Desde Londres
En medio de crecientes temores por una severa limitación a las libertades de expresión en Gran Bretaña, la reina Isabel II de Inglaterra aprobó esta semana un polémico estatuto real, que por primera vez desde 1695 permitirá a los políticos inmiscuirse en la regulación de la prensa. La decisión, que tiene paralelismos con lo que ocurrió en Argentina con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece un nuevo organismo de control y regulación. La veterana monarca, aconsejada por su Consejo de Ministros (Privy Council), firmó el miércoles en su Palacio de Buckingham el controvertido estatuto.
Entre los cambios acordados figuran un nuevo servicio de arbitraje de pago cuyo fin es impedir acusaciones especulativas a los periódicos y obligar a que la industria establezca un código de conducta para directores de periódicos, que tendrá que ser aprobado por el regulador independiente de la prensa escrita.
La Carta Orgánica fue firmada horas después que un grupo de periódicos y revistas del país perdiera un recurso de amparo contra esa legislación en el Alto Tribunal de Londres, donde intentaba frenar la medida.
La ley contó con la aprobación de los tres principales partidos políticos, y fue propuesta tras el escándalo por las escuchas telefónicas ilegales que llevó al cierre del dominical inglés News of the World, propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch. Coincide además con el inicio en Londres del juicio contra ex periodistas y directivos del News of the World, entre ellos Rebekah Brooks, ex directora ejecutiva del grupo News International, y Andy Coulson, ex editor del The Sun y antiguo jefe de comunicaciones de Downing Street.
La ley fue elaborada en base a las conclusiones de la pesquisa del lord Brian Leveson, quien hace once meses completó su investigación sobre el caso de las escuchas, recomendando la creación de un nuevo organismo de control y regulación para la prensa. La Carta Orgánica no comenzará a implementarse hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para 2015, pero sus implicaciones modificarán de lleno el funcionamiento de los diarios.
El vice primer ministro británico, el liberal democrático Nick Clegg, dijo que tras amplias negociaciones con el sector de la prensa, se optó por la creación de un nuevo regulador como consecuencia de irregularidades en el comportamiento de algunos periódicos.
“Debemos asegurarle a la población que esos mecanismos que hemos creado sean independientes del sector de los medios”, continuó. En ese sentido, la ministra de Cultura y Medios, la conservadora María Miller, concluyó que la Carta Orgánica logró un balance entre la libertad de prensa y las garantías de víctimas de reporteo deshonesto.
Para Hacked Off, el grupo que representa a víctimas de escuchas telefónicas ilegales por parte de la prensa, “los medios deberán cumplir con las nuevas indicativas”. “Se acabaron los lamentos, ahora a cumplir la ley”, dijo la entidad. Sin embargo, varias publicaciones y matutinos amenazaron con boicotear la legislación, que impondrá multas, de hasta 1,6 millones de dólares, a los medios que violen las normativas o no se disculpen por publicar información inexacta.
Periódicos como el Daily Mail, el Daily Mirror, el Daily Telegraph y el The Times prometieron continuar con su batalla legal en los tribunales, y dijeron que avanzarán con la creación de su propio ente regulador, la Organización Independiente de Estándares de la Prensa (IPSO, en sus siglas en inglés). Al grupo se sumaron cuatro organizaciones periodísticas , la Asociación de Editores de Prensa, la Newspaper Society, la Sociedad Escocesa de Periódicos y la Asociación de Editores Profesionales.