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El desafío de gobernar para 215 millones de brasileños

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Diversidad. Lula da Silva recibió la banda presidencial de representantes de las distintas minorías y grupos de la sociedad brasileña. | afp

Inaugurando el 2023, la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil estuvo marcada por diversos símbolos como la entrega de la banda presidencial por parte de representantes del pueblo, tras la negativa de Bolsonaro y su salida del país hacia Estados Unidos. A sus 77 años, el histórico líder sindical y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) vuelve por tercera vez a la presidencia de Brasil, tras el fin del gobierno de Jair Bolsonaro, caracterizado por prácticas autoritarias, la exaltación de la dictadura militar e importantes retrocesos a nivel económico y social.

Lula venció las elecciones con más de sesenta millones de votos, equivalentes al 50,9% de los votos válidos. Aunque la diferencia entre ambos fue de solo dos millones de votos, el proceso electoral estuvo marcado por dificultades y amenazas por parte del expresidente Bolsonaro y sus seguidores.

En un contexto de polarización y violencia política, los intentos de afectar el resultado de las elecciones incluyeron acciones como la compra de votos y apoyo político a gran escala a cambio de recursos; críticas a la transparencia del sistema electoral; amenazas de golpe de Estado; y cortes y controles ilegales desarrollados en las carreteras del país por la Policía Rodoviária Federal (PRF). Estas últimas acciones, realizadas en plena jornada electoral, tuvieron el objetivo de retrasar o impedir la votación de los electores, especialmente en el Nordeste, donde reside la mayor parte de los seguidores del PT.

Además, después del anuncio de los resultados electorales, seguidores de Bolsonaro –varias veces secundados por policías y militares–, protestaron contra la victoria de Lula bloqueando carreteras y reuniéndose frente a los cuarteles para pedir una intervención militar.

Sin embargo, la victoria de Lula fue resultado de la conformación del mayor frente amplio de la historia contemporánea del país y supone el triunfo de la democracia ante la mayor amenaza de retroceso autoritario en Brasil desde 1985. Su regreso al poder es también la historia de resiliencia y superación de un líder político impedido de participar en las elecciones de 2018, condenado por la Operación Lava Jato, en procesos de los que posteriormente fue absuelto por falta de pruebas.

El 1° de enero, a pesar del clima de tensión y de las amenazas de bomba en la capital, Lula optó por desfilar en el carro presidencial junto al vicepresidente Geraldo Alckmin y sus respectivas consortes. En su discurso de posesión, sin renunciar a críticas a la gestión de Bolsonaro y a la necesidad de juzgar los errores y presuntos crímenes cometidos, el nuevo presidente asumió un tono optimista y conciliador. Afirmó que su gobierno tendrá la tarea de unificar, pacificar y reconstruir Brasil. Dijo también que gobernará para los 215 millones de brasileños y brasileñas y que buscará consolidar la democracia y promover un modelo de desarrollo sustentable que priorice la justicia social, el combate al hambre, la pobreza y las desigualdades.

A nivel económico, el nuevo presidente anunció querer reactivar la economía, impulsar la industrialización y disminuir la dependencia del país, a través del fortalecimiento de los sectores productivos tradicionales y de áreas normalmente soslayadas como la ciencia, la cultura y el medio ambiente.

Respecto a las relaciones internacionales, Lula afirmó que Brasil está de vuelta y que buscará promover el protagonismo internacional del país, de la mano de la agenda ambiental y climática, del diálogo activo y altivo con Estados Unidos, la Unión Europea, China, los Brics y otros actores, así como a través de la cooperación y promoción de la integración regional por medio del Mercosur y de la reactivación de bloques como la Unasur.

El Gabinete de 37 ministros anunciado por Lula es un reflejo de su programa político y de la diversidad del país que busca representar. En el mismo habrá once ministras, casi un 30% de las carteras ocupado por mujeres, un récord en la historia de la República y un paso importante para un país que ocupa la posición 108º de 155 países en el Índice de Empoderamiento Político del Informe Global sobre Desigualdad de Género.

Entre los nombres escogidos destacan Marina Silva, ecologista y ministra del Medio Ambiente; Simone Tebet, ex rival de Lula en las elecciones de 2022 y actual ministra de Planificación; así como Anielle Franco, ministra de la Igualdad Racial y hermana de Marielle Franco, ex concejal de Río de Janeiro asesinada en 2018 por personas vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro y su familia.

En un país que tiene casi setecientos mil muertes por covid-19 y que hasta hace poco estuvo gobernado por posturas anticiencia, cobra relevancia también la elección de Nísia Trindade, actual presidenta de la Fundación Oswaldo Cruz, para dirigir el Ministerio de la Salud.

Con el fin de enfrentar los graves problemas de de-sigualdad, representación y discriminación de Brasil, el nuevo gobierno tendrá también cinco ministerios dirigidos por afrodescendientes. Y, de forma inédita, el primer Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por Sonia Guajajara, política e histórica líder, coordinadora ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Entre teoría y práctica existe, sin embargo, una distancia significativa. El país y el mundo de hoy son diferentes y más complejos respecto al escenario que Lula encontró en su primer mandato. El legado de errores, extremismo y exclusión dejado por Bolsonaro hacen también que las promesas de Lula no sean fáciles de cumplir. El informe del Gabinete de transición da cuenta de un proceso de desmantelamiento del Estado y de las políticas públicas del país con severos retrocesos en áreas como salud, educación, medio ambiente, empleo, igualdad racial y de género.

Vale destacar que Brasil entró nuevamente al mapa del hambre y que hoy más de 33 millones de brasileños sufren con este flagelo y que más de 125 millones, es decir, más de la mitad de la población, vive con algún grado de inseguridad alimentaria. Además, la economía está en crisis y la oposición, que es mayoría en el Congreso, gobernará 13 de los 27 estados de la Unión.

Aún en estas condiciones, el pragmatismo de la política y la necesidad de reconstruir el país dejan espacio para la esperanza. A partir de ahora, el papel de Brasil será clave para potenciar el multilateralismo y enfrentar problemas globales y urgentes como la crisis ambiental y climática. El ámbito regional tendrá también un rol esencial para impulsar la cooperación, la democratización y la integración de América Latina. Ojalá lo logre.

*Cientista política. 

Profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Texto de www.latinoamerica21.com