Luis Moreno Ocampoviaja mucho: en esta ocasión, el ex fiscal argentino atiende el teléfono a PERFIL desde Polonia, donde está asesorando a las autoridades por un diferendo con Rusia. En los próximos días viajará a Irak para dar su parecer sobre la persecución a la minoría religiosa de los yazidíes. Y esta semana también estuvo en Washington, donde el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo designó como asesor especial para indagar si en Venezuela se cometieron “crímenes de lesa humanidad”.
Si tal cosa se comprobara, Almagro y varios países miembros de la OEA estarían dispuestos a impulsar una denuncia contra los responsables venezolanos ante la Corte Penal Internacional (CPI). Lo cual explica el convite a Moreno Ocampo, quien se desempeñó como primer fiscal jefe de la CPI entre 2003 y 2012.
—¿En qué consistirá este proceso de investigación?
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—La primera tarea es reunir información en base a una serie de audiencias que haremos en septiembre y octubre, en el marco de la OEA, para escuchar a las presuntas víctimas venezolanas y a todos los actores involucrados. Las conclusiones serán presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA y los Estados miembros decidirán qué hacer con ellas. Si se concluyera que se cometieron crímenes de lesa humanidad y se quisiera presentar una denuncia ante la Fiscalía de la CPI, sería necesario que al menos uno de los 28 países miembros iniciara el trámite.
—¿Convocarán al gobierno venezolano a las audiencias?
—Por supuesto. Todas las partes serán invitadas.
—¿También a la fiscal general Luisa Ortega Díaz?
—Si se probara que hubo crímenes, luego habría que indagar si éstos fueron o no investigados en Venezuela. En eso la fiscal Ortega Díaz juega un rol, ya que, según entiendo, inició pesquisas al respecto.
—¿La investigación también podría abarcar a grupos civiles e incluso opositores?
—El objetivo es identificar qué actores cometieron los eventuales crímenes. Y éstos pueden formar o no parte de las instituciones del Estado.
—¿Qué tipo de hechos deberían probarse para que el caso fuera viable en la CPI?
—No basta con probar delitos aislados, ya que la figura de crimen de lesa humanidad implica la comisión de delitos graves en el marco de un ataque masivo o sistemático contra la población civil como parte de una política de un cierto grupo u organización.
—¿Hay indicios de que eso haya ocurrido en Venezuela?
—Eso es justamente lo que debe establecerse en las audiencias. Y es muy importante investigar la cadena de mando. Nadie habla de eso.
—Almagro dijo abiertamente que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
—El tiene una opinión formada, pero yo no. Mi tarea es ser imparcial, objetivo y respetar las debidas garantías.
—¿La OEA puede intervenir en este tema aunque Venezuela haya anunciado su retiro de la organización?
—El proceso de salida durará dos años. Además, una eventual denuncia ante la CPI sería por decisión de los demás Estados parte. Y Venezuela es miembro de la CPI.
—¿Existen antecedentes de algo parecido en la OEA?
—La OEA jugó un rol clave en la denuncia contra las dictaduras en Argentina y Chile, a través de la CIDH. La novedad en este caso es que ya no se indaga sobre la acción de Estados sino de grupos e individuos. A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, como África y el mundo árabe, Latinoamérica aprendió que la violencia no puede ser parte de la política. Por eso la región reacciona ante Venezuela.
—Es probable que el gobierno venezolano denuncie este proceso como una persecución en su contra.
—Uno debe convivir con cuestionamientos de todo tipo. En Venezuela también hay quienes se enojaron conmigo en 2006, cuando yo era fiscal de la CPI, por haber desestimado una denuncia contra el gobierno de Chávez porque consideré que no estaba probada la comisión de crímenes de lesa humanidad. Recibir críticas es parte de mi trabajo.
—¿Su designación en la OEA se conversó con el gobierno argentino?
—No. A mí me convocó el secretario general.
Colombia ayuda a venezolanos que huyen
El gobierno de Colombia anunció ayer que otorgará un permiso especial que permitirá regularizar la situación migratoria de alrededor de 200 mil venezolanos en el país. El director general de Migración, Christian Krüger, explicó que ese permiso excepcional concederá un plazo de permanencia de tres meses, prorrogable por hasta dos años. “Lo que buscamos con esta medida es regularizar una parte de esta población que hoy se encuentra en condición irregular”, indicó el funcionario. El permiso especial de permanencia (PEP) estará disponible para los venezolanos que hayan ingresado a Colombia hasta el 25 de julio, y les permitirá trabajar, estudiar y acceder a servicios como la afiliación al sistema público de salud.
Las autoridades colombianas identifican hoy cuatro tipos de migración proveniente de Venezuela: la de destino o para establecerse en el país; la de retorno de colombianos desde Venezuela; la de tránsito y con rumbo a otros países; y la “circular” o “pendular” de habitantes de la frontera que circulan en forma constante entre ambas naciones. Colombia es uno de los principales destinos de los venezolanos que huyen de la crisis política en su país.
