La intención inicial era refundar Bolivia. El primer presidente indígena electo de latinoamérica en enero pasado, Evo Morales, lo prometió en su campaña y cumplió. En un país con mayoría aymara, la esperanza era una Carta Magna que incluyera sus derechos, siempre postergados.
Agosto se convirtió en el mes. Sucre, es el escenario. Allí Morales y los sectores sociales y sindicales a los que representa vieron en la Asamblea Constituyente la oportunidad de dar a los sectores marginados y desfavorecidos la voz y el voto que no tuvieron cuando el territorio pasó a llamarse Bolivia.
Pero a pesar de las intenciones, el plan de Morales y sus ideólogos dependía en gran medida de la capacidad de negociación de los asambleístas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Un pacto oficialismo-oposición realizado en marzo, traducido en la ley, establecía que serían necesarios dos tercios de los votos para aprobar la nueva Consitución, que el MAS no llegaba a reunir, ya que contaba con 137 de los 255 representantes de la Asamblea.
Pero el problema no es sólo numérico. Las provincias con mayores recursos quieren más autonomía, para así no perder su estatus. Por eso, temen tanto a la estatización de la propiedad privada, proceso que había comenzado con la nacionalización de las refinerías y los recursos de la poderosa empresa brasileña Petrobras (también Repsol-YPF).
Pero para entender el mapa político de Bolvia hay que visualizar el escenario. Los departamentos (provincias) bolivianos son nueve. Los cinco occidentales -incluido el de La Paz- y del centro son cercanos a Morales. Pero algunas regiones que en el pasado fueron oficialistas, como Sucre, donde sesiona la Asamblea, ahora manifiesta creciente insatisfacción hacia el gobierno.
El punto de quiebre. La crisis detonó a comienzos de este mes, cuando el partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS), que controla el directorio de la Asamblea, aplicó su mayoría para votar un proyecto de debates no consensuado con la oposición que deja de lado la ley de convocatoria a la Constituyente y se acordó que bastará su mayoría para aprobar la nueva Constitución que surja de allí.
Esto significa lisa y llanamente que el oficialismo modificó el sistema de votación para aprobar una nueva Carta Magna en la Asamblea Constituyente de Bolivia, sin consenso de las provincias más ricas e imponiendo su exclusiva visión. Esto atrajo una crisis con la oposición que podría derivar en graves fracturas regionales.
De los 150 constituyentes presentes, 139 votaron a favor, uno en contra y diez se abstuvieron. Los partidos Podemos (Poder Democrático y Social), Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se retiraron de la sesión.
"Ese complot viene no solamente a la Asamblea Constituyente sino fundamentalmente a la nacionalización", dijo Morales, quien culpó a "la gente de (la agrupación) Podemos y algunas autoridades de algunos comités cívicos" de estar "en esa total conspiración".
Hoy, Morales dio marcha atrás en la decisión de quedarse con las refinerías de la empresa brasileña Petrobrás, lo que derivó en la renuncia del ministro de Hidrocarburos, de la línea más dura. Al final, fue él quién se complotó contra la nacionalización, sus ideólogos y la refundación del país.
Escenario: El brazo indígena, torcido por el poder de las multinacionales
El poder de las provincias más poderosas y las empresas petroleras multinacionales están doblando el brazo de Evo Morales. La marcha atrás en la nacionalización, la renuncia del ministro de Hidrocarburos y la crisis de la Asamblea Constituyente dejan vislumbrar una suerte de resquebrajamiento en el plan del Presidente para refundar su país.
