El juez español Baltasar Garzón será juzgado por haber investigado sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española y la represión posterior de la dictadura franquista sin presuntamente tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977.
El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón, objeto de una demanda de varias organizaciones consideradas de ultraderecha, por su investigación de los crímenes del franquismo, informaron este miércoles fuentes judiciales. .
"Resulta poco cuestionable la probabilidad de que Garzón haya perpetrado los hechos de este proceso", afirmó Varela, en su decisión hecha pública este miércoles. "Consciente de su falta de competencia, construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal", añadió Varela, asegurando que "ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es)".
Tras esta decisión, que abre la puerta a una suspensión de Garzón, los querellantes tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).
Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha -el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad"- presentaron denuncias contra Garzón. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se congratuló este miércoles por la decisión judicial y pidió la suspensión inmediata de Garzón.
"Mañana mismo si el Consejo (General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces españoles) tiene el auto del juez (Varela), automáticamente tendría que producirse una reunión de la comisión permanente y (Garzón) debería ser suspendido de empleo hasta la celebración del juicio", dijo Bernad.
"No se trata de un debate político. Se ha tratado de desviar la atención diciendo que al juez se le va a juzgar por iniciar un proceso contra el franquismo. Esto es absolutamente falso", añadió Bernad, destacando que se le juzga por "prevaricación".
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño se limitó a expresar su "máximo respeto al poder judicial" y afirmar que "creo en la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, de todas las personas encausadas, también cuando estas son jueces".
Las acusaciones se basan en la decisión de Garzón de octubre de 2008 de investigar l a suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo. En un auto de febrero, el juez Varela ya había reprochado a Garzón realizar una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977).
El juez Garzón defendió en su momento para abrir la causa sobre los desaparecidos en España que el delito de "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" es "permanente". La decisión de Varela ha sido criticada este miércoles por asociaciones de víctimas y defensores de derechos humanos.
La posible destitución de Garzón ya ocupa las portadas de todos los diarios españoles, con opiniones divididas: "Tras el ropaje jurídico que la envuelve, la causa contra Garzón reviste una simbología provocadora e insultante para la democracia española", afirmó El País, principal diario español, de centroizquierda.
Por el contrario, el centroderechista El Mundo publicó un editorial intitulado "El juez que se apartó de la ley a sabiendas", en el que sostuvo que el fallo judicial "viene a dar la razón a quienes creen que el juez estrella buscaba, ante todo, hacerse la foto ante la fosa de García Lorca. Por ello, no le importó atribuir a personas fallecidas crímenes que habían prescrito, aún cuando tales delitos estaban amnistiados y carecía de competencia en esos asuntos".
Fuente: AFP
