El presidente Evo Morales aprobó el miércoles un decreto que faculta a fiscales y jueces a incautar bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo, separatismo y delitos contra la seguridad del Estado, incluidos los medios de comunicación, lo que mereció críticas de opositores y empresarios, informaron medios locales.
Morales y su gabinete aprobaron la norma después que la policía desarticulara en abril a un grupo de supuestos mercenarios en la provincia de Santa Cruz que planeaba atentar contra la vida de Morales y organizar milicias para una acción separatista de esa región.
“La unidad del país es algo sagrado para los bolivianos”, dijo el mandatario, citado por el diario local La Razón , y agregó que apoyar con recursos económicos a cualquier acto separatista será considerado “una traición a la patria”. “No vamos a permitir nunca más que alguna persona o algún empresario pueda estar aportando para que gente venga del exterior para dividir Bolivia. La unidad del país es algo sagrado para los bolivianos y eso se lo hemos demostrado desde hace un año”, sostuvo.
El decreto autoriza a la fiscalía y a jueces a congelar fondos e incautar bienes aún antes de que los sospechosos fueran procesados y condenados, por lo que obtuvo numerosas críticas de líderes opositores y representantes de empresarios y del Colegio de Abogados, al considerar que se trata de un acto de amedrentamiento, informó el diario local Los Tiempos .
El gobierno también aprobó otro decreto que obliga a las empresas periodísticas públicas y privadas a a reservar espacios de opinión diarios para que sus trabajadores con afiliación sindical expresen sus ideas.
