En una decisión calificada de “histórica” por los familiares de las víctimas, el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, pidió al gobierno, a la Iglesia y a varias alcaldías de su país que le entreguen toda la información que tengan sobre desaparecidos durante la Guerra Civil.
El objetivo es confeccionar una suerte de censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, el día que tuvo lugar el golpe de estado que dio lugar a la Guerra Civil.
El juez pretende conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes durante la represión franquista, así como las circunstancias y la fecha en la que tuvieron lugar los entierros. Garzón ya había solicitado anteriormente al Gobierno un informe sobre el número de desaparecidos desde el 17 julio de 1936.
Con esta información, el magistrado pretende determinar si es competente para admitir a trámite las denuncias agrupadas en una causa para esclarecer el paradero de cientos de republicanos desaparecidos en la guerra civil y los primeros años del franquismo. Los denunciantes son fundamentalmente asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
Más allá de la petición al Estado para que localice e identifique los restos mortales, lo que pretenden los impulsores de la causa es el reconocimiento de que en España hubo un "un crimen contra toda la humanidad como lo han sido los de otros lugares", explicó uno de los abogados de la parte demandante.
El presidente del principal agrupamiento de víctimas del franquismo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, calificó a la decisión del juez Garzón de “emocionante e histórica”. El diario El País , por su parte, consideró que da inicio “a la mayor investigación de desaparecidos de la Guerra Civil”.