La Asamblea de Ecuador aprobó ayer una nueva ley de comunicación que fue calificada como “ley mordaza” por la oposición y defendida como una norma “histórica” que busca “democratizar” los medios de prensa por el oficialismo. La mayoría parlamentaria del partido Alianza País aprobó en siete votaciones los distintos capítulos de la ley. El Parlamento deberá remitir el texto al presidente Rafael Correa, quien podrá sancionarlo, aprobarlo o hacer observaciones para luego promulgarlo en el boletín oficial. La aprobación tuvo lugar un mes después de que los legisladores asumieran sus funciones, y constituye uno de los primeros logros de la mayoría absoluta que obtuvo el partido de Correa en las últimas elecciones presidenciales.
Entre las novedades de la ley está la figura del “linchamiento mediático”, referida a la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas. También se crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control” y tendrá “capacidad sancionatoria” sobre la actuación de medios de comunicación.
Esa instancia, con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del Consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.
La nueva ley también establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro. El sector privado controla actualmente 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
El oficialismo expuso sus argumentos a favor de la ley antes de la votación en el recinto. “De hoy en adelante, la palabra ya es de todos”, sostuvo el legislador Mauro Andino. “Esta ley habla de la libertad con oportunidades, con responsabilidad, la democratización de la comunicación y de sus medios para fortalecer la pluralidad democrática”, agregó.
Las críticas llovieron desde la oposición. En su cuenta de Twitter, el asambleísta Andrés Páez escribió: “Hoy es un día fúnebre para el Ecuador. Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad”. Varios medios privados también cuestionaron la norma. El diario Hoy de Quito afirmó en un duro editorial que “pese a las declaraciones en la Constitución y que en el proyecto se mencione el derecho a la comunicación, las disposiciones tienden a restringirlo y acentúan el papel de la comunicación como servicio público, sujeto a la intervención estatal”.
El debate de la ley de comunicación se inició en agosto del 2009, pero el texto tuvo dificultades en ser aprobado por la falta de una mayoría absoluta en el Legislativo. La relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, ya expresó su preocupación por varias disposiciones del proyecto, lo que le valió duras críticas de parte de Correa.
En mayo del 2011, los ecuatorianos aprobaron en una consulta popular que se dictara una nueva ley de comunicación y que se limitara la posibilidad de que los directivos de medios tengan participación en instituciones financieras.
Casi desde el inicio de su gestión, en enero de 2007, Correa mantiene una confrontación con la “prensa corrupta”, como tilda a medios privados. Las tensiones entre Correa y los medios también pasaron a la arena judicial, en la que el presidente logró dos sentencias a su favor: la primera, al enjuiciar por injurias a directivos de El Universo, y la segunda, cuando llevó a los tribunales a dos periodistas que denunciaron una supuesta red de corrupción.
