En lo que resta del año, Michel Temer intentará sacar adelante cinco proyectos con los que el nuevo gobierno de Brasil espera que el país empiece a superar la crisis. El presidente implementará su plan de gestión en un marco poco propicio: sus índices de aprobación son bajísimos, no tiene mayoría propia en el Parlamento, la Justicia avanza en causas por corrupción que involucran a su partido, el PT promete resistir en las calles y los grupos de choque de los black blocs utilizan el “Fora Temer” como eje de protestas que ofrecen alarmantes instantáneas cotidianas a la prensa internacional. Por si fuera poco, el paquete de medidas que impulsará el mandatario no goza de aceptación masiva, sino más bien lo contrario.
◆ Techo al gasto público. Una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que fije un techo al gasto público por un plazo de hasta veinte años es la principal medida de ajuste fiscal que impulsa el gobierno. Aunque la PEC no incluiría los rubros de salud y educación, el proyecto despierta dudas incluso en la base parlamentaria multipartidaria que acompaña a Temer: de los 12 cambios sugeridos en la comisión especial del Parlamento que analiza la propuesta, sólo cuatro fueron presentados por diputados opositores. Las inquietudes van desde la lista de gastos que quedarán exentos hasta la duración del plazo de vigencia de la medida. Se espera que el informe final sea presentado en la comisión a fines de septiembre para que se vote el próximo mes, luego de las elecciones municipales del 2 de octubre.
◆ Reforma jubilatoria. El punto central de la reforma del sistema previsional es la elevación de la edad mínima para jubilarse, en virtud del aumento en la esperanza de vida. Hay consenso para que se lleve hasta los 65 años para hombres y mujeres. El Ejecutivo prometió que la nueva normativa regirá para las personas menores de 50 años, pero habrá un período de “transición” para las mayores. Temer enviará el proyecto de reforma al Parlamento este mes, pero se votará luego de las municipales, cuando se reanuden las sesiones. De ese modo, el mandatario logró cierto equilibrio entre sus aliados, que preferían evitar un anuncio impopular antes de los comicios locales, y los mercados, que reclaman rápidas señales económicas al gabinete.
◆ Flexibilización laboral. El presidente de la Confederación Nacional de la Industria, Robson Andrade, dijo recientemente: “Los empresarios están locos por volver a invertir, pero no por volver a contratar”. En un escenario con 12 millones de desocupados, el gobierno buscará estimular la creación de trabajo mediante una reducción del costo laboral en Brasil, uno de los más altos de la región. El proyecto incluye dos puntos que son objeto de críticas por parte del PT y los sindicatos: la prevalencia de las negociaciones salariales particulares entre empleados y patrones por encima de lo que la ley determina genéricamente; y la posibilidad de contratación por horas trabajadas o por productividad.
◆ Reforma política. Durante la cumbre del G20 en China, Temer declaró que “es inviable gobernar con 35 partidos”. El Ejecutivo quiere acelerar el trámite parlamentario de dos proyectos en curso: la adopción de un piso mínimo de votos para acceder al Congreso; y la prohibición de coaliciones en elecciones proporcionales. Lo que se busca es reducir la fragmentación de leyendas políticas para asegurar mayor gobernabilidad. Es factible que estas iniciativas se demoren para que no interfieran en las reformas económicas.
◆ Reforma tributaria. Se buscará corregir las distorsiones del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), un recurso estadual que da ventajas competitivas a ciertos estados. Es un proyecto muy resistido ya que quitaría capacidad recaudatoria a distritos que a duras penas lidian con la recesión económica.