El presidente José “Pepe” Mujica tiene motivos para preocuparse por los coletazos del escándalo de la ruta del dinero K, que ya impactan a nivel político y judicial. Según las denuncias presentadas en Buenos Aires y Montevideo, el empresario Lázaro Báez enviaba millones de euros a Uruguay, para transferirlos a Panamá, Belice y otros paraísos fiscales. Con ramificaciones insospechadas, el Lázarogate podría generar nuevas fricciones en la relación bilateral con la Casa Rosada, en caso de que la investigación avanzara a una de las orillas del Río de la Plata y se estancara en la otra.
La tensión es tal que en una semana se refirieron sobre el escándalo el propio Mujica; su vicepresidente, Danilo Astori; la senadora y primera dama, Lucía Topolansky; y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Todos, en mayor o menor medida, cuestionaron la investigación de Jorge Lanata, aunque expresaron que si se radicaba una denuncia, la Justicia investigaría los supuestos ilícitos. Además, desde el Frente Amplio se encargaron de recalcar que Uruguay no es un paraíso fiscal.
“Obviamente hay preocupación en el gobierno de Mujica por esta denuncia. Mujica y CFK tienen mucha afinidad ideológica. La Justicia argentina y la uruguaya tienen que tomar cartas en el asunto e investigar”, aseguró a PERFIL el diputado del Partido Colorado Juan Manuel Garino, que pidió esta semana informes al Banco Central de Uruguay (BCU), al Ministerio del Interior, a la Aduana y a Migraciones.
En el Poder Ejecutivo y Legislativo del país vecino comenzaron, lentamente, las pesquisas para averiguar si hay responsabilidades políticas en Uruguay. Así, el Banco Central oriental solicitó datos –a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)– a todos los bancos sobre los negocios que hayan realizado las empresas argentinas cuestionadas. Además, también estaría investigando la compra de una chacra de 24 hectáreas en José Ignacio, llamada El Entrevero, que habría sido adquirida por el contador Daniel Pérez Gadín por 14 millones de dólares, pero su valor según inmobiliarias de la zona sería de 4 millones.
Por su parte, la Aduana comenzó un sumario interno, en el que interrogó a funcionarios del aeropuerto de Carrasco. Por su parte, la oposición uruguaya apuntó contra el oficialista, por falta de controles en las fronteras y en los aeropuertos.
“Tenemos que revisar el movimiento de los aviones, los transportes de dinero, qué registros tenemos, qué está pasando con la Aduana. El gobierno está cuidando que esto no le traiga un problema político”, aseveró a este diario, por su parte, el legislador del Partido Nacional José Carlos Cardoso, que pidió que Lorenzo y Eleuterio Fernández Huidobro, ministros de Economía y Defensa, se presenten ante la Comisión Antilavado para dar explicaciones. Sin embargo, recién el 9 de mayo la bancada oficialista se expedirá sobre el interrogatorio a esos funcionarios.
Por la vía judicial también hay novedades. La jueza uruguaya Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez serán los encargados de estudiar la denuncia presentada el viernes por los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña. Esos dos funcionarios decidirán si bloquean los fondos de las cuentas bancarias vinculadas al presunto lavado de dinero.
También investigarán a la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, hijo de Lázaro, que tiene sede en la oficina 228 del World Trade Center de Montevideo, hace tres años desierta. Y, obviamente, tendrán en la mira a Reloway Company, una de las sociedades uruguayas apuntadas por Ocaña y Garrido, que, según la prensa, tiene un domicilio trucho en Montevideo.
Con las Justicias de ambos países investigando a empresas vinculadas a Báez, empresario cercano a los Kirchner, las relaciones bilaterales entre Buenos Aires y Montevideo podrían deteriorarse nuevamente, tras el polémico exabrupto del mandatario oriental. Mujica tendrá que soportar las críticas de la oposición por la falta de controles al lavado de activos, mientras intenta defender la plaza financiera uruguaya. Casi sin quererlo, puede transformarse en un actor de reparto clave en el Lázarogate.
