El paquistaní Jalid Cheij Mohamed, autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos y otros cuatro acusados se presentaron ante una corte en Guantánamo en una audiencia previa al juicio. De ser condenados por los atentados que dejaron más de 3.000 muertos, los acusados enfrentarán la pena capital.
Esta audiencia debe preparar un proceso que no debería comenzar antes de un año en la base naval que Estados Unidos posee en Cuba, once años después de los atentados y tras el vano intento de organizarla ante un tribunal de Manhattan.
"No creo que haya tipo alguno de justicia en este tribunal", dijo Mohamed durante su comparecencia.
Mientras los fiscales se niegan a revelar información clasificada y con parte de los debates de cinco días a puerta cerrada, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés) y 14 grupos de medios reclaman transparencia.
A modo de contrapartida, el juicio también abordará las supuestas torturas y abusos que los cinco hombres alegan haber sufrido a manos de las autoridades estadounidenses, así como el estatus de "clasificado" impuesto por el Gobierno sobre los detalles del tratamiento a los sospechosos en nombre de la seguridad nacional.
"Si va a haber un juicio sobre lo ocurrido el 11-S (...) sólo la verdad debe aflorar y no la interpretación de la verdad que hace el gobierno hasta la apertura del proceso; ahora mismo, es solo su interpretación", dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash. "El Gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados", agregó.
Previo a su transferencia en 2006 a Guantánamo, los cinco acusados estuvieron detenidos en prisiones secretas de la CIA, donde fueron objeto de tratos que han sido calificados de tortura.
"El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos", dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.
"El Gobierno desclasificó el hecho de que Mohamed fue sometido a técnicas de interrogatorio muscular tras su captura y a un tratamiento severo, que incluye 183 sesiones de simulación de ahogo”, declaró Jason Wright, abogado de Jalid Cheij Mohamed.
"Los métodos de nuestro gobierno no son un libro abierto", estimó por su parte el fiscal general Mark Martins.
La ACLU y los medios protestan una demora de 40 segundos en el audio para los periodistas y un número selecto de miembros del público, que siguen los procedimientos detrás de un cristal a prueba de sonido.
Alegan que esa demora, que permite a los censores militares eliminar declaraciones cuyo contenido consideren que afecta la seguridad nacional, viola la libertad de prensa y de expresión garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Los abogados de los acusados también denuncian lo que consideran la censura de todos los documentos y comunicaciones que comparten con sus clientes.
