La Justicia española llamó hoy aIñaki Urdangarín, yerno del rey de España, a declarar como imputado en el marco de la investigación por malversación de fondos y tráfico de influencias. Así lo anunció el tribunal de Justicia de las Islas Baleares, cuyo gobierno autonómico habría sido, presuntamente, estafado por Urdangarín desde la presidencia del Instituto "sin fines de lucro" Nóos. Urdangarín declarará el próximo 6 de febrero.
Como informa el diario La Vanguardia, la Ley española de Enjuiciamiento Criminal establece, en el capítulo dedicado a la declaración de los testigos, que de la obligación general de concurrir al llamamiento judicial solo están exentos "el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del Reino", por lo que la excepción no afecta a al yerno real.
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El artículo 412 de la misma legislación consigna, además, que "estarán exentas también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la Familia Real", pero siempre en el caso de que hayan sido citadas únicamente como testigos, y no como imputados en la causa.
Según consigna el informe judicial publicado por el diario español El Mundo, el juez José Castro citó a Urdangarin con objeto de que aclare "los hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual, tanto como persona física como en su condición de representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, haya sido perceptor de fondos públicos".
Según la agencia de noticias AFP, el juez José Castro, también decidió levantar el secreto de sumario del caso para transmitirlo a las partes involucradas. "La imputacion no modifica nuestra posición", declaró un vocero de la Casa del Rey. "Seguimos con el máximo respeto a la actuacion judicial que es la misma postura que hemos tenido siempre en este asunto".
La noticia llega un día después de que la Casa Real española transparentara su situación financiera, publicando en detalle ingresos y gastos privados y oficiales, y algunos días después de que el rey Juan Carlos declarara, en su tradicional discurso de Navidad, que ningún español está fuera de la Ley.
Ante una audiencia televisiva de 7 millones de españoles, el rey afirmó que cualquier actuación censurable de personas con responsabilidades públicas debe ser "juzgada y sancionada con arreglo a la ley", porque "la justicia es igual para todos". Juan Carlos I se mostró "enormemente preocupado" por la desconfianza que se estaba extendiendo hacia instituciones españolas, y habló de la necesidad de tener un "comportamiento ejemplar", hablando indirectamente del caso de su yerno.
Semanas atrás, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, había anunciado el apartamiento de Iñaki Urdangarín de todo acto oficial de la familia real y de retirarle -a él y a su esposa, la infanta Cristina- la asignación anual que les corresponde como miembros activos de la Monarquía. Estas decisiones responden al malestar generalizado producido por el avance de las investigaciones, y el 13% de los españoles admite que su opinión sobre la monarquía "empeoró" en los últimos tiempos.
En todo momento la Casa Real se mostró favorable a respetar la "presunción de inocencia" del consorte real, pero decidió tomar medidas sin precedentes para que la polémica no manchara la imagen de la Monarquía española. Desde la sociedad española, tanto desde los ámbitos políticos como sociales y periodístico, se solicitó apartar al duque de Palma de la familia del rey y juzgarlo como a cualquier ciudadano.
El rey Juan Carlos habría tenido conocimiento de los turbios negocios que su yerno realizaba desde la presidencia de Nóos, acompañado de su socio Diego Torres, y habría intentado poner fin, en 2006, a aquella situación, instando a Urdangarín a que se "exiliara" en la capital norteamericana.
Aquello, no obstante, no pudo evitar que aparecieran las sospechas y que se iniciara la investigación, hace un mes. La investigación tiene lugar especialmente por 2,3 millones de euros que Nóos habría cobrado para la organización del "Forum Illes Balears", un congreso sobre turismo y deporte que tuvo lugar en 2005 y 2006.
El abogado y portavoz de Urdangarín, Mario Pascual Vives, defendió hoy la "absoluta inocencia" de su cliente y aseguró, mediante un comunicado de prensa, que el empresario y ex deportista olímpico tendrá ahora "oportunidad de empezar a defenderse" de las informaciones aparecidas.
Días atrás, Vives aseguró que el duque del Palma estaba "apesadumbrado" e incluso "indignado" por las acusaciones que se cernían sobre él. Ahora, sigue afirmando que Urdangarín es inocente "de todo lo que ha ido saliendo, de todas las valoraciones, de todas las informaciones".
Desde los ámbitos políticos españoles, se oyeron hoy voces expresando su confianza en que el caso se aclarara. El portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, expresó el "más absoluto respeto" del partido a "todas las resoluciones judiciales".
"El PSOE, como hace ante cualquier actuación judicial, manifiesta su profundo respeto por la decisión de la Justicia", señalaron voceros socialistas, mientras que la portavoz del Partido UPyD considera que desde ahora la Casa Real "debe colaborar con la investigación judicial", y está convencida de que así se hará pues, en sus palabras, el rey ya demostró "estar a la altura" al decidir alejar a su yerno de la agenda oficial.
