El presidente Iván Duque ordenó el despliegue de tropas militares en Cali ante el caos y las protestas cuando se cumple un mes de un sangriento estallido popular en Colombia que se ha cobrado la vida de casi medio centenar de personas, diez en las últimas horas en la ciudad.
La tercera ciudad del país ha vivido en los últimos días varias jornadas caóticas y trágicas, con decenas de muertos en tirtoeos entre manifiestantes, civiles armados y fuerzas de seguridad.
Arrinconado por la crudeza de las protestas en su contra, el presidente Iván Duque ordenó desplegar unos 7.000 militares en todo el departamento bajo la figura de asistencia militar.
“Vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle”, avisó el mandatario, tras encabezar un consejo de seguridad en la urbe de 2,2 millones de habitantes, donde comenzó a regir un toque de queda nocturno.
El presidente criticó especialmente los numerosos bloqueos de calles y avenidas que realizan manifestantes, que atribuye a delincuentes. “Estaremos acelerando la judicialización y óigase muy bien, empezaremos un despliegue de todas las capacidades de inteligencia para que el pueblo colombiano conozca los vínculos que hay, en muchas de esas actividades vandálicas, con grupos organizados en todo el departamento y en la ciudad de Cali”, aseguró Duque.
El mandatario se ve presionado por su propio partido, cuyo líder y fundador, el ex presidente Álvaro Uribe, divulgó una carta abierta en la que rechazó de plano cualquier negociación con quienes convocaron al Paro Nacional mientras se mantengan los bloqueos de carreteras y haya “amenaza contra la seguridad de los ciudadanos”.
“Negociar con bloqueos y violencia es continuar la destrucción de la democracia, sostiene Uribe, que pide la militarización de todas las regiones con protestas, y designar “un oficial de alto rango, por ejemplo un Coronel, responsable de cada lugar, a cargo de unidades específicas que levanten los bloqueos con eficacia y transparencia”.
Violencia. “Diez personas fallecidas es el reporte que tenemos hoy en la mañana”, en hechos relacionados “con la protesta y la dinámica civil” en esta capital del Valle del Cauca, reveló ayer el secretario de Seguridad de la urbe, Carlos Rojas. Ocho de las muertes se dieron por armas de fuego, según un reporte de policía.
La violencia comenzó temprano, cuando una turba linchó a un funcionario de la Fiscalía que había matado a dos manifestantes por impedirle el paso en una avenida bloqueada. Luego, se vieron civiles disparando con fusiles junto a policías, en videos difundidos en redes sociales.
“En el sur de la ciudad tuvimos un verdadero escenario de confrontación y de casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, lamentó Rojas.
El funcionario de la Fiscalía linchado se llamaba Fredy Bermúdez, y fue atacado luego de haber disparado contra una concentración que bloqueaba las calles “ocasinando la muerte de unos civiles”, dijo el jefe del organismo, Francisco Barbosa, quien agregó que Bermúdez “estaba de descanso”.
El gobierno ha exigido reiteradamente el levantamiento de los bloqueos que causan desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas. Pero el sector más visible de los manifestantes los defiende como forma válida de protesta y demanda una disculpa por los excesos de la fuerza pública.
La fiscalía ha establecido que 17 de los 49 muertos durante el estallido social tienen nexo directo con las manifestaciones, pero la ONG Human Rights Watch afirma tener “denuncias creíbles” sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis.
Mientras tanto, la pandemia llega a cifras récord de contagios y los hospitales se acercan al colapso.
Diálogo estéril. Las protestas avanzaron principalmente sobre Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Popayán y Pasto, en rechazo a la represión oficial y al manejo de la emergencia económica que desató la pandemia. Aunque en su mayoría pacíficas, las manifestaciones de los últimos días han derivado en choques con la fuerza pública en cercanías de la capital colombiana y otros puntos del país.
El 16 de mayo Duque abrió diálogos con el frente más visible de las manifestaciones, pero sin lograr un acuerdo. Los cierres de vías dividen al gobierno y al frente más visible de la protesta, que conversan desde hace dos semanas sin resultado.
La crisis comenzó cuando el gobierno quiso cargar con más impuestos a la clase media, castigada por la pandemia, para llenar el hueco fiscal que deja la emergencia económica. Duque desistió de la propuesta, pero la represión policial encendió más los ánimos. Hoy las calles están llenas de jóvenes sin empleo ni educación que piden un Estado más solidario ante los estragos del covid-19.
Protesta sostenida. Las fuerzas policiales, que en Colombia son controladas por el ministerio de Defensa, están bajo el hierro encendido de la crítica por los excesos que las vinculan con las muertes de manifestantes.
La comunidad internacional ha condenado la reacción de los órganos de seguridad, mientras las calles claman por una reforma que “desmilitarice” a un cuerpo policial que lleva décadas combatiendo a guerrilleros y narcotraficantes.
El gobierno asegura que las manifestaciones han sido infiltradas por vándalos y grupos armados que sobreviven a la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, la guerrilla que se transformó en partido político después de medio siglo de fallida lucha por el poder.
Desde su llegada al poder en agosto de 2018, Duque ha enfrentado inéditas protestas. La pandemia apagó un tiempo las movilizaciones, pero estas retomaron con fuerza a pesar de que Colombia enfrenta una agresiva ola de covid-19 que tiene a los hospitales al borde del colapso.
Las manifestaciones son pacíficas de día, pero escalan en la noche noche a violentos enfrentamientos en varios puntos que han llevado a la renuncia del ministro de Hacienda, la canciller y el Alto Comisionado para la Paz.
Mientras tanto, la desaprobación de Duque alcanza máximos históricos (76%), a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor.
La pandemia ha afectado la economía del país de 50 millones de habitantes. En un año el porcentaje de población pobre pasó del 35,7% al 42,5%, y casi un tercio de los colombianos (27,7%) entre los 14 y 28 años no estudia ni trabaja, según el órgano estatal de estadística.
La CIDH pide a las partes una negociación
DPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de la violencia en las protestas contra el Gobierno de Colombia e hizo un llamamiento a castigar las agresiones y a la negociación entre el Gobierno y las organizaciones movilizadas.
“La CIDH expresa preocupación por la situación de orden público que habría ocurrido el 27 de mayo, en el peaje Villa Rica, Cauca. Según información, agentes de policía habrían incurrido en abusos y detenciones arbitrarias contra integrantes de La Minga”, indicó en referencia a un enfrentamiento entre miembros de las fuerzas de seguridad e indígenas movilizados.
Así, la CIDH emplazó al Estado colombiano a “investigar y sancionar los hechos con debida diligencia y enfoque étnico”. Asimismo ha instado al Gobierno a “priorizar el diálogo” y a que “todo uso de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Ayer, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó el decreto del presidente colombiano, Iván Duque, por el que ordena un despliegue de asistencia militar en Cali y varias regiones del país para restablecer el orden público.
Vivanco advirtió que este decreto tiene un “un peligroso vacío” debido a que las órdenes “no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos”, lo cual “puede tener consecuencias irreparables”.
El Gobierno colombiano ha cambiado esta semana su postura respecto a la visita de la CIDH, tras mostrarse en un principio reticente a abrir las puertas del país al organismo.
