El megaescándalo de corrupción que involucra a Petrobras y a grandes constructoras en Brasil entrará en los próximos días en la fase que más desvela a la clase política y amenaza a encumbrados dirigentes de varios partidos, que supuestamente cobraban coimas para facilitar la adjudicación de faraónicas obras públicas. La Justicia brasileña investiga si Petrobras giraba dinero, aportado por constructoras, a partidos políticos, lobbystas y cambistas. De esa forma, las empresas investigadas se habrían garantizado jugosos contratos, presuntamente sobrefacturados, con la petrolera estatal.
Los dos testigos que apuntaron contra el establishment político fueron Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, y el cambista Alberto Youssef, dueño de una financiera presuntamente utilizada para distribuir los sobornos. Costa habría admitido en su declaración que cerca del 60% del “dinero sucio” recibido en su gerencia era girado al PT y al Partido Progresista (PP), mientras que 20% era usado para el pago de costos de operación y el restante 20% se lo distribuían él y Youssef. Aunque aún el juez penal Sergio Moro y el Ministerio Público no divulgaron todos los nombres investigados, la prensa brasileña apuntó contra Joao Vaccari, tesorero del oficialismo; Fernando Soares, “operador” del PMDB, y el fallecido ex diputado José Jatene, del PP. El funcionario, que reveló secretos para que le redujeran su pena, confesó que en otras direcciones de Petrobras también funcionaban redes similares que cobraban comisiones del 3% sobre todos los contratos, giradas también al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
De hecho, uno de los lobbystas detenidos recientemente, Fernando Baiano, fue sindicado como el recaudador del PMDB, el aliado más importante del PT. Su abogado, Mario Oliveira Filho, rechazó la participación de su defendido en la trama ilegal, pero admitió que “en Brasil no se hace obra pública sin acordar y que aquellos que lo niegan ignoran la historia del país”.
Otro aspecto de la trama política del Petrolão es la vinculación entre las contratistas investigadas –Camargo Corrêa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, Mendes Junior y UTC– y el gobierno. Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el oficialismo y sus aliados embolsaron 48 millones de dólares de donaciones de las constructoras cuestionadas –62% del total recaudado– en las últimas elecciones. Si bien el financiamiento fue legal, la Policía Federal y el Ministerio Público investigan si formaron parte de pactos para obtener futuras licitaciones.
En la reciente Copa de Fútbol, Odebrecht fue elegida para remodelar el Maracaná, alzándose con un jugoso contrato de 391 millones de dólares. Además, la constructora ganó la concesión por 35 años del estadio –junto a Eike Batista y la empresa norteamericna AEG–. OAS, por su parte, edificó el Corinthians Arena, escenario de la inauguración de la cita deportiva. Consultado por PERFIL, Flavio Faria, director superintendente de Odebrecht en Argentina, rechazó hablar sobre el Lava Jato. “La filial argentina no va a hacer declaraciones sobre la investigación en Brasil”, dijo el presidente del Grupo Brasil.
Tras ocho meses de investigación, 23 personas fueron arrestadas y 277 millones de dólares fueron bloqueados. Ahora, el escándalo amenaza con demoler gran parte de la elite política brasileña.
Cristóbal, ‘sospechoso’
La compra de una refinería y estaciones de servicio de Petrobras por parte de Cristóbal López es un “negocio sospechoso, como todos los que hizo Petrobras en los últimos años”, asegura Rubens Bueno, diputado federal brasileño, líder del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de Diputados del país vecino. PERFIL reveló ayer que Bueno presentó el 28 de mayo dos “requerimentos” de investigación de esa operación ante la comisión que investiga y develó el Petrolão. Si bien la Policía Federal brasileña ya venía investigando desde abril la transacción por sospechas sobre el precio pagado, este diario mostró por primera vez los pedidos del legislador de que López viaje a Brasil a explicar la compra, y los documentos confidenciales de la compañía que exhiben que pese a que la auditora Ernst & Young valuó los activos en US$ 351 millones, luego consideró rentable para Petrobras venderlos en una novena parte. Desde Grupo Indalo, voceros señalaron: “No nos molesta que se investigue, pero queremos que se investiguen todas las transacciones de Petrobras en la Argentina”.
