El politólogo argentino Aníbal Pérez-Liñán es uno de los académicos que más estudiaron la debilidad institucional de las democracias en la región. El profesor de la Universidad de Pittsburgh es autor de la investigación Juicio político al presidente y la nueva inestabilidad política en América Latina, en la que indagó sobre al menos siete procesos de impeachment que culmiraron con la destitución o renuncia del jefe de Estado. En diálogo con PERFIL, Pérez-Liñán opinó que “tanto la izquierda como la derecha demostraron superficialidad a la hora de destituir presidentes que les parecían indeseables”.
—¿Qué rasgo novedoso tiene el juicio político a Dilma con respecto a anteriores procesos en la región?
—A partir del juicio a Fernando Collor de Mello en 1992, el fenómeno se volvió relativamente frecuente para destituir presidentes. Crisis económica, movilización social contra el gobierno y escándalos de corrupción en la opinión pública conducen al colapso de la coalición de gobierno. En el caso de Rousseff y Fernando Lugo, lo nuevo es que hasta la década pasada el patrón dominante era que los juicios políticos afectaban a presidentes de orientación neoliberal. Lo que hemos descubierto recientemente es que los presidentes de izquierda también pueden ser víctimas de la inestabilidad presidencial. En el pasado, la izquierda respaldó la salida de mandatarios como un acto político en el que se expresaba la voluntad popular. El PT respaldó la caída de Collor, pero hoy vive este episodio como un golpe. Esto obliga a toda la clase política latinoamericana a replantearse cuál es la función del juicio político y cómo debe ser usado con prudencia y criterio político institucional, no de corto plazo.
—El impeachment a Dilma, ¿fue un proceso legal o un golpe de Estado, como denunció el PT?
—El procedimiento es formalmente legal. Pero el fundamento jurídico de la acusación es controvertido. Es legal porque encontró un acto ilegal que es la manipulación de las cuentas públicas. Pero se trata de una práctica bastante extendida en Brasil, no sólo en presidentes anteriores, sino también entre gobernadores e intendentes. El Congreso está utilizando una excusa para sacrificar a la presidenta y calmar a la opinión publica. Si bien el procedimiento es técnicamente legal, es políticamente dudoso. Los acusadores están involucrados en escándalos de corrupción de manera directa y Dilma no. Llamar a esto un golpe es un error político serio. Hay más de 50 millones de personas que pedían la salida de Dilma. Decirles que son golpistas genera el riesgo de que esa mayoría acepte esa acusación. Si lo hace, la democracia de Brasil está en problemas.
—¿La salida de Dilma dañará a la democracia brasileña?
—No creo que la dañe en el largo plazo porque es muy robusta. Pero en el corto plazo esta crisis generó una polarización importante en la sociedad. Eso sin duda va a debilitar a la democracia. Sobre todo porque los dos grandes partidos, el PT y el PSDB, quedarán contaminados por la crisis económica. Esto abre la puerta para que aparezcan outsiders y nuevos candidatos con promesas de salvación.
