores de la oposición planeaban asesinar al dirigente antichavista Leopoldo López, para luego acusar al gobierno por su muerte. En varias ocasiones, puso ante los tribunales militares a uniformados por supuestos planes para dar un golpe de Estado. Son sólo algunos ejemplos de los complots que Maduro dice haber “desbaratado”, a los que ahora se suma el caso Ledezma. Mientras tanto, Venezuela sigue en recesión económica.
Repudio de Amnesty y HRW
Dos reconocidas organizaciones internacionales por los derechos humanos repudiaron ayer el arresto de Antonio Ledezma. Amnistía Internacional consideró que “es inaceptable que se detenga a personas sin evidencia admisible de que hayan cometido un delito”, y alertó sobre la realidad de que, en el último año, en Venezuela “se ha detenido arbitrariamente a personas por el simple hecho de ser opositores”.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro “siente que puede seguir cometiendo este tipo de injusticias y arbitrariedades para distraer la atención nacional”. En declaraciones radiales, Vivanco agregó que “las condiciones en materia de derechos humanos son cada día más graves y apremiantes”.
